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Cortes

Ultimátum de la Corte a 'procesos eternos' de extinción de dominio

El ejercicio de dicha atribución no lo autoriza para adelantar actuaciones probatorias por más de 15 años sin que haya decidido sobre la procedencia o improcedencia de la acción".

El ejercicio de dicha atribución no lo autoriza para adelantar actuaciones probatorias por más de 15 años sin que haya decidido sobre la procedencia o improcedencia de la acción".

Foto:Archivo particular

El alto tribunal aseguró que la Fiscalía debe resolver estos casos en un tiempo razonable.

Redacción El Tiempo
Miles de procesos de extinción de dominio que completan años, incluso décadas, sin fallo deberán ponerse al día por orden de la Corte Constitucional, que les acaba de dar un ultimátum a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura para que “diseñen y ejecuten un plan de acción que permita evacuar con observancia del principio de celeridad ese tipo de casos”.

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La Corte resolvió una tutela a favor de un palmicultor del Urabá chocoano que fue investigado por supuestos nexos con ‘paras’ y tiene una fortuna de 90.000 millones de pesos embargada desde el 2003. La Corte considera que la demora es “irrazonable” y exigió una decisión cuanto antes.
El ultimátum se extiende a otros casos, ya que de los 10.000 procesos de extinción son centenares los que completan años sin decisión. De hecho, a manos del Estado aún no llegan oficialmente propiedades como la Posada Alemana, uno de los bienes emblemáticos del capo Carlos Ledher y que desde mediados de los 80 fue ocupado.
Según la Corte, “existe un riesgo grave y cierto de que otras personas que atiendan procesos de extinción de dominio, iniciados desde hace más de 15 años y respecto de los cuales, en virtud del régimen de transición que fijó el nuevo Código de Extinción, enfrenten atrasos irrazonables como los que ha padecido el accionante, sin que se defina de manera definitiva la situación de sus bienes”.

Embargado desde 2003

La tutela la interpuso Antonio Nel Zúñiga, quien junto con su hermano Julio César empezó a ser investigado a comienzos de la década pasada por presuntos casos de desplazamiento en Chocó, ocupación de tierras y enriquecimiento ilícito. La última acción penal en su contra se dio en el 2010, cuando el tutelante fue capturado junto con 24 ejecutivos de nueve empresas palmicultoras señaladas de apoyar a Vicente y Carlos Castaño en los desplazamientos de miles de campesinos en Jiguamiandó y Curvaradó (1997).
El abogado de Zúñiga dijo que todos los procesos en su contra fueron archivados; que él tiene 66 años, que el proceso de extinción de dominio se abrió en el 2000 y que su patrimonio está congelado desde el 2003, sin una decisión de fondo.
La Corte no ordenó la devolución de los bienes, reiterando que establecer su legalidad es competencia de la Fiscalía, pero le ordenó a ese ente que en 30 días decida “si hay lugar o no a sustraer el dominio de sus bienes” y lleve el caso ante un juez o lo deseche. La Corte afirma que “no se compadece que las etapas del trámite, en especial lo que tiene que ver con la fase probatoria, persista ad infinitum, por cuanto la Fiscalía ha contado con más de 15 años para recaudar pruebas necesarias para fundamentar su hipótesis sobre la ilicitud de los bienes”.
Y agrega: “El Estado (...) tiene la obligación de privar del dominio a todo aquel que haya adquirido bienes con recursos ilícitos (...) Sin embargo, el ejercicio de dicha atribución no lo autoriza para adelantar actuaciones probatorias por más de 15 años sin que haya decidido sobre la procedencia o improcedencia de la acción”.
JUSTICIA
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