Cortes

Condena de $ 2,1 billones pondría en jaque la reparación de víctimas

Tribunal de Sucre está a punto de fallar caso por el que se condenó al Estado por desplazamientos.

Condena al Estado

Si el Estado es condenado por el Tribunal, el abogado se quedará con 210.000 millones de pesos.

Foto:

Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

22 de mayo 2017 , 01:00 a.m.

El Tribunal Administrativo de Sucre está a punto de decidir en segunda instancia una polémica demanda que, de salir desfavorable para la Nación, implicaría que el Estado pague 2,1 billones de pesos.

El controvertido caso viene desde el 2005. En primera instancia, en enero del 2015, la jueza séptima administrativa oral de Sincelejo, Ligia del Carmen Ramírez Castaño, condenó a la Nación a pagarles a 44.568 personas esa suma por los daños que, supuestamente, sufrieron por desplazamiento forzado y la falta de atención del Estado. También ordenó pagarle al abogado que presentó la demanda, David de Jesús Fajardo Cardozo, el 10 por ciento de la condena por concepto de honorarios.

Esto significa que si el Estado es condenado por el Tribunal, el abogado se quedará con 210.000 millones de pesos, una cifra descomunal teniendo en cuenta que equivale al 30 por ciento del presupuesto que en un año el Gobierno tiene para reparar a todas las víctimas del conflicto armado (el presupuesto de este año fueron 700.000 millones).

Solo la cifra que espera ganarse el abogado permitiría atender la reparación administrativa de 17.647 hogares de cuatro personas, 70.588 víctimas. Y, los 2,1 billones de pesos servirían para indemnizar a 196.624 hogares, compuestos por 786.000 víctimas de desplazamiento. También podría usarse para construir 47.862 viviendas para familias desplazadas o para costear las ayudas humanitarias para tres años.

Con esas cifras, la Agencia de Defensa Jurídica cree que, de confirmarse la sentencia en segunda instancia, “se pondría en serio riesgo la política de reparación administrativa a las víctimas del conflicto”.

Denuncias

Las presuntas irregularidades durante el fallo llevaron a esa entidad a interponer dos denuncias disciplinarias en el Consejo Superior de la Judicatura: una contra la jueza Ramírez Castaño y otra contra Fajardo, el abogado que presentó la demanda.

La queja disciplinaria contra la jueza, por abusar de sus derechos o extralimitar sus funciones, dice que para fundamentar la decisión, Ramírez se limitó a citar una sentencia del 2004 de la Corte Constitucional sobre desplazamiento “sin realizar ningún tipo de consideración o motivación aplicada al caso concreto”.

“En la sentencia no se encuentra argumentación ni prueba alguna para demostrar por qué la administración tenía la capacidad de evitar 1.142 desplazamientos forzados, originados en épocas y espacios geográficos diferentes”, dice la queja.

A la entidad le llama le atención que, a diferencia de otras condenas contra el Estado en donde se especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los éxodos, en los cuales las víctimas tienen una conexión, en este caso los hechos no fueron aclarados. Esto, dice la entidad, porque “sitúan su ocurrencia desde 1998 al 2003 en ocho departamentos: Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Nariño, La Guajira, Cesar y Córdoba”.

La queja disciplinaria contra Fajardo sostiene que obró de mala fe en el ejercicio de su profesión porque su demanda “carece de fundamentos jurídicos”, pues se “basa en afirmaciones imprecisas y sin pruebas”. La Agencia asegura además que en el proceso, el abogado “ha hecho afirmaciones abiertamente malintencionadas, infundadas y que denotan falta de ética profesional”.

Honorarios de escándalo

El abogado representaba a menos de medio centenar de familias de Sincelejo (365 personas). El fallo de la jueza, que según la Agencia Jurídica no demostró la responsabilidad del Estado en los desplazamientos, sorprendentemente decidió extender el número de beneficiados al total de personas inscritas en el registro de desplazados del municipio: 44.568 personas.

De esta manera, también multiplicó por miles los honorarios del abogado Fajardo Cardozo, que corresponderían al 10 por ciento del valor de la demanda. En este caso, una acción de grupo.

JUSTICIA

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA