Cortes

En vilo, la participación en política de las Farc

Conclusión en Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales es que inhabilidades siguen vigentes. 

Partido de la Farc

La Farc anunció esta semana quienes serían sus candidatos a la Presidencia, Senado y Cámara.

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO

03 de noviembre 2017 , 03:50 p.m.

Este viernes se reunió por primera vez la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales creada por la Ley 1864 del 2017 para discutir el futuro de las inscripciones para las elecciones del próximo año.

La conclusión principal de la reunión en la que participaron, entre otros, el Fiscal, el Contralor, el Procurador, el Registrador y la vicepresidenta de la sección Quinta del Consejo de Estado, es que a pesar de que el acto legislativo para la paz 01 del 2017 suspendió las condenas contra los integrantes de las Farc, las inhabilidades siguen vigentes por lo que en las condiciones actuales los candidatos no podrían inscribirse o podrían ser perseguidos penalmente si lo hicieran.

Frente a esta situación la Comisión enviará comunicaciones a la Corte Constitucional, al Congreso y al Gobierno para que reglamenten el tema.

En ese sentido la Corte Constitucional -que está revisando el acto legislativo de participación en política- podría modular el artículo 20 donde se habla de la suspensión de las condenas más no de las inhabilidades. 

El registrador Nacional Juan Carlos Galindo indicó que las inscripciones políticas requieren la presentación de un certificado de inhabilidades, por lo que resaltó la urgencia de que se resuelvan esos vacíos pues los plazos de las inscripciones se vencen el 11 de diciembre.

Y es que teniendo en cuenta que la misma ley 1864 creó tipos penales para castigar la inscripción ilegal de candidatos, tanto las personas que se inscriban teniendo inhabilidades como los registradores podrían terminar siendo procesados penalmente.

La Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales fue creada mediante una ley de este año. Esta comisión debe sesionar mínimo una vez cada seis meses para evaluar, proponer y modificar la política criminal electoral. 

De esta comisión hacen parte el Fiscal General, el Ministro de Justicia, el Procurador General, el presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional, el Director General de la Policía nacional, tres integrantes del Senado de la Comisión Primera y tres integrantes de la Cámara de la Comisión Primera. 

JUSTICIA

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