Investigación

Alerta por mal estado de bienes decomisados por la Fiscalía

La Contraloría General encontró por lo menos 8 propiedades sin ningún uso.  

14 de junio 2018 , 09:01 p.m.

Tras tomar una muestra de los bienes que la Fiscalía General ha adquirido en procesos de decomiso (con los que se les quitó la propiedad a un tercero involucrado en delitos), la Contraloría detectó que por lo menos ocho de esos predios, avaluados en 6.897 millones de pesos, están en abandono y no cumplen ninguna función para el ente acusador.

A 31 de diciembre del 2017, la Contraloría dice que los bienes incautados a nivel nacional por la Fiscalía suman 213.393 millones de pesos. Son en total 107.377 propiedades.

Sobre esas propiedades la Contraloría asegura que hoy no cumplen ningún servicio misional, ni hay estrategias para su aprovechamiento “generando riesgos en el aumento de gastos de funcionamiento por el mantenimiento y administración de dichos inmuebles (...) por una gestión ineficiente en el manejo y disposición de los recursos”.

Así quedó consignado en una auditoría de la Contraloría General en la que el ente de control avaló la gestión de la Fiscalía en el periodo del 2017, pero con salvedades. En esa evaluación, la auditoría determinó 40 irregularidades administrativas, es decir, en ninguna se encontró que hubo algún detrimento patrimonial, pero sí manejos deficientes.

En total, el órgano de control encontró reparos al manejo de bienes por 20.126 millones de pesos “generados especialmente por debilidades en la administración, custodia, manejo e identificación de bienes incautados y de comiso definitivo”, dice el informe conocido por EL TIEMPO.

Sobre los bienes decomisados que no tienen ningún uso, la Contraloría cuestionó, por ejemplo el abandono de una casa avaluada en 3.000 millones de pesos, ubicada en el norte de Bogotá. La edificación de tres plantas, que tiene un área aproximada de 418.90 metros cuadrados y que desde el 2012 está en poder de la Fiscalía, está desocupada y en estado de abandono. Lo mismo ocurre con una casa en Suba de $1.098 millones , y una casa de dos plantas de 1.254 millones en el barrio Belalcázar.

Sobre esos predios, la Fiscalía respondió que el nuevo Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía (Feab), creado el 19 de julio del 2017, busca incluir a estos bienes que no están en uso en proyectos de infraestructura para venderlos.

Sobre una bodega ubicada en Puente Aranda, avaluada en 593 millones, la Fiscalía aseguró que estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especial (SAE), organismo que se lo entregó el 30 de marzo del año pasado “en un pésimo estado de conservación”. Dijo, incluso, que está en un proceso para que la SAE le entregue a la Fiscalía los recursos que obtuvo por el tiempo que administró el inmueble.

Vehículos, sin ningún uso

Otra de las fallas detectadas por la Contraloría está en el manejo de los vehículos incautados. En total, el ente acusador tiene 42.054 avaluados en 197.972 millones de pesos. De esos vehículos, la Contraloría encontró en un patio de la vereda Jacalito, en zona rural de Tenjo (Cundinamarca), 5.888 vehículos –entre motos, carros, camiones y tractomulas– cuyo valor es de 31.9930 millones de pesos.

Al tomar una muestra de esos carros “se evidenció gran cantidad de vehículos en mal estado, a los cuales no se les ha solucionado su estado jurídico”.

Sobre los carros, la Fiscalía dijo en el proceso que se implementó una estrategia para disminuir la cantidad de vehículos incautados a través de la desnaturalización o chatarrización con la que se busca dar de baja por lo menos 2.000 vehículos por año.
En Huila se encontraron 143 vehículos en comiso (avaluados por 527 millones) de los cuáles sólo 10 carros cumplen un servicio mientras que los otros 133 están en un patio “en estado de inservible a los cuales no se les está prestando ningún tipo de mantenimiento”.

Otra inconsistencia tiene que ver con el registro en el Sistema de Información Administrativa y Financiera (SIAF) de los bienes con medidas cautelares y con comiso definitivo, pues la información está incompleta o desactualizada.

Esa situación se encontró en un predio en El Cerrito (Valle) relacionada con un proceso penal archivado pero que sigue con una medida cautelar, o en el predio Dagua, en el que hay datos pero ninguno que permita saber dónde está.

El organismo de control también cuestionó que desde el 2013 se creó el Registro Público Nacional de Bienes con lo que debía crearse una plataforma tecnológica que le permita a los interesados consultar si alguna de sus propiedades hacen parte de esa lista de propiedaes con medidas cautelares, pero a la fecha no está funcionando.

Fiscalía asegura que hallazgos de gestión han bajado 

José Tobías Betancourt, director ejecutivo de la Fiscalía General, aseguró que la Contraloría feneció su cuenta (avaló la gestión del ente acusador en el 2017) con 40 hallazgos administrativos, mientras que en el 2015 la anterior administración de la Fiscalía tuvo 133 hallazgos, lo que muestra mejoras en la gestión del ente acusador. 

Afirmó que frente a los inmuebles mencionados por la Contraloría como en estado de abandono hay planes para que sean útiles, y que en algunos de ellos no se han desarrollado proyectos porque la comunidad no dejó ejecutarlos o porque estaban en manos de la Sociedad de Activos Especiales, como una bodega de Puente Aranda.

Dijo que la Fiscalía General metió esos inmuebles en una bolsa de propiedades que saldrán a la venta. En total, este año la Fiscalía estima vender 90 propiedades para darle rendimientos a la Fiscalía de entre 90.000 y 100.000 millones de pesos. 

El funcionario aseguró que con ese dinero se buscará invertir en sedes, plataformas tecnológicas, arquitectura institucional o reducir el consumo de la entidad de papel. 

Frente a los vehículos decomisados que están en patios, sin ser chatarrizados y sin ningún uso, aseguró que ese acumulado de carros viene de muchos años atrás. "Estamos adelantando un trabajo fuerte de depuración para chatarrizar esos vehículos, y los que están en buen estado los estamos utilizando", dijo Betancourt. 

Afirmó que muchos de esos vehículos traían comparendos y por eso se está adelantando el proceso de chatarrización para que todo quede a paz y salvo. 

JUSTICIA

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