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Cortes

ICBF denunció 4 contratistas de alimentación escolar en La Guajira

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Cristina Plazas, directora del Instituto, dijo que no están dando un servicio adecuado a los niños.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía contra cuatro operadores de alimentos en La Guajira por presuntas irregularidades en los servicios de alimentación a la primera infancia.
Los operadores denunciados son la Asociación de Autoridades Indígenas Wayuú de la Zona de la Makuira, la Asociación Arregopine (hoy Fundación Asouta Sau Wayuú), la Fundación Kootirrawa y la Unión Temporal Watwpichin.
De acuerdo con Plazas, en visitas hechas por la oficina de aseguramiento de la calidad y los equipos de supervisión se encontraron con que esos operadores no tienen un proyecto pedagógico, no atienden a los niños en los días dispuestos y tampoco hacen los controles de peso y talla a los menores.
Los funcionarios pudieron evidenciar que los contratistas atienden a menos niños de los que reportan y no están activando la línea de desnutrición.
Plazas destacó que uno de los principales problemas que tiene La Guajira es la corrupción y que desde el ICBF se pondrán en práctica diferentes estrategias para combatirla. En la denuncia presentada a la Fiscalía, la funcionaria indicó que los servicios de alimentación entregada a los niños no corresponden con los parámetros definidos por el Instituto.
Así mismo, señaló que los niños que se encuentran en los programas del Bienestar Familiar no han padecido problemas de desnutrición.
“Con todo esto, decidimos presentar la denuncia, porque no se trata solo de incumplimiento de contrato, sino de violación de los derechos”, dijo Plazas, quien agregó que no permitirá que los operadores recurran a las vías de hecho, haciendo referencia a las tomas llevadas a cabo en las vías férreas de la región para exigir que les sean otorgados más contratos.
La funcionaria recalcó que el trabajo que se ha realizado en conjunto con la Fiscalía ha sido próspero por lo que hasta el momento 34 personas han sido capturadas por irregularidades en servicios de alimentación, así como dos directores regionales que están siendo judicializados por esos mismos hechos. 
"Hemos capacitado a muchos investigadores para que podamos llegar al fondo del delito, lo triste es que cuando llega a muchos juzgados las personas terminan con casa por cárcel y estos bandidos deberían estar en una cárcel y no gozar de privilegios", dijo.
JUSTICIA 
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