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Cortes

'Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por voto'

El procurador Fernando Carrillo propuso intensificar la lucha contra la financiación ilegal de las campañas políticas.

El procurador Fernando Carrillo propuso intensificar la lucha contra la financiación ilegal de las campañas políticas.

Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO

Así lo aseguró el órgano de control tras el fallo que tumbó la destitución del exalcalde Petro.

Andres Garibello
La Procuraduría General de la Nación aseguró este viernes que mantiene la competencia de investigar y sancionar a los alcaldes y gobernadores y, en general, a los funcionarios elegidos por voto popular. El pronunciamiento se da dos días después de que el Consejo de Estado tumbara el fallo del Ministerio Público que destituyó a Gustavo Petro hace casi cinco años cuando era alcalde de Bogotá.

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"La Procuraduría General de la Nación mantiene la competencia que el ordenamiento jurídico le atribuye, con apego al debido proceso, para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular, como herramienta esencial de la lucha contra la corrupción, en momentos en que estos instrumentos no se pueden debilitar", señaló el Ministerio Público en un comunicado.
El Ministerio Público se ampara en que la Corte Constitucional le ha reconocido la competencia "para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular – con excepción de aquellos que se encuentren amparados por fuero, es constitucionalmente válida para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general, cuando se cometan las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima”.

La Corte Constitucional le ha dado a la Procuraduría la competencia para sancionar a los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular

El organismo de control, además, recuerda que el tribunal constitucional ya resolvió este debate jurídico en el 2015 cuando en la sentencia SU-355 señaló que "no es posible cuestionar o discutir la validez constitucional de la referida competencia de la Procuraduría".
El fallo del Consejo de Estado, que tumbó la inhabilidad de 15 años que pesaba sobre el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro desde diciembre del 2013, cuando la Procuraduría lo sancionó por supuestamente haber incurrido en tres faltas gravísimas durante el cambio del sistema de recolección de basuras, reactivó el debate sobre qué tanto la Procuraduría puede sancionar a funcionarios elegidos en las urnas.
Otro punto de discusión es si el fallo de los consejeros de Estado genera un precedente jurisprudencial que se podría aplicar a otros casos. De hecho, EL TIEMPO reveló ayer que hay al menos 11 alcaldes que están bajo la lupa de la Procuraduría por malversación de fondos y por presunta participación en política.
El debate se ha agudizado porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en su posición: la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo puede surgir por una condena de juez penal, mas no por sanciones administrativas o fiscales. Este mismo argumento fue esgrimido por esa corporación en el caso del entonces alcalde Petro para emitir medidas cautelares hace casi cinco años.
La reciente decisión del Consejo de Estado ha prendido las alarmas de los organismos de control porque le podría quitar dientes a la lucha contra la corrupción. 
Frente a la discusión, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, señaló que la postura de la Corte no es clara. “Me parecen delicadas las consecuencias porque significaría que todos los funcionarios de elección popular no tendrían control disciplinario”, dijo. Bernal insistió en que precisamente ahora, con los escándalos de corrupción, sería muy grave que el control disciplinario sobre esos funcionarios quedara en entredicho.
Por su lado, el contralor Edgardo Maya ha señalado varias veces que limitar los efectos de las condenas fiscales no pagadas (entre ellos, las inhabilidades para ser elegido) va en detrimento de las herramientas contra los corruptos. La Corte Constitucional está analizando el tema en una demanda que busca precisamente tumbar las inhabilidades que impone la Contraloría a los culpables del detrimento de recursos públicos.
Maya asegura que esa limitación apunta a garantizar que los funcionarios que han generado daños patrimoniales reparen a la Nación por sus actuaciones dolosas.
JUSTICIA Y ELTIEMPO.COM
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