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Cortes

El Consejo de Estado: 200 años entre la guerra y la paz

Jorge Ramírez (der.), presidente del Consejo de Estado, y Enrique Gil (izq.), ministro de Justicia, con el presidente Santos, durante los festejos del bicentenario.

Jorge Ramírez (der.), presidente del Consejo de Estado, y Enrique Gil (izq.), ministro de Justicia, con el presidente Santos, durante los festejos del bicentenario.

Foto:Cesar Carrión - Presidencia

El tribunal, creado en 1817 por Simón Bolívar, fue abolido dos veces. 

Juan Carlos Rojas
Las mujeres de vida pública, como llamaban a las damas que ejercían la prostitución en la Medellín de principios del siglo XX, tenían prohibido vivir cerca de iglesias, escuelas y plazas de mercado. Ante cualquier sospecha, la policía podía ingresar a las casas, lanzar a la calle a quien fuera por la fuerza y confiscar sus bienes sin orden judicial. Los facultaba una ordenanza expedida en 1914 por la Asamblea de Antioquia.
Pero los continuos abusos de la policía provocaron el rechazo de la gente y la norma fue demandada ante un tribunal que por esa época iniciaba funciones como supremo juez en conflictos entre los ciudadanos y las autoridades: el Consejo de Estado. Fue así como en una sentencia del 25 de julio de 1921 se ordenó anular la ordenanza cuestionada, por violar los derechos a la privacidad del domicilio de las personas, anticipándose 77 años a los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales que hoy amparan a los colombianos.
El episodio lo ha evocado por estos días en varios escenarios el magistrado Álvaro Namen Vargas. El Consejo de Estado, la corporación a la que pertenece, llega este lunes a sus 200 años, y esa sentencia a favor de las mujeres de vida pública, dice, “es una muestra del logro más importante que hemos conseguido en dos siglos de historia: la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los abusos o excesos de poder”.
El magistrado Namen forma parte de la Sala de Consulta del alto tribunal, la instancia que tiene por misión asesorar y orientar al Gobierno, las mismas funciones por las que, el 30 de octubre de 1817, el general Simón Bolívar lo creó por decreto en su cuartel general de Santo Tomás de Angostura, hoy llamada Ciudad Bolívar en su memoria.

Los tiempos de guerra

El Libertador calcó la fórmula de Napoleón y lo concibió como órgano asesor para dar forma a la naciente república. Pero también –coinciden los historiadores– le sirvió para aplacar la desconfianza entre los jefes militares que lo seguían en su aventura revolucionaria y conjurar eventuales conspiraciones.
Sin embargo, no fue sino hasta 1819, un año después de su creación, cuando el Consejo de Estado probó su efectividad. La corona española combinaba su ofensiva militar con un cabildeo diplomático para evitar el reconocimiento de sus colonias como Estados independientes, mientras a la Nueva Granada y Venezuela llegaron misiones de Estados Unidos y de Alemania para conocer la situación de primera mano. Bolívar necesitaba demostrar la validez de su causa. Entonces acudió a su nuevo equipo asesor, el cual le recomendó convocar elecciones generales.
En una memorable sesión, Francisco Antonio Zea, intendente general del ejército patriota y cabeza del Consejo de Estado, hizo el anuncio con un grito: “¡Colombia ha sido constituida, viva la constituida república de Colombia!”.
Tres años después, Zea caería en desgracia por un escándalo político. Acusado de apropiarse de una parte del dinero que había gestionado en Inglaterra para financiar la campaña libertadora, terminó destituido en la Convención de Ocaña. Concluidas las guerras de independencia, el Consejo de Estado mantuvo su labor asesora y de consulta. Los gobiernos que siguieron debían contar con su aval para endeudarse y tomar decisiones en materia de relaciones internacionales.
Pero también fueron épocas en que la pugna por el poder desataba feroces críticas y denuncias entre opositores, que eran ventiladas en la prensa de la época. Una muestra de eso aparece en una edición del periódico ‘El Patriota’ de mayo de 1823, en un artículo que afirmaba que los jueces y los ministros de Justicia recibían salarios entre 10.000 y 12.000 pesos anuales sin contar “el pago puntual de diezmos, primicias, cofradías, festividades, camaricos, ofrendas, entierros, etc., y más de lo que renieguen los pueblos”.
Por lo visto, las noticias poco han cambiado de esa época a hoy. Escándalos como el del ‘carrusel’ de pensiones, el ‘yo me elijo, tú me eliges’ y el ‘cartel de la toga’ también acaparan ahora la atención de la prensa.

Los cierres

Las intrigas políticas precipitaron el cierre del Consejo de Estado en 1843, durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán. Aunque la excusa fue la crítica situación financiera del país, en el fondo pesó la negativa del tribunal a concederle al Ejecutivo facultades extraordinarias para endeudarse con el fin de aumentar la Fuerza Pública.

Esa tensión con el poder, generada por sus funciones de control, siempre se ha mantenido, afirma el actual presidente del Consejo de Estado

Esa tensión con el poder, generada por sus funciones de control, siempre se ha mantenido, afirma el actual presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jorge Ramírez. “Nuestras decisiones judiciales y conceptos se han convertido a lo largo de todo este tiempo en un instrumento de la lucha contra la corrupción”, asegura.
Y cita un ejemplo, el más reciente, dice, el de los sobornos de la multinacional Odebrecht, que fue anticipado por el Consejo de Estado en varios de sus conceptos al Gobierno.
El presidente Rafael Núñez revive el tribunal en la Constitución de 1886 y le confiere funciones judiciales, las cuales estrena en 1904 con un fallo de condena a la Nación. En la decisión ordena recompensar con 160 pesos y 3 centavos a la compañía alemana Wurttembergische Transportversicherungs por la pérdida de una carga de café y cueros tres años antes, durante la guerra de los Mil Días.
El Consejo de Estado encontró culpable a la Nación por los desmanes en que incurrieron hombres al mando del general Nicolás Perdomo, quienes se apropiaron de la embarcación que transportaba la mercancía para trasladar unos heridos, y además saquearon la carga.
El alto tribunal vuelve a cerrarse en 1905. El general Rafael Reyes ordena abolirlo tras un choque político por un caso de pena de muerte y la negativa de autorizar un empréstito.
Regresa a la vida jurídica en 1910, y a partir de ese año se ha mantenido sin interrupción; aunque ha enfrentado batallas, como en 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente lo excluyó del diseño institucional del Estado.
El cabildeo ejercido por sus miembros no solo despejó las dudas de los constituyentes, sino que consiguió fortalecer esa jurisdicción en la nueva Carta Política. Desde entonces se le confirió el poder de disciplinar a los congresistas, despojarlos de su investidura y declararles la muerte política por faltas éticas.

La mujer, protagonista

Durante la Constituyente, la estrategia de defensa fue liderada por la consejera Consuelo Sarria, presidenta del alto tribunal en ese momento. De hecho, las mujeres han sido grandes protagonistas en esa corporación judicial. Esta alta corte posesionó a la primera mujer en Colombia –y la segunda en el mundo– que ejerció como magistrada, la abogada Aidé Linares Anzola, quien juró como magistrada 35 años después de que el Consejo de Estado estableció, en otra emblemática sentencia, el derecho de la mujer a ejercer cargos en la Judicatura. El fallo se dio en 1943, año en el que a las mujeres en Colombia se les prohibía votar.
Anzola sobrevivió al holocausto del Palacio de Justicia en 1985, afrontó con sus compañeros el impacto de reconstruir el alto tribunal de sus cenizas y soportó las intimidaciones desencadenadas a raíz de las decisiones administrativas que condenaron a la Nación por los desmanes de la Fuerza Pública en los hechos.
Pero no ha sido el único caso. Así lo retrata una publicación editada por la corporación en su bicentenario. Se trata de una compilación de casi mil fallos sobre violaciones de derechos humanos por parte del Estado, que en 525 páginas retrata a un país marcado por la guerra.

Tras dos siglos de existencia, los retos del Consejo de Estado están ahora enfocados en mejorar su eficiencia, señala su presidente Jorge Ramírez

Tras dos siglos de existencia, los retos del Consejo de Estado están ahora enfocados en mejorar su eficiencia, señala su presidente Jorge Ramírez. El tribunal combina el análisis jurídico y la interpretación de las leyes con teorías de alta gerencia y productividad para atender una demanda de más de 20.000 casos anuales y la salida de casi 32.000 procesos por resolver.
Sin embargo, hoy harán un alto en el camino y, en medio de los festejos por el bicentenario, terminarán por sellar una cápsula del tiempo, con imágenes, documentos y mensajes de magistrados y funcionarios para sus sucesores, que deberá ser abierto en las celebraciones de los próximos 100 años.

Años claves en los dos siglos de existencia del Alto Tribunal

1817
El 30 de octubre, el general Simón Bolívar crea el Consejo Provisional de Estado.
1843
El Consejo de Estado es abolido en el gobierno del presidente Pedro Alcántara Herrán.
1886
El Consejo de Estado es revivido por la Constitución de 1886 durante el gobierno de Rafael Núñez.
1905
Durante el gobierno del general Rafael Reyes es nuevamente abolido el Consejo de Estado.
1914
El Consejo de Estado surge como el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa.
GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
EL TIEMPO
Juan Carlos Rojas
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