Delitos

Caso de Diego Palacio abre debate sobre lo que debe ir a la JEP

Analistas no creen que este y otros casos similares sean aceptados. Falta ley estatutaria.

Diego Palacio

Diego Palacio, exministro de Protección Social.

Foto:

Fernando Ariza / EL TIEMPO

09 de abril 2017 , 12:23 a.m.

El acta de compromiso del exministro Diego Palacio y del ex secretario general de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe para que sus condenas por la ‘Yidispolítica’ sean revisadas por la justicia especial para la paz (JEP) abrió el debate sobre los hechos que van a terminar en esa justicia transicional.

A la Secretaría de la JEP han llegado 1.345 actas de compromiso de guerrilleros y 347 de integrantes de la Fuerza Pública, en las que hay varios casos por ‘falsos positivos’, y las dos de Palacio y Velásquez, los primeros exfuncionarios en pedir un cupo en esa justicia especial.

Su argumento es que el delito de cohecho por el que los condenó la Corte Suprema por ofrecer dádivas a congresistas a cambio de que apoyaran la segunda reelección de Uribe –hechos de los que insisten en declararse inocentes– tiene relación con el conflicto.

A pesar de que la Secretaría de la JEP envió las solicitudes de Palacio y Velásquez a jueces de ejecución de penas, para que definan si les conceden la libertad condicionada anticipada mientras su caso es resuelto de fondo, algunos expertos afirman que la petición tiene pocas probabilidades de prosperar.

Uno de los magistrados de la Corte Suprema que participaron en la condena de Palacio, Velásquez y Sabas Pretelt (quien estaría pensando también en acogerse a la JEP) afirmó que no ve la relación entre la ‘Yidispolítica’ y el conflicto armado e insistió en que la justicia especial “no se puede convertir en un lavadero de delitos”,

Según César Rodríguez, director de Dejusticia, hay riesgo de abrir una puerta para todos los delitos. “Ampliar de esa manera el vínculo haría que la JEP deje de ser excepcional”.

Fuentes que ayudaron a diseñar la JEP aseguran que los casos que entran a esa justicia no se pueden argumentar solo en que estamos en un conflicto armado. “No veo cómo un hito contra la administración pública constituya per se una grave violación a los derechos humanos”, dicen.

Aseguran que tienen que ser casos directos, como los delitos graves cometidos por los actores del conflicto, o indirectos, “de terceros que han participado en esas conductas ya sea financiando, determinando, colaborando, ayudando, como cómplices, determinadores o financiadores”.

Un delito contra la administración pública que sí podría ser acogido por la JEP es el caso de un alcalde o gobernador que haya desviado recursos públicos para actores armados.

Otro de los casos que han generado debate es el de los ‘falsos positivos’. Mientras que ONG como Human Rights Watch y familiares de víctimas dicen que no deberían entrar a esa justicia, expertos afirman que no es claro que vayan a ser excluidos.

Uno de los ‘arquitectos’ de la JEP dice que esos delitos tienen una relación directa con el conflicto porque “se trata de personas que fueron formadas e instruidas para el uso de las armas, y usaron los medios y métodos que conocían para obtener una ventaja o beneficio”.

Otra fuente cercana a la JEP sostiene que no entrarán todos los casos de ‘falsos positivos’. “Mientras unos ocurrieron en operaciones militares, en las que terminaban asesinando a inocentes, hay otros en los que se buscaba un beneficio económico o personal, y no deberían entrar al sistema”, señaló.

Los vacíos

César Rodríguez asegura que jurídicamente ninguna de estas situaciones es clara porque las actas de compromiso son un formalismo y no implica que vayan a ser aceptadas. Dice que el sistema aún tiene vacíos porque falta una ley estatutaria “que regule los criterios mediante los cuales deben solucionarse casos como estos”. Esas situaciones se comenzarán a definir una vez entre a operar la JEP y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas comience a sentar precedentes sobre qué casos deben entrar al sistema y cuáles deben seguir en la justicia ordinaria.

También sostiene que falta que la Corte Constitucional revise la ley que creó la JEP así como los decretos que la reglamentan, con lo que podrían cambiar las reglas del juego.

Lo mismo piensa Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la justicia, quien afirma que la respuesta a estas dudas se resolverán con “la jurisprudencia que tome la JEP, mirando cada caso. Aún no está definido qué casos pasan y cuáles no, sobre todo en los indirectos”.

Entrarían los de Justicia y Paz

Aunque el Tribunal de Justicia y Paz le ha negado la libertad a 15 guerrilleros de las Farc que han pedido entrar a la JEP, la secretaría ejecutiva de esa justicia dice que en los próximos días se suscribirían actas de compromiso con los que se desmovilizaron con esa ley del 2005.

Fuentes cercanas al acuerdo de La Habana afirman que en el último debate de la JEP en el Congreso se le abrió la puerta a los sindicados y condenados de las Farc, que serían unos 500. Un punto polémico es que aunque los paramilitares quedaron por fuera, está en debate si se incluyen a los ‘paras’ y guerrilleros que fueron excluidos o que nunca se presentaron.

JUSTICIA

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