Cortes

La onda ecológica que contagió a las altas cortes

En diferentes fallos, han protegido los derechos de los animales, ríos y páramos.

Oso andino Chucho

La Corte Constitucional ordenó que Chucho, el oso andino, sea trasladado a una reserva natural.

Foto:

Jonh Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Hace casi dos semanas, por primera vez en la historia judicial del país, un animal ganó un 'habeas corpus' para salir de un zoológico y ser trasladado a una reserva natural.

Más allá de la polémica, –pues algunos sectores han sostenido que Chucho, el oso andino favorecido por la decisión, estaba mejor en cautiverio en el zoológico de Barranquilla–, el fallo es clave en la defensa de los derechos de los animales.

La decisión reconoce que estos seres tienen derechos, igual que los humanos, y asegura que son seres sintientes, “legitimados para exigir, por conducto de cualquier ciudadano, la protección de su integridad física, así como su cuidado, mantenimiento o reinserción a su hábitat”.

Aunque ese mismo día se conoció que un juez de Santander había negado una tutela de un perro para garantizar su derecho a la salud (considerándola improcedente), lo cierto es que en la última década la justicia se ha volcado a reconocer cada vez más derechos medioambientales basándose en lo que los magistrados llaman Constitución Ecológica.

La primera vez que la justicia habló de esa figura fue en 1992, cuando la Corte Constitucional estudió una tutela contra el cierre de un molino en Granada, Meta, que estaba afectando a la comunidad y al medioambiente, ya que los desechos producían enfermedades y contaminación.

En ese momento, el alto tribunal recordó que mientras que hay 30 artículos en la Constitución que protegen derechos fundamentales de los seres humanos, hay 34 artículos a favor de la naturaleza, por lo que la Carta Magna es en esencia verde. Allí estableció que “la protección al ambiente no es un amor platónico hacia la madre naturaleza, sino la respuesta a un problema que, de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte”.

Estas son algunas de las decisiones que han mantenido esa línea ecológica en los últimos años.

Tenencia de animales silvestres

En una decisión del 2015, el Consejo de Estado negó una tutela de una familia que aspiraba a que una autoridad les devolviera un mico aullador que les fue decomisado.

El alto tribunal aseguró que el Estado tiene la propiedad de la fauna silvestre, y solo es posible acceder a ellos a través de zoocriaderos “o de caza en las zonas permitidas, con permiso, autorización o licencia”. Esto, según el fallo, busca evitar “la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies para que no haya un deterioro ambiental”.

El río Atrato tiene derechos

Hace tres meses, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno iniciar una estrategia para recuperar el río Atrato. En ese fallo, el alto tribunal estableció que este río, su cuenca y sus afluentes son “una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración”. El fallo ordenó crear en tres meses una comisión de guardianes y una institución que represente a la cuenca para que se inicie un plan de descontaminación, se restablezca su cauce, se eliminen los bancos de arena formados por la minería y reforeste las zonas afectadas por esa actividad ilegal.

La Corte también le dio 6 meses al Gobierno para erradicar la minería ilegal en Chocó
e incautar las dragas y maquinaria, así como prohibir el transporte de mercurio.

Minería, fuera de los páramos

En febrero del año pasado, la Corte Constitucional prohibió la explotación minera en los 36 páramos del país, frenando 374 títulos en estas zonas protegidas. En esa decisión también le ordenó al Ministerio de Ambiente terminar la delimitación de los páramos con “el mayor grado de protección del ecosistema, ya que de ello dependen la eficacia de un derecho fundamental y, en particular, las garantías de calidad, continuidad y acceso al agua”.

La Corte también determinó que “la libertad económica es un derecho susceptible de ser limitado en aquellas situaciones en que pueda verse comprometido con fines constitucionalmente valiosos, entre los cuales se destaca el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico.

Glifosato daña el medioambiente

La Corte Constitucional ha mantenido la prohibición de usar el glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. Uno de los argumentos, además de la afectación a la salud, es el daño ambiental. Esa justificación ha sido sostenida por el Consejo de Estado, que le ordenó al Estado indemnizar a un campesino que perdió 50.000 peces por el uso del herbicida: “El empleo del glifosato tiene la potencialidad de producir daños ambientales indiscriminados, susceptibles de causar también perjuicios individuales”, dijo.

Prohíben las corridas de toros

En febrero, la Corte Constitucional le dio al Congreso un plazo de dos años para despenalizar las corridas de toros, tiempo en el cual se podrán seguir realizando. El alto tribunal consideró que entre las conductas que castiga la ley contra el maltrato animal se debían incluir las corridas, el rejoneo, las novilladas, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.

Los magistrados determinaron que una de las posiciones de la Constitución Ecológica es que los seres humanos no son los amos y dueños de la creación ni pueden disponer de la naturaleza a su antojo. “Solo a partir de una actitud de profundo respeto con la naturaleza y sus integrantes es posible relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, abandonando todo concepto que se limite a lo utilitario o eficientista”, dijo.

Respetar la vida de perros callejeros

En febrero del 2016, la Corte Constitucional negó la tutela de un ciudadano que buscaba que el Distrito destinara recursos para mantener a 25 perros callejeros que habían sido recogidos en el Parque Ecológico Distrital del Humedal de Capellanía, en Bogotá, con el fin de que no fueran sacrificados si no conseguían una familia.

Aunque el alto tribunal negó la tutela al considerar que no existen derechos fundamentales de los animales, determinó que las autoridades que los recolecten deben “proveerles tratamiento veterinario, alimentación y ponerlos en un proceso de adopción (...), preservando la vida animal y evitando todo tipo de maltrato y crueldad”.

Protección de playas y zonas de bajamar

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia le quitó a un particular la titularidad de una playa en Cartagena por considerar que se trata de un bien de uso público, ubicado en una zona de bajamar, en la ciénaga de la Virgen.

Según el alto tribunal, las leyes colombianas permiten que los recursos naturales renovables sean de propiedad privada “siempre que no estén considerados por la Constitución y la ley como inalienables, inembargables o imprescriptibles”. Este tipo de bienes son los que tienen un uso restringido por la fragilidad de su ecosistema.

JUSTICIA

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