Delitos

Fiscal propone cárcel para candidatos y aportantes que violen topes

Fiscalía radicó proyecto anticorrupción que contempla suspensión de contratos como medida cautelar.

Nuevo escándalo de corrupción judicial en el país

El juez Ardila Baquero estaría relacionado con una investigación por dejar en libertad a un integrante de una banda criminal que apodan el 'Ingeniero’.

Foto:

Martín García - Archivo / EL TIEMPO

21 de julio 2017 , 05:47 a.m.

Con un proyecto de 41 artículos radicado en el Congreso, el fiscal Néstor Humberto Martínez les madrugó el jueves a otras entidades que han anunciado iniciativas en contra de la corrupción.

Martínez asegura que se necesitan medidas de fondo para castigar a los que saquean los recursos de todos los colombianos. Por eso, el proyecto crea nuevos tipos penales y aumenta las sanciones para varias de las modalidades de corrupción que han quedado evidentes con los escándalos de los últimos meses.

Si el Congreso avala la propuesta, por primera vez se les pondrían talanqueras a dos males endémicos de las elecciones en el país: la violación de los topes electorales y la compra de votos.

Así, el proyecto plantea que “el gerente, candidato, administrador o auditor de campañas electorales que con ocasión de sus funciones recaude, invierta o gaste bienes y recursos que superen los topes máximos gastos fijados por la autoridad electoral” tendría cárcel entre 4 y 8 años.

La misma pena se aplicaría para los particulares que financien las campañas por debajo de la mesa.

El cambio es clave porque en este momento esa práctica, que es usual en la política colombiana, no tiene efectos penales y la autoridad a cargo de sancionarla, el Consejo Nacional Electoral, está fuertemente cuestionada por su falta de efectividad.

La compra y venta de votos –no solo en efectivo– daría también hasta 8 años de prisión. Además, la Fiscalía propone castigar con cárcel a candidatos, familiares y miembros de campaña si durante los tres días previos a las elecciones son sorprendidos con sumas superiores a las permitidas por las normas electorales, pues se presume que es plata para comprar votos.

El proyecto tapa un hueco usado para evadir la prohibición de que los aportantes a campañas terminen contratando con la administración del candidato que apoyaron. Así, extiende la inhabilidad no solo al aportante, sino a “las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política”.

El capítulo electoral de la propuesta anticorrupción de la Fiscalía se cierra con la creación de un nuevo delito: el ‘favorecimiento electoral’, que daría cárcel de entre 6 y 12 años contra el “servidor público que utilice la investidura, función o los recursos públicos con la finalidad de favorecer electoralmente a un candidato, partido o movimiento político”.

Suspensión de contratos

La iniciativa castiga con cárcel de 6 a 12 años las maniobras contra la transparencia “en cualquier etapa de un proceso de contratación estatal”, de cara a que muchas de las trampas ocurren antes de que arranquen las licitaciones, como en la elaboración de estudios previos, o en el ‘pos’ de los contratos, como las prórrogas y adiciones.

Por primera vez se tipificarían como delito “actividades fraudulentas en materia de contratación pública” cometidas por particulares, como es el caso de las empresas que acuerdan propuestas por debajo de cuerda para quedarse con los negocios con el Estado.

La Fiscalía plantea aumentar hasta en un 50 por ciento las penas por cohecho (sobornos) y un castigo similar cuando los casos de corrupción atenten contra programas dirigidos a la población más vulnerable, como en el escándalo de la alimentación de los niños de las escuelas públicas.

Si el Congreso avala la propuesta, por primera vez se les pondrían talanqueras a dos males endémicos de las elecciones en el país: la violación de los topes electorales y la compra de votos

La Fiscalía podría, de aprobarse la iniciativa, pedir como medida cautelar la suspensión de un contrato o del giro de dineros del mismo en casos en los que “se pueda inferir razonablemente que para su trámite, celebración, ejecución o liquidación se incurrió en delitos contra la administración pública”.

El testaferrato y el concierto para delinquir en casos de corrupción tendrán penas de hasta 22 años de cárcel.
Así mismo, el enriquecimiento ilícito de servidor público aplicará incluso cinco años después de la salida del cargo y tendrá prisión de hasta 12 años.

Abogados, contadores y otros profesionales que por su oficio conozcan de casos de corrupción se expondrán a seis años de cárcel por no denunciar.

Suspensión de funcionarios

La Fiscalía plantea que una vez se presente escrito de acusación contra un funcionario público, el juez tenga que “comunicar al respectivo nominador para que en un término que no podrá superar las 48 horas proceda a suspender en el ejercicio del cargo al servidor público, medida que se mantendrá hasta cuando se emita sentencia en firme”. Y en casos de corrupción, la misma medida se tomaría “a partir de la formulación de imputación o su equivalente”.

De esta manera se evitaría que el funcionario use su cargo para afectar las investigaciones. También se evitaría el regreso de mandatarios acusados a sus cargos cuando por alguna razón se cae la medida de aseguramiento.

Gobierno también alista paquete de proyectos

Mejorar la protección para quienes denuncien hechos de corrupción, prohibir la casa por cárcel para quienes sean condenados por este delito y permitir el levantamiento de la reserva bancaria para los contratistas del Estado son algunos de los puntos que forman parte del paquete de proyectos que presentará el Gobierno al Congreso este semestre para combatir la corrupción.

“Uno de los desafíos más importantes –quién lo duda– es la lucha permanente contra la corrupción, porque los corruptos son ladrones que roban el futuro a los colombianos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del Congreso. Una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo es identificar el beneficiario final de los hechos de corrupción, pues muchas veces se sanciona solo al contratista y no a todos los involucrados en el delito.

“Por eso queremos obligar al levantamiento de la reserva bancaria de los contratistas del Estado, pues así será muy fácil identificar los movimientos financieros para saber quién es el beneficiario final”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Esta medida irá de la mano de una regulación del lobby, que es la presencia en el Congreso de personas que representan intereses de diferentes sectores en proyectos de ley.

Otras de las iniciativas que contempla el Gobierno para combatir este flagelo ya están incluidas en la reforma política que fue presentada al Congreso.

Estas medidas son para establecer mayores controles a la financiación de campañas políticas y darle más dientes a la organización electoral para que castigue estos delitos.

JUSTICIA

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA