Delitos

Corte dice que Aída Merlano lideró una organización criminal

En el expediente contra la congresista se lee que podría afectar, incluso, la campaña presidencial.

Sede política de Aída Merlano

Operativo de Policía y la Fiscalía en la sede política de Aída Merlano. En el lugar se hallaron certificados electorales y dinero en efectivo.

Foto:

Vanexa Romero / EL TIEMPO

13 de mayo 2018 , 10:00 p.m.

"Existen elementos de convicción que demuestran que hacía parte de una organización criminal (...). Esta estructura aglutinó a más de 2000 personas, todas a su servicio y cumpliendo funciones orientadas a lograr una curul en el Senado, sin importarle que para ello tuviera que pervertir los medios democráticos de elección ni reparar en las nefastas consecuencias que la corrupción genera en las regiones y en el Estado en general”.

Ese es uno de los cuestionamientos más fuertes que hizo la Corte Suprema en la decisión con la cual sustentó la medida de aseguramiento de la congresista Aída Merlano y su envió a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Merlano se entregó a las autoridades el 9 de abril y fue llevada a indagatoria ante la Corte, en donde es investigada por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fabricación, porte o tenencia de armas y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Según la investigación, desde su campaña se habría desplegado una operación de compra de votos que incluía pagos de 40.000 pesos por persona y un subsidio de transporte de 5.000 pesos.

En su decisión, la Corte le da crédito al testigo Francisco Rafael Palencia Borrero, que formaba parte de la campaña, y en una declaración al alto tribunal dio cuenta del poder de la congresista y además de que ella acordó con particulares y funcionarios públicos una estrategia para lograr escaños en varias corporaciones de elección popular y que esto arrancó, incluso, desde el año 2014.

“El testigo ha informado sobre el poder que tiene la funcionaria en la región. Eso demuestra la influencia que ejerce la investigada y que podría tener incidencia, no solo dentro del devenir propio de esta actuación, sino de los próximos comicios electorales a la presidencia de la República”, señaló la Corte. Y añadió que Merlano “como líder de la organización criminal, afectó repetidamente los mecanismos de participación democrática, al instruir a los líderes de su grupo para corromper a los sufragantes”.

La Corte consideró que Merlano, cuya indagatoria fue suspendida por petición de su defensa, que argumentó que ella se encontraba enferma, podría entorpecer la investigación y afectar a los testigos.

La defensa de la congresista pidió que no fuera enviada a la cárcel porque ella sufría de bipolaridad, trastornos mentales y depresivos y una infección de riñón. Sin embargo, la Corte negó esa petición al señalar que “de la solicitud y los anexos se desprende que la funcionaria padece dichas afecciones, incluso, desde antes de encontrarse sujeta a la presente investigación”.

El testigo ha informado sobre el poder que tiene la funcionaria en la región. Eso demuestra la influencia que ejerce (...) podría tener incidencia,comicios electorales a la presidencia de la República

No presentó reporte de gastos

Merlano no entregó los gastos de su campaña a las autoridades electorales y quedó expuesta a sanciones como multas e, incluso, perder la reposición por los 73.250 votos obtenidos en marzo.

Peritos del CTI de la Fiscalía realizaron una inspección para obtener esa información en el marco de la investigación que adelanta contra integrantes de la campaña de Merlano y evidenciaron que las cuentas no fueron reportadas.

EL TIEMPO consultó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que señaló que los candidatos al Congreso que participaron en las elecciones de marzo tenían plazo hasta el 11 de abril para presentar las cuentas a sus partidos, y esas colectividades, a su vez, tenían plazo hasta el viernes pasado para entregarlas a la autoridad electoral.
En el caso de Merlano, que fue avalada por el Partido Conservador, no llegó ninguna información sobre sus movimientos económicos en la campaña, ratificaron fuentes del CNE. Añadieron que se va a insistir para que entreguen esa información, pero que, en todo caso, ya está tipificada una falta que puede acarrear como sanción multas de entre 15 y 150 millones de pesos. Si se llegara a mantener esa conducta, podría, incluso, perder la financiación estatal.

En 2014, cuando Merlano fue elegida representante a la Cámara, reportó ingresos de campaña por 371 millones de pesos y gastos por 370 millones. En esos documentos reportados al CNE aparece como gerente de la campaña Edwin Rafael Martínez, uno de los cinco capturados en marzo pasado por su presunta participación en la compra de votos.

Los investigadores pedían las cuentas para conocer cómo se justificarían los millonarios gastos realizados, pues la hipótesis de la Fiscalía es que solo en pagos de dinero para comprar votantes se movieron más de 6.000 millones de pesos. Esa cifra dista mucho de los gastos reportados por la misma campaña en 2014.

JUSTICIA 
@JusticiaET

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