Delitos

Los afortunados internos de las cárceles de cinco estrellas

Cuestionan enviar a delincuentes de cuello blanco a unidades policiales y castrences.

Cárceles con lujos

Aunque la salida de enviar a connotados personajes en líos judiciales a centros militares es una práctica que lleva años, la Fiscalía y la Corte Suprema están promoviendo un cambio.

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Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

04 de noviembre 2017 , 11:00 p.m.

El cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, pieza clave en el escándalo de sobornos a exmagistrados y magistrados para favorecer a políticos en procesos penales, espera el trámite de su extradición a los Estados Unidos en una unidad militar del sector de Puente Aranda.

Mientras que las personas que están esperando su envío ante tribunales de otros países son trasladadas a los dos pabellones de extraditables habilitados en La Picota, en donde hay extremas medidas de seguridad, Moreno Rivera, ocupa una cómoda celda en una cárcel que estaba destinada para albergar a militares involucrados en procesos penales.

Fuentes militares consultadas por EL TIEMPO señalaron que por cuenta de la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz ha recuperado su libertad una importante cantidad de uniformados, hasta el punto que hoy tienen desocupadas 410 celdas solo en Bogotá. En los Centros de Reclusión Militar no hay hacinamiento, como sí sucede en las cárceles convencionales.

Moreno Rivera es uno de los 18 privilegiados que siguen teniendo beneficios de detención en unidades militares y de Policía, y aunque deben cumplir con las normar carcelarias están a salvo de las difíciles condiciones de los penales ordinarios.

En esa unidad militar estuvo detenido hasta hace poco el general Rito Alejo del Río, condenado por homicidio y ahora libre por haber levantado la mano para aspirar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esos lugares el ingreso de visitas es mucho menos estricto y los internos tienen la posibilidad de hacer uso de comodidades, como el acceso al casino de oficiales.

Otra de las retenidas en unidades de la Fuerza Pública es la exdirectora del Departamento Administrativo de seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años de cárcel por el escándalo de las chuzadas ilegales. Ella se encuentra detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en la falda de los cerros orientales de Bogotá, en donde también está el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas desde septiembre del 2011.

Moreno Rojas, condenado a 24 años de cárcel, tiene una habitación con baño privado y otras comodidades de las que no disponen los más de 120.000 internos de las cárceles del país. Esto a pesar de que la misma Fiscalía ha insistido en que debía estar detenido en el pabellón de funcionarios de La Picota, destinada para albergar a las personas que han ocupado cargos en el Estado y terminaron condenados por delinquir. Hasta ahora el Inpec no ha respondido a la solicitud de traslado.

Curiosamente su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, sí pagó parte de su pena de 14 años de detención por el ‘carrusel’ de la contratación en La Picota. Ahora está en la celda 2 del primer piso de la cárcel de San Gil, en Santander.

Otro de los protagonistas del ‘carrusel’ que hoy están fuera de cárceles y permanecen en centros castrenses o de Policía son el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, que por supuestas razones de seguridad fue trasladado al Batallón Nariño del Ejército, ubicado en Malambo, Atlántico.

Entre tanto, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en el norte de Bogotá, un complejo con amplias zonas verdes y hasta con campo de golf, está privado de su libertad el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, procesado por el escándalo de Odebrecht y quien está en espera de que un juez de Bogotá avale el preacuerdo que firmó con la Fiscalía y por el que pagará una condena de siete años y cinco meses de prisión.

Allí también está el general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado por el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y quien ya cuenta más de 80 años. El Centro de Estudios es también el sitio de reclusión del general Flavio Buitrago Delgadillo, exedecán del expresidente Álvaro Uribe sentenciado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En teoría, por tratarse de miembros de la Policía deberían estar en la cárcel que esa institución tiene en Facatativá, Cundinamarca. Sin embargo, esa posibilidad nunca ha estado realmente sobre la mesa en el caso de altos oficiales condenados.

Paradójicamente, a ese lugar de reclusión de la Policía estuvo a punto de llegar el expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo, procesado por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Ese polémico traslado fue frenado por el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira: “Pésimo mensaje que clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para sindicados o condenados por corrupción”, dijo en una rueda de prensa Martínez. Jaramillo está, por ahora, en un calabozo del búnker de la Fiscalía.

En el Cantón Norte de Bogotá, a orillas de los cerros, permanece el exministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt, condenado por la ‘Yidispolítica’. Ese fue el mismo sitio donde estuvo detenido el exsenador Luis Alfredo Ramos a la espera de que la Corte definiera su proceso por ‘parapolítica’. El año pasado recuperó la libertad, pero aún no hay fallo en su caso. El Cantón no está diseñado como una cárcel y las personas recluidas allí permanecen en habitaciones destinadas para los oficiales.

Otro de los alfiles del uribismo condenado por la ‘Yidispolítica’, Sabas Pretelt de la Vega, está cumpliendo su sentencia en una guarnición militar de Cartagena, su tierra natal. Pretelt está en el Centro de Reclusión de la Infantería de Marina de la capital de Bolívar.

Desde marzo del año pasado el ganadero y caballista Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, está detenido en el Batallón Juan del Corral de Rionegro, Antioquia. Uribe Vélez, señalado por la Fiscalía de ser uno de los integrantes de la banda paramilitar de ‘los doce Apóstoles’, está en juicio por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Aunque la salida de enviar a connotados personajes en líos judiciales a centros militares es una práctica que lleva años, la Fiscalía y la Corte Suprema están promoviendo un cambio.

“No hay ninguna norma escrita que señale que las unidades de la Fuerza Pública pueden convertirse en sitios de reclusión para políticos u otros personajes –dice el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago–. (...) Siempre se usa el argumento de supuestos riesgos de seguridad, pero eso habría que evaluarlo caso por caso”.

De hecho, recientemente, al negarles a los polémicos senadores Bernardo ‘Noño’ Elías y a Musa Besaile la reclusión fuera de una cárcel, la Corte Suprema llamó a los jueces y al Inpec a cumplir las normas y enviarlos a pabellones especiales para funcionarios públicos, pero siempre en una cárcel o penitenciaría. En todo caso, esas unidades tienen poco que ver con los patios en los que cumplen condena o esperan fallo los presos comunes y corrientes.

El más famoso de ellos es el pabellón de los ‘parapolíticos’ de la cárcel La Picota, donde decenas de excongresistas y exgobernadores tenían granja propia en la que podían trabajar para descontar pena, cocinero privado y visitas entre semana. Esos son lujos que no tienen los otros internos. Otros delincuentes de cuello blanco que tuvieron comodidades en la misma cárcel fueron los polémicos primos Miguel, Manuel y Guido Nule. Tenían máquinas de gimnasio y acceso a computadores, X-box y teléfonos celulares.

Salud, otra vía de escape

Con dictámenes médicos cuestionados por Medicina Legal, otros internos han logrado beneficios como casa por cárcel o han asegurado su permanencia en hospitales y no en cárceles convencionales.

Es el caso de la polémica empresaria del chance Enilse del Rosario López Romero, quien ha pagado solo el 5 por ciento de su condena en una cárcel. El resto del tiempo lo ha sorteado en una clínica de Barranquilla por cuenta de su condición de incapacidad ocasionada por un bajo peso -30 kilos-, que mantiene por ingerir poco alimento y, dicen autoridades, bajo estricto control de una nutricionista.

JUSTICIA

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