Delitos

Escolta que mató a delincuente: ¿un ejemplo o un polémico precedente?

Analistas creen que exaltar su acción puede incentivar la justicia por mano propia.

Justicia colombiana

La ley es clara para definir las exenciones de castigo cuando las víctimas reaccionan ante sus victimarios.

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Martín García / Archivo EL TIEMPO

12 de febrero 2018 , 11:42 a.m.

Seis días después del episodio en el que el escolta Mario Muñoz mató a un ladrón que atracaba a una mujer en el norte de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos lo invitó a la Casa de Nariño y, en medio de la reunión, de acuerdo con Muñoz, lo felicitó y le dijo que “hizo lo correcto”.

La actuación de Muñoz, que ha generado el respaldo de miles de colombianos a través de las redes sociales, está siendo evaluada por la Fiscalía, que en principio considera que se trata del derecho a la legítima defensa de un tercero y, por lo tanto, una conducta no punible.

El delincuente muerto había herido a la señora con un cuchillo y se abalanzó contra Muñoz cuando este decidió intervenir para evitar el atraco. Tenía antecedentes y la Policía avanza para capturar a sus cómplices en una banda especializada en atracar a conductores atrapados en los trancones bogotanos.

El hecho en sí mismo ha generado debate. Sobre todo porque algunos analistas temen que exaltar la situación pueda incentivar la justicia por mano propia, en un país ya aquejado por altísimos índices de violencia.

La ley es clara para definir las exenciones de castigo cuando las víctimas reaccionan ante sus victimarios. En el Código Penal hay 12 parámetros de exclusión sobre responsabilidad penal y una de ellas es la legítima defensa, que se verifica bajo requisitos como la proporcionalidad de la defensa con respecto a la amenaza y, sobre todo, el momento en el que se hace uso de la fuerza en contra del agresor.

La legítima defensa, un concepto que tiene más de 2.000 años y se consagró en el derecho romano, existe desde siempre en la legislación colombiana. En el caso de Muñoz, todo apunta a un uso legítimo de la fuerza. La Fiscalía está esperando los resultados de la necropsia de Nicolás Afanador Duarte, el ladrón que perdió la vida el pasado 30 de enero en Bogotá.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la legítima defensa es un derecho y que, si se prueba, simplemente se archiva el caso. De hecho, los policías o militares que matan a alguien en medio de una operación siempre enfrentan una investigación, pues se trata de un homicidio, pero como se supone que se trata del uso de la fuerza del Estado en situaciones legítimas, no procede un proceso penal. Lo contrario ocurre cuando hay irregularidades, como en los casos de los ‘falsos positivos’.

Wilson Herrera, director del Centro de Ética de la Universidad del Rosario, dice que frente a una situación como esta no hay respuestas en blanco y negro: “Por una parte hay una motivación loable y es la solidaridad evidenciada en que una persona no es indiferente frente a otra que está en peligro –dice– (...). Además, también había riesgo para su integridad física. Pero por otro lado, está la muerte de una persona y la idea ilegítima que existe de que uno mismo puede hacer justicia”.

Por eso asegura que aunque los mensajes de reconocimiento son válidos, hay que saber cómo darlos y explicarle muy bien a la ciudadanía que esto solo puede suceder cuando no hay otra opción, cuando “es una necesidad absoluta”.

Eduardo Rueda, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, considera por su lado que la legítima defensa que termina en la muerte del otro es incompatible con la ética si hay posibilidades de evitar el desenlace fatal. “En casos en que el afectado potencial no puede huir o esconderse y en que se encuentra irremediablemente amenazada su vida, puede, de un modo éticamente aceptable, interponer medidas para evitar ser eliminado”, dice.

Esteban Cruz Niño, antropólogo e historiador, afirma que la legítima defensa tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a defenderse de una agresión que sea desproporcionada o que ponga en riesgo su vida. “Es importante definir la proporcionalidad de la fuerza y es cuando las legislaciones del mundo le han puesto límites al tema”, agrega.

Hace poco más de un año, un caso similar al de Muñoz despertó también la solidaridad de los habitantes de Barranquilla. Un escolta mató a un ladrón de 25 años cuando encontró que amenazaba con un arma a su hija en la entrada de su casa. El proceso terminó archivado en la Fiscalía, tras la presentación voluntaria del involucrado.

En febrero del 2017 otro escolta le disparó a un ladrón cuando atracaba a una pareja en el barrio Venecia de Bogotá. No lo mató, pero lo dejó gravemente herido.

Lo claro es que para alegar legítima defensa, bien en caso propio o de un tercero, esa respuesta tiene que darse simultáneamente con la agresión que pone en riesgo la vida. Es por eso que los linchamientos de delincuentes, sin importar el crimen, son considerados como una clara señal de sociedades en las que las instituciones están desbordadas por la violencia. Las escenas de delincuentes amarrados, golpeados y desnudados por la turba, que son comunes en el país y son virales en las redes sociales, no tienen amparo en la ley.

“Si esto está bien, entonces estamos mal. La sociedad no puede vivir con la creencia de ‘ojo por ojo y diente por diente’. Estamos en un mundo socializado y quienes cometan crímenes deben ser judicializados. Aceptar estos hechos es convocar a la sociedad a actos pasionales y a actos no fieles al bienestar social. No se puede autorizar a una persona asesinar a otra por más de que sea un ladrón. Se pierde la civilización y si nos saltamos los mecanismos de defensa nos volvemos una república bananera”, dice Fabián Sanabria Sánchez, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

No se puede autorizar a una persona asesinar a otra por más de que sea un ladrón. Se pierde la civilización y si nos saltamos los mecanismos de defensa nos volvemos una república bananera

Límites de la ley

En el caso particular de Muñoz, el penalista Iván Cancino dice con plena convicción que la felicitación presidencial estuvo bien y que la legítima defensa no puede compararse con temas extremos como la génesis de las autodefensas. “No debe entenderse como un incentivo pero sí como una felicitación por algo que hizo bien”, afirma.

Sobre el debate de la proporcionalidad, dice que ese requisito no consiste en la semejanza de armas, pero sí en la proporcionalidad del riesgo. “La situación específica es la que marca el hecho. Si un señor de la calle roba un espejo yo no le puedo pegar un tiro porque el derecho a la vida no se puede sobreponer sobre el derecho a la propiedad. Pero si hay una amenaza sobre la vida es legítimo defenderse”, dice el abogado.

Afirma que los delincuentes se aprovechan de que el delito de porte ilegal de armas es mínimo y por eso la violencia que caracteriza cada vez más los atracos.

Estos casos tienen en común que las armas con las que respondieron las personas eran de dotación y tenían permiso para portarlas. En los casos en que no existen esos permisos, las personas pueden, aunque no sean procesadas por homicidio si se prueba la legítima defensa, terminar condenados por porte ilegal de armas. En el país existe una prohibición para el porte de armas, aún con salvoconducto, desde hace tres años.

En la otra orilla está el exceso en la legítima defensa que si bien atenúa las sanciones, no elimina el delito. En esta categoría están los casos en los que una persona, luego de ser víctima de un delito, persigue a su victimario y lo ataca. Cancino menciona el caso de una señora que luego de ser robada persiguió al ladrón que le robó y lo atropelló. Ahora enfrenta un proceso penal por homicidio y podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel. “La ley la protege y la pena seguramente será menor, pero es claro que el derecho penal no premia la autojusticia; ahí ella ya no estaba en riesgo”, explica.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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