Investigación

El acta que abrió la puerta al desgreño en Reficar según la Fiscalía

Tras 8 meses de investigación, documentaron reuniones en las que se cambió modalidad del contrato.

Corrupción en Reficar

Los sobrecostos de la obra superaron los 610.000 millones de pesos.

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Yomaira Grandett / EL TIEMPO

30 de abril 2017 , 02:33 p.m.

Con apenas seis páginas, el acta número 48 de la junta directiva de Reficar es considerada por la Fiscalía General como el documento clave que habría abierto la puerta para que se cometieran millonarias irregularidades en la modernización de la refinería de Cartagena.

Ese documento conocido por EL TIEMPO aparece en la investigación del ente acusador sobre los supuestos malos manejos que se habrían registrado en Reficar y que habrían permitido que terceros se quedaran con 610.000 millones de pesos del Estado.

Por las irregularidades investigadas, ya fueron citados a imputación de cargos para el próximo 7 de junio ocho exdirectivos de Reficar, Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) y Ecopetrol. Otros siete exdirectivos fueron citados a interrogatorio, y a versión libre, nueve exfuncionarios más.

“Se pasaron por la faja la ley y los Conpes (…) definieron llevar a cabo con un contratista, no bajo la modalidad de llave en mano, sino de gastos reembolsables, con lo cual nadie distinto a los colombianos asumieron el riesgo de este proyecto, que nos ha costado lo que nos ha costado”, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En el acta firmada el 24 de noviembre del 2009, señalaron investigadores de la Fiscalía, se empezó a dar vía libre al cambio de modalidad del pago de los contratos, permitiendo al contratista pasar facturas que serían canceladas con el dinero del erario.

En la reunión, Felipe Castilla, funcionario de Reficar, señaló que 14 días antes se suscribió una carta de intención por parte de la sociedad, que fue aceptada por CBI Américas Limited, CB&I UK Limited y CBI Colombia, para confirmar el deseo de la empresa de “suscribir con dichas compañías ciertos contratos para el EPC (proyectos que integran actividades de ingeniería, compras y construcción), en reemplazo del actual contrato, y que dichas compañías continúen con los trabajos de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena”.

La Fiscalía considera que el cambio contractual de pasar de un esquema llave en mano (en el que el contratista asume la responsabilidad total de la construcción de la obra) a costos reembolsables (en el que el contratista cobra por cada uno de los pasos de la obra y unos honorarios) desembocó en una “autorización de pagos sin previo control y auditoría y un beneficio a CB&I, que venía incumpliendo sus obligaciones en la obra”.

En el acta que está bajo cadena de custodia de la Fiscalía se lee: “Se manifestó que los nuevos contratos se están estructurando como reembolsables”, y en este sentido, las garantías de terminación de la construcción, para efectos de financiación, deberán provenir del “sponsor”.

En la investigación, la Fiscalía señala que Reficar contrató con Foster Wheeler la auditoría del proyecto y en el 2010 suscribió dos nuevos contratos: uno con la empresa Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) y otro con una empresa filial de CB&I, en la modalidad de costos reembolsables, tal como se había planteado en el acta 48. Esto, dice la Fiscalía, llevó al pago de facturas por bienes que nunca se entregaron, por trabajadores que no laboraron y hasta por rubros como licor y servicio de spa.

Investigadores señalaron que en un acta de diciembre del 2013, la junta directiva intenta poner control a los pagos de facturas que ya habían sido rechazadas y que para ese momento ya ascendían a los 129 millones de dólares: “Los miembros de la junta manifestaron la necesidad de revisar en detalle las facturas que van a ser pagadas y verificar que se trate exclusivamente de factura cuyo pago esté pendiente por falta de algún soporte o temas formales, y no discusiones de fondo”.

Sin embargo, señalan fuentes oficiales, ya el daño estaba hecho y no se tuvo en cuenta el Conpes que viabilizó la obra y que decía que “para evitar sobrecostos y que los eventuales sobrecostos no vayan a afectar al estado colombiano, era muy importante que el contrato se llevara a cabo bajo la modalidad llave en mano”.

“Ningún socio estratégico iba a asumir los riesgos de la construcción del proyecto; los asumió integralmente el Estado, sin que el Conpes o una ley establecida promulgada por el Congreso modificara las premisas bajo las cuales ha debido llevarse a cabo este proyecto, que significa el mayor descalabro desde el punto de vista financiero y de ejecución contractual en la historia de la República”, señaló el fiscal Martínez.

Y añadió: “No puede el contratante, en este caso Reficar, hacer los pagos libérrimamente de todo lo que mande el contratista. Tiene que haber un control tanto más cuando se trata de recursos públicos como el caso de Reficar”.

Exdirectivos, a imputación de cargos

Los primeros llamados a responder por el caso Reficar y a quienes la Fiscalía imputará cargos en poco más de un mes son los expresidentes de la refinería Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez. En la lista del ente acusador también está Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar y quien llegó a la compañía cuando Glencore aún estaba en el proyecto. Del grupo legal se encuentran, así mismo, Nicolás Isaksson Palacios, el líder, y Carlos Alberto Lloreda, el revisor fiscal.

Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol, también fue llamado a imputación.

De la empresa estadounidense CB&I fueron vinculados Philip Kent Asherman, representante legal, y Massoud Deidehban, director de proyectos.

Megaobra vital para abastecer el país

¿Qué es Reficar?

La refinería de Cartagena, Reficar, es un complejo industrial destinado a la refinación del petróleo y obtención de sus derivados. Nace en 1997 con la idea de fortalecer el autoabastecimiento energético y de proveer de materias primas a la industria petroquímica.

¿Por qué debía modernizarse?

La modernización de Reficar inició en el 2006 y fue uno de los proyectos más ambiciosos de la primera década de este siglo, su objetivo: triplicar la refinación de combustible y duplicar la capacidad de carga de derivados del petróleo. Para esto, la obsoleta tecnología que tenía en el 2000 debía sustituirse.

¿Qué falló?

La obra terminó costando el doble del presupuesto inicial y tardó 27 meses más de lo estimado en entregarse, demora que impidió que el país obtuviera millonarias ganancias, pues solo en su primer año de operación, (2016) registró un aporte al crecimiento del sector industrial de 5,2 puntos porcentuales y de 0,6 del PIB.

¿Cuándo comenzaron las irregularidades?


La Fiscalía señala que las irregularidades comenzaron incluso antes que las mismas obras, pues Glencore, el socio de Ecopetrol para el proyecto, se retiró en el 2009 sin haber aportado dinero a la financiación de este y Ecopetrol terminó pagándole 549,4 millones de dólares.

¿Cuándo estalló el escándalo?

En el 2012, cuando debían entregarse las obras, se comenzó a hablar de los sobrecostos y en enero del 2016 estalló formalmente el escándalo cuando la Contraloría reveló en un informe las irregularidades.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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