Cortes

Guerrilleros dicen que solo seguirán testificando ante la JEP

Fiscales advierten que hay procesos frenados en la justicia ordinaria por falta de declaraciones.

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La orden del secretariado de las Farc es que los intergrantes con procesos pendientes no acudan a audiencias ni a juicios.

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Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

06 de febrero 2017 , 01:32 a.m.

El proceso por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc y el juicio por secuestro al cuestionado coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo son solamente dos de los casos afectados por la inasistencia de testigos o acusados que aspiran a tener cupo en la nueva justicia especial para la paz.

El primero que se negó a declarar fue Darwin Lisímaco Betancourt Muñoz, ‘Camilo’, quien formó parte del bloque Oriental de las Farc y que luego de ser capturado por las autoridades terminó como informante de la Brigada 13 de Bogotá a finales de los años 90, cuando oficiales de esa unidad militar, aliados con paramilitares, cometieron crímenes como el del periodista Jaime Garzón.

Betancourt Muñoz fue procesado, junto con el coronel Plazas Acevedo, por el sonado secuestro del industrial Benjamín Khoudari en octubre de 1998, y ahora es testigo contra el exuniformado por otro secuestro perpetrado por la misma red de militares, guerrilleros y hasta paramilitares.

Sin embargo, en una audiencia realizada en los juzgados especializados de Bogotá, el testigo no accedió a ser interrogado en el juicio. “No pienso declarar en ningún juicio ni en ninguna audiencia, ni nada, por la sencilla razón de que estoy pedido en el listado general de las Farc y próximamente saldremos para las zonas de concentración”, señaló.

Y agregó: “Allá, el señor coronel, mi persona y otras personas implicadas tenemos que hablar muy honestamente y transparentemente si queremos de verdad que se nos apliquen las penas alternativas”.

Ante la insistencia del juez del caso, que le exigía decir las razones para no declarar, el testigo respondió: “La orden del secretariado (de las Farc) no es particular; la orden es que todos los que tenemos procesos pendientes y que estamos en el listado de las Farc no hagamos más (declaraciones), no acudamos a audiencias ni a juicios porque todo irá a la Justicia Especial para Paz."

Durante la diligencia, el juez le aclaró al guerrillero que ni siquiera se ha creado el Tribunal de Paz y que mientras entra en funcionamiento, los procesos deben continuar. “Si usted no declara, estaría en desacato (…). El tribunal no ha dado la orden de suspender el juicio o que se envié al Tribunal (de Paz). Por eso, usted sí debe declarar, es un deber. Este proceso está activo en este juzgado (…) y es deber de este juzgado tramitar lo pertinente hasta tanto reciba la orden del Tribunal”, aseguró el juez.

A pesar del requerimiento del funcionario judicial, el exguerrillero respondió: “Como le dije, ya la orden está tomada, hay una orientación y no vamos a hacer más declaraciones”.

Al llamar a declarar al sargento (r) Davilco Guerrero, que formaba parte de una temida red delincuencial, también se negó. “Estamos en un proceso de paz y estos casos van a ser objeto de una jurisdicción especial”, argumentó.

EL TIEMPO consultó a fiscales de despachos en los que son testigos o procesados guerrilleros y exparamilitares, y señalaron que se ha disparado el número de audiencias aplazadas porque estas personas dicen que deben esperar la entrada en vigencia de la JEP.

Otro proceso afectado es el juicio contra el ex comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, y otras seis personas por la falsa desmovilización de 62 supuestos miembros del Cacica La Gaitana de las Farc, ocurrida el 7 de marzo del 2006 en Alvarado, Tolima.

La Fiscalía imputó cargos en febrero del 2012 y el proceso apenas va en la etapa preparatoria del juicio. En la última audiencia solicitó aplazamiento la defensa de Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’, acusado de ser uno de los cerebros de la falsa desmovilización y encargarse desde su celda en la cárcel La Picota de conseguir a los supuestos integrantes de las Farc.

Su abogado manifestó que hasta ese día asumía como defensor de ‘Olivo Saldaña’ y que “era pertinente acogerse a la Ley 1820 emitida por el Congreso en diciembre del 2016, que enmarca amnistías, indultos y procesos especiales para personas que integraron el grupo”.

Al término de la diligencia, los coroneles Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza, procesados en el caso, pidieron celeridad a la justicia. Afirmaron que llevan cinco años asistiendo a las audiencias y el proceso no avanza. “Llevamos el tercer juez y por lo que veo y presumo vamos a seguir así eternamente”, dijo el coronel Castellanos.

Juan Fernando Córdoba, decano de derecho de la Universidad de la Sabana, afirma que “es importante que todos presten su colaboración en los procesos que llevan ante la justicia ordinaria. Pero igualmente se debe agilizar el trámite en el Congreso sobre la justicia especial, para resolver esta dificultad”.

JUSTICIA

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