Investigación

El escándalo que enreda a Alan Jara, jefe de la Unidad de Víctimas

Presunto desfalco en proyecto de refinería del Meta tiene a 4 exfuncionarios presos.

Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas

Alan Jara es el actual director de la Unidad de Víctimas.

Foto:

Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

21 de mayo 2017 , 01:26 a.m.

El proyecto bandera de sus dos periodos como gobernador del Meta –la construcción de una refinería en los Llanos Orientales– tiene hoy a Alan Edmundo Jara Urzola, el actual director de la Unidad de Víctimas, en la mira de los órganos de control.

Esta semana, su mano derecha desde hace más de dos décadas, Luz Stella Casasfranco Vanegas, fue detenida por la Fiscalía. Ella fue su jefa de Asuntos Contractuales en la gobernación 2012-2015 y ahora estaba al frente de la Oficina Jurídica en la Unidad de Víctimas. También fueron capturados Hernando Martínez Aguilera, secretario de Planeación en la administración de Jara y a quien él nombró como Jefe de la Unidad de Víctimas en el Meta; Jairo Iván Frías Carreño, exsecretario de Hacienda de Jara y hoy rector de la Universidad del Llano; y el exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) Ricardo Rodríguez Henao.

Todos, según la Fiscalía, están involucrados en un escándalo que le costó al Meta al menos 18.265 millones de pesos que se perdieron en convenios para estudios y diseños de una refinería de la que, dice la investigación, “nunca se puso ni la primera piedra”. El viernes, los cuatro fueron enviados a prisión, tres de ellos a la penitenciaría La Picota y la única mujer detenida a la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

Jara Urzola, que hasta el momento se ha abstenido de pronunciarse, será investigado por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pues en la época de los hechos tenía fuero de gobernador.

Entre los asuntos que tendrá que explicar está la entrega de un crédito a Llanopetrol por 10.500 millones de pesos con los que, según la Contraloría General, se pagó un préstamo bancario adquirido por la petrolera. La plata se giró “acudiendo a un crédito de tesorería sin que para ello se hubiere celebrado convenio o contrato entre la Gobernación del Meta y Llanopetrol”. Los organismos de control investigan nuevos frentes del proyecto y aseguran que hay indicios de más irregularidades.

La imputación

Esta semana, en el Complejo Judicial de Paloquemao, donde advirtió que las condenas en el caso podrían llegar a los 18 años, la Fiscalía habló de un “cerebro” en el desfalco, al que por ahora no menciona expresamente: “De manera caprichosa, direccionada e intencionada, (los implicados) se apropiaron de estos recursos públicos a favor de terceros, presuntamente bajo las instrucciones de personas de alta jerarquía en el departamento del Meta”, dijo la fiscal.

La investigación complica la situación de la persona de mayor confianza de Jara: la señora Casasfranco Vanegas. Incluso, la Fiscalía sostuvo que ella tomaba decisiones en Llanopetrol por encima del gerente de la empresa departamental.

En la audiencia se mencionó que en la primera gobernación de Jara (1997-1999), Casasfranco estuvo al frente del primer proyecto de la refinería, que también fue un fracaso y en el que hubo pérdidas de 5.257 millones.

En cuanto al exgerente de Llanopetrol, Rodríguez Henao, la Fiscalía dice que su papel fue determinante en la cadena de contratos incumplidos reiteradamente y sin embargo pagados con plata pública. El proyecto nunca llegó a la etapa de estudios, pero la Gobernación giró varias partidas que, de acuerdo con un informe de la Contraloría General que dio pie a la investigación de la Fiscalía, se manejaron con clara violación de las normas de contratación y transparencia.

“Hay una alta incertidumbre sobre la viabilidad financiera de la refinería: no hay cierre financiero, solo expectativas; y es alto el riesgo de perder los recursos invertidos por la Gobernación”, advirtió el año pasado una auditoría a Llanopetrol. Esto porque el proyecto “se elaboró con absoluta falta de planeación y conocimiento del sector petrolero y en contravención del marco normativo que regula estos procesos”.

Los cuestionamientos a Llanopetrol no son de ahora. En agosto del 2013, el diario ‘Portafolio’ reveló que la Gobernación compró un lote para el proyecto por 4.200 millones de pesos, terreno que en el 2012 había sido adquirido por un exconcejal por 326 millones. En 16 meses, el lote se valorizó en un 1.188 por ciento.

Para desarrollar el proyecto se creó una sociedad de economía mixta entre Llanopetrol y la empresas Solver Structural. La nueva empresa se bautizó Llaso SAS. ‘Portafolio’ encontró que el domicilio registrado ante la Cámara de Comercio por el socio de Llanopetrol resultó ser una casa en el barrio Mandalay, en Bogotá, donde aparentemente no se desarrollaba ninguna actividad comercial o empresarial. En el proceso hubo un relevo de socio, BRB Solution Petroleum, cuyo representante legal reportó una dirección en Miami que resultó siendo la de una cigarrería.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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