Delitos

¿Por qué la corrupción siguió siendo tan buen negocio?

Las investigaciones tocaron a poderosos en la política y justicia. Las penas causan indignación.

Corrupción en Colombia

En lo corrido del año, las denuncias por estos hechos se han incrementado en el país en un 18 por ciento, pasando de 10.464 en 2016 a 12.385.

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Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

16 de diciembre 2017 , 10:41 p.m.

El principal problema que tiene Colombia es la corrupción. Así lo dijeron 30 por ciento de los preguntados en la última encuesta de Gallup.

Según cifras de la Fiscalía, por casos de corrupción están enredadas penalmente más de mil personas, entre particulares y funcionarios. Y, en lo corrido del año, las denuncias por estos hechos se han incrementado en el país en un 18 por ciento, pasando de 10.464 en 2016 a 12.385.

Y, en el último año, la justicia ha documentado casos que comprometen 2,7 billones de pesos.

Aunque se trata de un azote histórico para el país, lo cierto es que, como nunca antes, el fenómeno había estado en la mira de los colombianos y en la de la justicia. Así, por causa de los sobornos de Odebrecht –que ya superan los 88.000 millones de pesos–, la plata robada en los capítulos departamentales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) –que la Contraloría calcula en más de 60.000 millones–, el caso Reficar (610.000 millones) y el megaescándalo de la venta de decisiones judiciales en la Corte Suprema, no ha pasado prácticamente un día sin que los medios registren una noticia sobre corrupción.

Pero que la justicia esté tocando sectores que venían cuestionados hace años (como la cúpula de la justicia) no implica necesariamente que las condenas dejen satisfechos a los colombianos.

De hecho, esta semana, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien fue el primer capturado por el escándalo de Odebrecht y recibió sobornos por 6,5 millones de dólares, recibió el martes una condena de cinco años y dos meses de prisión tras la negociación lograda con la Fiscalía.

Dos días después quedó en firme el principio de oportunidad del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por el saqueo al departamento por más de 70.000 millones de pesos y quien aseguró una sentencia de cinco años y dos meses de prisión.

Lyons Muskus, cuyo testimonio permitió destapar el escándalo de corrupción que enreda a varios magistrados, no será investigado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por los que habría recibido una pena de más de 15 años de cárcel. Y permanecerá libre en Miami hasta que termine de declarar en el juicio contra el

Federico Gaviria en el 2013 recibió el principio de oportunidad por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, por el que no pagó pena, y luego terminó capturado por Odebrecht

Incluso hay reincidentes que aspiran a repetir beneficios, como Federico Gaviria, quien en el 2013 recibió el principio de oportunidad por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, por el que no pagó pena, y luego terminó capturado por Odebrecht. Gaviria busca de nuevo gabelas judiciales.

Estas sanciones han llevado al mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a reconocer esta semana que aunque no es amigo del aumento de las penas, había que dar ese debate para enfrentar la corrupción.

Expertos consultados por EL TIEMPO consideran que el problema no son las penas, sino los beneficios existentes en la ley que siguen haciendo creer a los corruptos que pueden salirse con la suya.

Como ejemplo ponen el hecho de que haya en el papel condenas suficientemente altas: la sentencia de 24 años de cárcel impuesta al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y el aumento de la condena a casi 20 años de cárcel que hizo la Corte Suprema en el caso de Miguel, Manuel y Guido Nule.

El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar dice que las penas vigentes son adecuadas
y asegura que si bien se deben revisar las gabelas, hay que garantizar que la plata apropiada sea recuperada.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señala que se requieren sanciones más ejemplarizantes, no solo penales sino sociales, para los corruptos. Asegura que aunque la lucha contra la corrupción se ha ido fortaleciendo, en el ambiente queda la idea de que los procesados pueden seguir negociando hasta con la justicia.

En ese sentido, dice que no es un buen mensaje dar casa por cárcel a condenados por delitos de corrupción, pues en muchos casos la plata que se roban es la destinada a las poblaciones más vulnerables.

Frente a estrategias como las de los senadores Musa Besaile y Bernardo Elías Vidal, presos por corrupción y que ya tienen listos a familiares para quedarse con sus curules, Hernández afirma que el control social debería impedir que los protagonistas de casos de corrupción sigan en el poder a través de personas cercanas.

Es la misma historia de decenas de ‘parapolíticos’ que, a pesar de investigaciones y condenas, siguen teniendo representación en el Congreso. Es el caso de Andrés García Zuccardi, hijo de la exsenadora Piedad Zuccardi, investigada por ‘parapolítica’, y sobrino de Álvaro García Romero, que no obstante estar condenado por su vinculación con la masacre de Macayepo, aspira a repetir curul en el Congreso.

Esos sectores poderosos, dice Antonio Aljure, exdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, son los que hasta ahora se sentían a salvo de la justicia. “La corrupción siempre ha existido, lo que es especial es que se descubrió que era una empresa criminal dedicada a eso. Una empresa del más alto nivel”, sostuvo Aljure.

El control social debería impedir que los protagonistas de casos de corrupción sigan en el poder a través de personas cercanas.

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño agrega que ante la inoperancia histórica del sistema judicial, se ha creado la percepción de que el riesgo de terminar procesado es bajo frente a las ganancias que se puedan lograr. “Hay que hacer más efectiva la investigación, mejorar las capacidades de fiscales y peritos; allí es donde está el cuello de botella. Los corruptos no le tienen miedo a la pena sino a la posibilidad de ser descubiertos”, dice Córdoba Triviño.

En la misma vía, Juan Fernando Córdoba, decano de derecho de la Universidad de La Sabana, señala que durante años, los gobiernos y la sociedad no le dieron importancia a la administración de justicia y su fortalecimiento, y esto llevó a la idea de que se podía delinquir con impunidad.

Justicia, al banquillo

El 27 de junio, hombres del CTI capturaron a Luis Gustavo Moreno, un joven abogado cuya carrera venía en ascenso y quien lideraba la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía.

Esa captura del hombre que se presentaba como el adalid de la lucha contra los falsos testigos destapó una de las investigaciones más graves por hechos de corrupción que sigue tocando a poderosos en la Rama Judicial y en la política del país.

Las exigencias realizadas por Moreno y su socio Leonardo Pinilla al cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus evidenciaron la existencia de lo que la Fiscalía calificó de “una organización criminal de la que hacían parte los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos”, y el actual magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo. En un solo caso cobraron 2.000 millones de pesos por torcer la justicia.

Ricaurte se convirtió en el primer expresidente de una corte en ir a prisión, y la suerte de Bustos y del mismo Malo podría ser similar, ante la avalancha de testimonios e indicios en su contra. En el expediente aparecen enredados políticos como Musa Besaile y Álvaro Ashton (ya presos), el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el exmagistrado Camilo Tarquino y el exfiscal delegado Alfredo Bettin.

Odebrecht, el megaescándalo

Apenas 22 días después de que se hizo pública la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el pago de sobornos de Odebrecht, en Colombia se produjo la primera captura por ese escándalo mundial.

Tras la detención del exviceministro Gabriel García Morales se destapó una caja de Pandora que ya va mucho más allá de las coimas por 11 millones de dólares en dos contratos (la Ruta del Sol II y la adición Ocaña-Gamarra) que fueron reportados por las autoridades de EE. UU.

Hasta la fecha se han abierto en la Fiscalía 15 líneas de investigación por casos relacionados con Odebrecht. Van cuatro condenados, 41 investigados, 26 imputados, 15 personas privadas de la libertad, y la cuenta de los sobornos ya supera los 29 millones de dólares. Eso sin contar otros 10 millones acordados que quedaron sin pagarse. Los capítulos fiscales y disciplinarios también avanzan en la Procuraduría y la Contraloría.

Se han abierto en la Fiscalía 15 líneas de investigación por casos relacionados con Odebrecht. Van cuatro condenados, 41 investigados, 26 imputados, 15 personas privadas de la libertad

El expediente tiene preso al reconocido empresario José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (socio de Odebrecht en la Ruta del Sol); en casa por cárcel a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y dando explicaciones a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody.

También descabezó el poderoso clan de los ‘Ñoños’ (el senador Bernardo Elías está preso por haber manejado sobornos por al menos 17.000 millones) y dejó en evidencia que las dos campañas presidenciales del 2014 tuvieron apoyos financieros de Odebrecht que no fueron reportados. La carrera política de Óscar Iván Zuluaga recibió las esquirlas del escándalo, no obstante la polémica absolución en el Consejo Electoral, y la campaña Santos Presidente tiene a su exgerente, Roberto Prieto, en una complicada situación judicial que deberá ser resuelta por la Fiscalía en las próximas semanas.

En el capítulo más reciente se compulsaron copias contra los congresistas Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo Elías, Antonio Guerra, Álvaro Ashton, Sandra Villadiego, Martín Morales y Ape Cuello, cuyos nombres han sido incluidos en el grupo de los llamados ‘Buldócer’, porque se suponía que debían arrasar con cualquier obstáculo para Odebrecht usando su influencia.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación preliminar contra Benedetti, Ashton, Morales y Sandra Villadiego.

Un escándalo ‘multinacional’

Presidentes, expresidentes, vicepresidentes, ministros, aspirantes presidenciales y altos funcionarios involucrados en 12 países de América y África hacen parte del entramado de corrupción más grande de los últimos tiempos en el llamado caso Odebrecht, una investigación sobre la constructora brasileña del mismo nombre, que habría pagado millonarios sobornos a cambio de grandes contratos.

La constructora brasileña utilizó varias tácticas para asegurarse la construcción de obras de infraestructura, como el pago a personas con poder de decisión o intermediación y financiación de campañas políticas para asegurarse un favor posterior con gobiernos locales, el gobierno central y empresas públicas.

En Perú, el asunto es sensible, pues la firma reconoció el pago de “comisiones” a compañías ligadas al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien deberá dar explicaciones al Congreso. En ese país está detenido el expresidente Ollanta Humala, quien habría recibido pagos; se investiga a otros dos expresidentes, y el miércoles pasado, el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión al ser declarado culpable en la trama de sobornos de la firma brasileña.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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