Cortes

'La Jurisdicción Especial para Paz prevalece sobre justicia indígena'

La Corte ordenó el traslado de indígena guerrillero de las Farc a una zona de reincorporación.

Consejo de Estado

La demanda había sido interpuesta por el ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta.

Foto:

Óscar García / ELTIEMPO

07 de noviembre 2017 , 10:41 p.m.

“Dada la naturaleza de lo acordado en el proceso de paz y los objetivos de reconciliación y de construcción de paz”, la Jurisdicción Especial de Paz prevalece sobre las demás.

Así lo señaló el Consejo de Estado al ordenar a la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, en Cauca, que permitan el traslado de un indígena guerrillero de las Farc a la zona veredal transitoria de Buenavista, ubicada en el municipio de Mesetas, en ese mismo departamento, donde se encuentran los integrantes de esa organización que ya fueron condenados por la justicia, pero que llevan menos de cinco años detenidos.

El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez, señala que la justicia indígena no es absoluta. “Aunque la Jurisdicción Especial Indígena es una de las manifestaciones del pluralismo presente en la Constitución, del reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y de la diversidad étnica y racial, lo cierto es que dicha autonomía y dicha Jurisdicción se enmarcan dentro de los límites de la Constitución y de la ley; y para efectos del caso, de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz y su marco legal”.

La sentencia cobija a Jhon Jairo Mayorga Suárez, condenado por la justicia indígena a pagar una pena de 40 años de privación de la libertad por el homicidio del médico tradicional Venancio Taquinás Dagua, del Resguardo de Jambaló (Cauca), el 18 de abril del 2013. Mayorga fue capturado junto con otros seis guerrilleros por el asesinato, y desde entonces se encuentra recluido en un centro penitenciario a cargo del Inpec bajo la figura de “patio prestado”.

Frente a la solicitud de Mayorga de someterse a la JEP, la Asociación de Cabildos respondió que la sentencia no se dio por ser integrante de las Farc sino por haber asesinado a un integrante de la comunidad, quien, incluso, formaba parte de la Guardia Indígena.

Aunque la Corte les da la razón a los resguardos con respecto a que el delito no es político ni conexo –por lo que no procede la amnistía de iure–, asegura que en este caso sí es valido el traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (reglamentado en el decreto 277 de 2017). Mayorga lleva cuatro años y medio detenido y no los cinco que estableció el acuerdo de paz para pedir la libertad condicionada.

El fallo precisa que la Jurisdicción Indígena no puede de ninguna manera impedir el traslado de Mayorga porque los acuerdos de paz no condicionaron esa posibilidad a tener su anuencia.

En una decisión anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca consideró que el conflicto de competencias debía ser resuelto conjuntamente entre la justicia indígena y la justicia especial de paz. Sin embargo, el Consejo de Estado afirmó que en la actualidad esa no es una opción porque no ha entrado en vigencia la JEP y no hay certeza de la fecha en la que lo hará, por lo que “resulta desproporcionado obligar al accionante a que espere indefinidamente en el tiempo hasta que dicha justicia empiece a funcionar, para luego trabar el conflicto de competencia”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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