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Cortes

Las polémicas decisiones que abren huecos en el sistema judicial

En el Tribunal Superior de Bogotá se imputaron cargos a los tres magistrados del Meta señalados de actos de corrupción.

En el Tribunal Superior de Bogotá se imputaron cargos a los tres magistrados del Meta señalados de actos de corrupción.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

Fallos amañados para conceder pensiones, entre el dosier de Fiscalía contra funcionarios de la rama.

Juan Carlos Rojas
Tras el año de mayores cuestionamientos a la Corte Suprema en toda su historia –por el escándalo de los dos expresidentes y un magistrado activo de ese tribunal enredados en supuestos sobornos–, el 2018 arranca con varias decisiones judiciales polémicas.

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La más sonada ha sido la del juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla David Hassan Saade Morad, quien esta semana ratificó su orden de enviar a casa por cárcel a la cuestionada empresaria del chance Enilse López, la ‘Gata’, que a pesar de tener una condena de 37 años por asesinato y paramilitarismo sigue por fuera de prisión.
Por efecto de esa decisión, la ‘Gata’ irá a su mansión en Barranquilla, donde se deberá habilitar una instalación médica para atenderla. Esto a pesar de que Medicina Legal considera que si López está tan grave como lo afirma, debería estar en una instalación médica como lo ha hecho en los últimos siete años y no en su casa. El juez, incluso, ordenó investigar al director de Medicina Legal, Carlos Valdés, uno de los científicos más reputados del país, por supuestas irregularidades en contra de la ‘Gata’.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que independiente del concepto médico, el Código de Procedimiento Penal establece que antes de recibir una gabela como la casa por cárcel se debe garantizar la reparación de los daños ocasionados, a no ser que se demuestre la incapacidad material de hacerlo por parte del responsable. El Tribunal de Bogotá, con ponencia del magistrado Juan Carlos Garrido, condenó a López al pago de perjuicios morales por 500 salarios mínimos a Mabel María Ochoa, viuda del vigilante Amaury Fabián Ochoa, asesinado por orden de la empresaria. Ese pago nunca se hizo.
También esta semana, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, cuestionó decisiones de varios jueces de garantías que dejaron en libertad a peligrosos atracadores.
“En tres casos diferentes, la Policía capturó a siete delincuentes por hurto agravado en los que se puso en riesgo la vida de diferentes ciudadanos. Tras ser presentados ante jueces, los siete fueron dejados en libertad”, denunció el funcionario. Las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín, en asocio con la Fiscalía, vienen liderando una campaña para lograr que los jueces cumplan la ley de pequeñas causas, que impone que si un capturado en delitos como hurtos y atracos tiene antecedentes similares en los últimos cinco años, no hay opción diferente a enviarlo a la cárcel.

Huecos jurídicos

El poder conferido por la ley para proteger derechos fundamentales de los procesados a los jueces de garantías –que son los que legalizan las capturas, pero no conocen de fondo los procesos– y los de ejecución de penas (que determinan cómo se cumplen estas) ha terminado en muchos casos por afectar la misma administración de justicia. No se trata necesariamente de actuaciones ilegales. Pero, señalan analistas, el excesivo garantismo está llevando a que los derechos de la ciudadanía estén por debajo de los de los criminales que atentan contra ella.
La Fiscalía prepara capturas por un escándalo similar al de la red de corrupción en el Meta en el que están salpicados desde jueces y funcionarios regionales de Medicina Legal, el Inpec y el CTI hasta magistrados de tribunal. Así, cuando las condenas eran ineludibles, acudiendo a polémicos conceptos médicos o a la supuesta condición de cabezas de familia, delincuentes lograban casa por cárcel. Algunos, incluso, obtenían permisos de trabajo, a pesar de su peligrosidad.
Uno de esos servicios, dice la Policía, fue el que utilizó Danit Darío Doria, alias Bacalao, sobrino de alias Cuchillo, y quien pese a sus antecedentes logró una polémica gabela de casa por cárcel. Supuestamente debía estar en Villavicencio y con controles periódicos del Inpec, pero apareció al otro lado del país, entre los clientes del bar de Caucasia (nordeste antioqueño) que fue atacado con una granada a finales de diciembre pasado. Las autoridades dicen que el atentado era contra él e investigan si se originó en una ‘vendetta’ por narcotráfico y minería ilegal.
En todo el país hay capturas de funcionarios judiciales. En ese dosier aparecen procesos como el del juez segundo penal municipal de Montería, Córdoba, a quien la Fiscalía imputó cargos por dejar en libertad en mayo pasado a José Miguel Demoya, alias Chirimoya, señalado integrante del ‘clan Úsuga’ y quien había sido capturado por la policía en abril del 2015.
También está el juez primero civil de descongestión de Bogotá Regino Antonio Mendoza, a quien la Fiscalía le imputó el cargo de prevaricato por dejar en libertad en septiembre del 2016 a José Esteyman Poveda, capturado por petición de la Sexta Corte Federal de Santos (Brasil), por cargos de narcotráfico. El juez amparó los derechos a la libertad, dignidad y debido proceso del extraditable al considerar que la Fiscalía incumplió el término de cinco días previsto para decretar la captura. La decisión fue revocada un mes después.
Pero no solo por favorecer a integrantes de bandas criminales hay procesos en curso contra jueces. También aparecen investigaciones como la del juez de Santander Francisco Rogelio Niño, quien se habría asociado con otros dos funcionarios del despacho y dos abogados para cometer irregularidades en procesos de remates de bienes por cerca de tres mil millones de pesos.
Y están siendo procesados los jueces Elizabeth Quejada Mayo y Shara Eva Córdoba como supuestos integrantes de una red de falsificación y montaje de calificaciones, monografías de grado y diplomas de abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó. Esa organización habría graduado irregularmente a un centenar de abogados.
Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, asegura que no se puede estigmatizar a todos los jueces del país y que la mayoría son funcionarios honestos que están cumpliendo con sus deberes. Sin embargo, reconoció que la rama enfrenta una crisis sin antecedentes y que se requieren decisiones de fondo.
Indicó que desde el mismo Consejo Superior de la Judicatura no hay claridad en los nombramientos de los funcionarios y que la provisionalidad en los despachos termina por afectar las decisiones. “Se debe recuperar la credibilidad en la justicia, pero, entre tanto, no se puede pretender cuestionar todas las decisiones judiciales con señalamientos de corrupción”, dijo Machado.

Se debe recuperar la credibilidad en la justicia, pero, entre tanto, no se puede pretender cuestionar todas las decisiones judiciales con señalamientos de corrupción

Mario Narváez, coordinador de jueces de ejecución de penas de Bogotá, señaló por su lado que hay vacíos en la normatividad que deben aplicar los funcionarios judiciales, pero que siempre la responsabilidad completa se achaca a los jueces.
“Yo me aterro porque veo a mis compañeros trabajando, estudiando, angustiados de que no se venzan los procesos. Entonces no sé cuánta corrupción pueda haber, pero yo conozco a muchísimos funcionarios honestos”, señaló Narváez.
Uno de los últimos enredados en el expediente contra la Rama Judicial fue el juez penal del circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, Germán Javier Giraldo Herrán, capturado a finales del año pasado en el parqueadero de una clínica del occidente de Bogotá cuando recibía una maleta con 900 millones de pesos, que, según la investigación, había exigido al abogado César Augusto Moya “para favorecerlo en decisión judicial” en un caso que estaba en su despacho.
El abogado es investigado por la Fiscalía por millonarios pagos que le hizo la Universidad de Cundinamarca por una asesoría que le prestó a la entidad en un litigio con la gobernación del departamento.

Sanciones a 320 jueces ha impuesto la Judicatura

Entre enero del 2013 y diciembre del año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura impuso sanciones a 320 jueces, las cuales van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilidad.
En la extensa lista aparece el destituido juez 22 civil municipal de Barranquilla Abelardo Tercero Andrade Meriño por ordenar la libertad del condenado exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar en abril del 2015. Cinco meses después de su captura por el caso del exmandatario de La Guajira, la Corte Suprema dejó en firme una condena de diez años de cárcel contra el juez por emitir un fallo que ordenaba al Seguro Social pagar 248 millones de pesos a una clínica que solo existía en el papel.
También fue destituido el juez de Canalete, Córdoba, Ángel Alfredo Castro Durán, capturado y señado de integrar un cartel de funcionarios y particulares que se lucró con fallos de pensiones que beneficiaron a extrabajadores de Telecom. El descalabro ronda los nueve mil millones de pesos. Por ese mismo caso fue destituida la juez promiscua de Lorica Blanca Rosa Ramos Correa, condenada a 12 años de prisión.
Igualmente aparece destituido e inhabilitado por diez años el juez Baldomero Ramón Rojas por ordenar irregularmente la libertad de tres personas que habían sido capturadas por la Policía en flagrancia vendiendo material pornográfico infantil.
La misma sanción fue impuesta al juez promiscuo municipal de Córdoba, Bolívar, Libardo de Ávila Chamorro, capturado en agosto del 2014 por dejar en libertad a Manuel Antonio Salas Troya, requerido en extradición por cargos de narcotráfico por una corte federal de los Estados Unidos, argumentando que tras su captura no fue objeto de control de garantías.
El mismo juez dejó en libertad a Óscar Almanza Parra, procesado por seis homicidios y señalado jefe de ‘los Urabeños’ en Santa Marta, y antes había ordenado la libertad de Jesús María Aguirre Gallego, ‘Chucho Mercancía’, quien hoy sigue delinquiendo.

La purga en la justicia de los Llanos

Al menos 3.000 millones de pesos habrían recibido tres magistrados del Meta, contra quienes en los próximos días empezará el juicio en la Corte Suprema de Justicia por favorecer en sus providencias a los integrantes de una red que traficaba con fallos judiciales.
De acuerdo con la Fiscalía, Alcibíades Vargas Bautista, hoy detenido; Joel Darío Trejos Londoño, en prisión domiciliaria, y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, en libertad, pero todavía vinculado a la investigación, terminaron beneficiando a delincuentes como Farid, integrante de la banda de ‘Pijarvey’, quien desde que se le otorgó el beneficio de casa por cárcel está prófugo de la justicia. Alias Cesarín, ‘Sofía’ y ‘Mano Picha’, otros delincuentes de los Llanos, también resultaron beneficiados por los funcionarios judiciales.
Según la investigación, los procesados no solo habrían tomado directamente decisiones favorables contra integrantes de bandas criminales, sino que archivaron procesos contra los jueces que estaban llevando a cabo la práctica de intercambiar libertades o prisiones domiciliarias por plata.
Es el caso de los jueces Luis Ever Salazar, de Guamal, Meta, y Eduardo Renzo Ovalle, juez segundo de ejecución de penas de Guaduas, Cundinamarca. En el proceso hay además otras 19 personas, entre investigadores del CTI, fiscales, funcionarios del Inpec y de juzgados, abogados y particulares, a quienes ya se les imputaron cargos.
Según la Fiscalía, José Everto López, alias Caracho, condenado por delitos que cometió como parte de la cúpula del Erpac, estaba tramitando con la red de corrupción gabelas dentro de la Ley de Justicia y Paz, de la que no es beneficiario.
Uno de los funcionarios judiciales procesados es Wilder Rafael Hernández, escribiente del Juzgado Segundo Penal del Circuito, quien habría exigido dinero en repetidas ocasiones a una persona entre los años 2015 y 2017, para no subir una orden de captura en su contra al sistema judicial.
En noviembre fue ratificada por la Corte Suprema la condena de 9 años de prisión contra el juez Jaime Enrique Niño Ojeda, por tres casos de prevaricato. Uno de ellos por ordenar la entrega de 409 cabezas de ganado a una persona diferente de la propietaria.
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