Justicia

HRW solicita a Corte Constitucional 'corregir deficiencias' de la JEP

La ONG pide aclarar si 'falsos positivos' se entenderán con la Jurisdicción Especial para la Paz.

Falsos positivos

La decisión judicial precisa que cada uno de los militares, de los que no se especificó su rango, deberá pagar 50 años y siete meses de prisión.

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Archivo / EL TIEMPO

06 de julio 2017 , 01:00 a.m.

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) le pidió a la Corte Constitucional corregir las “graves deficiencias” que a su juicio contiene el acto legislativo con el que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En particular, la ONG le solicita al máximo tribunal “poner límites” a una disposición que permitiría a miembros de las Farc, responsables de crímenes atroces, postularse y ejercer cargos públicos aún sin completar la pena impuesta por la JEP.

Hacen énfasis, además, en que se debe enmendar la definición de ‘responsabilidad de mando’ incluida en la JEP para el caso de militares, pues creen que es incompatible con el derecho internacional y podría permitir que altos mandos evadan la justicia.

Ambas solicitudes están expuestas en un pronunciamiento de HRW para la audiencia pública que realiza la Corte previa a su decisión sobre la exequibilidad del modelo de justicia transicional.

“Al aprobar esta reforma, el Congreso ignoró deliberadamente graves defectos del componente de justicia del acuerdo de paz. La Corte Constitucional tiene la posibilidad de sentar las bases para que los miembros de la Fuerza Pública y de las Farc responsables de atroces crímenes de guerra enfrenten, al menos, unos mínimos de justicia”, dice en José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el caso específico de las Farc, la ONG sostiene que si bien un objetivo fundamental del proceso de paz fue permitir que antiguos miembros del grupo pudieran promover sus objetivos políticos en un marco democrático, dar vía libre a que “se postulen y desempeñen cargos públicos mientras cumplen condenas por crímenes atroces podría menoscabar seriamente las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En referencia a la definición de responsabilidad de mando que se incluyó en el Acto Legislativo 1 de 2017 (la reforma constitucional que da vida a la JEP), la ONG advierte que hasta la propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha expresado reservas, pues distorsiona el derecho internacional y dificulta que altos mandos militares y líderes de las Farc rindan cuentas por crímenes cometidos por sus subalternos.

La preocupación de la ONG radica en el futuro de los procesos por los llamados ‘falsos positivos’: “Si bien más de 1.000 miembros del Ejército han sido condenados por estos delitos, pocos de los comandantes que dirigían las brigadas responsables de los asesinatos —y luego obtuvieron ascensos en los escalafones militares— han rendido cuentas por estos hechos. Todavía no resulta claro si la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá competencia sobre delitos relacionados con el conflicto armado, se entenderá con estos casos”, dice Vivanco. Si lo hace, dice la ONG, la definición de responsabilidad de mando de la JEP les permitiría lavarse las manos.

HRW sostiene que la Corte Constitucional ha desempeñado un papel fundamental en el pasado a la hora de garantizar los derechos de las víctimas y corregir falencias en leyes tramitadas por el Congreso y por eso le pide ejercer nuevamente ese control.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En twitter @sergom68

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