Cortes

Doble instancia sigue causando líos en la Corte Suprema

Judicatura debe entregar esta semana 9 listas con 10 candidatos para magistrados de la Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia

Tras la convocatoria del Consejo Superior de la Judicatura se inscribieron 739 aspirantes.

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Milton Díaz / Archivo EL TIEMPO

09 de mayo 2018 , 10:41 p.m.

Desde este miércoles, según el cronograma con el que viene trabajando el Consejo Superior de la Judicatura, debían empezar a definirse las nueve listas de 10 candidatos, cada una, que le serán enviadas a la Corte Suprema para que elija a los nuevos magistrados que se encargarán de investigar y juzgar a los aforados en primera instancia.

Aunque en enero de este año, cuando entró en vigencia la ley que les permite a los altos funcionarios impugnar las primeras condenas, la Corte Suprema aseguró que las nuevas salas de instrucción y juzgamiento estarían listas en dos meses, los tiempos se han alargado más de la cuenta.

Tras la convocatoria del Consejo Superior de la Judicatura se inscribieron 739 aspirantes. Luego, la Judicatura llamó a entrevista a 130 para la Sala de Instrucción y 64 para la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.

Pese a que la Corte ha dicho que buscará hacer la elección con la mayor celeridad y ayer emitió un comunicado en el que informe que su compromiso es “elegir a los nueve mejores juristas que sean postulados”, la elección no tendría un camino fácil en el alto tribunal.

De las listas que le envíe la Judicatura, los magistrados tendrán que seleccionar a seis candidatos para la Sala Especial de Instrucción, y tres para la Sala de Primera Instancia.

A pesar de esa declaración, son varios los sectores que tienen temor de que la Corte repita la historia de las pujas de meses para llenar sus propias vacantes y los episodios de dilación a la hora de cumplir algunas de sus funciones electorales.

Ante versiones de medios que indicaban que en el alto tribunal supuestamente habría magistrados que estarían buscando que en las nuevas salas queden nombrados sus auxiliares, la Corte aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura “actúa de forma autónoma e independiente en la conformación de las listas de elegibles”.

Los magistrados dicen que “no es verdad que la Sala de Casación Penal se haya dividido para acordar, subrepticia y amañadamente repartir la nominación de las nueve plazas entre algunos abogados y auxiliares inscritos”.

Mientras tanto, la doble instancia sigue siendo una papa caliente. Como las nuevas salas aún no existen, la Sala Plena ha seguido llevando por lo menos 460 procesos contra aforados con el argumento de que la justicia no puede quedar paralizada.

Así, aunque en la práctica ya hay una ley que garantiza la doble instancia, la Corte ha seguido profiriendo fallos de única instancia que no tienen la posibilidad de una segunda revisión, como el que condenó recientemente a 5 años y 3 meses al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Pero la posición de seguir adelante no ha sido pacífica. Frente al menos 15 decisiones los acusados han pedido una doble instancia o que la Sala Penal se aparte de los casos porque simplemente ya no es competente. Y hay magistrados que comparten esa argumentación.

Uno de ellos es Eyder Patiño, quien durante meses se negó a presentar ponencia en procesos claves a su cargo como el del exgobernador Luis Alfredo Ramos, investigado por ‘parapolítica’, o el del exsenador Martín Emilio Morales Díaz, investigado por narcotráfico. Tuvo que hacerlo después de que la Sala Penal se lo ordenó.

Patiño asegura que la Sala ya perdió competencia y que todos los procesos que lleva deberían pasar a las nuevas salas. En una reciente decisión, sus colegas regañaron al magistrado y le dijeron que negarse a presentar ponencias equivalía a incumplir sus deberes.

La Corte le recordó que no hay ninguna norma que le permita suspender un proceso: “Un juez que se niega a administrar justicia no solo atenta contra deberes funcionales, sino quebranta garantías fundamentales como el acceso a la administración de justicia y el derecho a que se decida la situación judicial de un sindicado penalmente dentro de un plazo razonable”, le dijo.

Ante esas críticas, Patiño salvó su voto y dijo que su planteamiento no implica denegar justicia sino “la aplicación de la normativa más acorde con la garantía del debido proceso”. El argumento de Patiño es que si la Corte emite un fallo en primera instancia estaría “violando la Constitución”.

El magistrado les ha propuesto a sus compañeros una salida que, según él, es intermedia: modificar su reglamento y dividir la Sala Penal en tres grupos de tres magistrados: uno para investigar, otro para primera instancia y una más para conocer la impugnación.

¿Avalancha de tutelas?

Algunos abogados de acusados en la Corte han sostenido argumentos similares a los del magistrado Eyder Patiño. Así, si sus clientes llegan a ser condenados y no tienen la oportunidad de impugnar sus condenas, se podría venir una avalancha de tutelas ante la Corte Constitucional o demandas internacionales.

Otra papa caliente ha venido por cuenta de quienes tienen condenas en firme y piden su revisión, acudiendo al debido proceso y la garantía de la ley más favorable.

La Corte ya le ha tenido que responder recursos a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia; el exministro Andrés Felipe Arias o el excongresista Mario Salomón Náder Muskus, diciéndoles que sus casos ya hicieron tránsito a cosa juzgada y la ley no es retroactiva.

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