Cortes

Metas en reducción de congestión judicial no se lograron

Contraloría dice que los juzgados no cumplieron todas las metas para bajar el represamiento.

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Judicatura afirma que medidas de descongestión bajaron el inventario de casos en un 48 por ciento.

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Archivo particular

20 de septiembre 2016 , 12:26 a.m.

 A pesar de que entre el 2010 y el 2015 el Consejo Superior de la Judicatura invirtió 2,3 billones de pesos (el 17 por ciento del presupuesto de la Rama Judicial) en la descongestión de procesos en los juzgados, no se cumplieron las metas para lograr mayor agilidad en el sistema judicial.

(Lea: Corte Suprema pide crear cargos de descongestión para Sala Laboral)

Esa es una de las principales conclusiones de una auditoría de la Contraloría General sobre la gestión de la Sala Administrativa de la Judicatura en el 2015, organismo que se mantuvo vivo a pesar de los cuestionamientos sobre su ineficiencia, luego de que la Corte Constitucional tumbó al Consejo de Gobierno Judicial, institución creada por la reforma del equilibrio de poderes.

Entre las 179 irregularidades que detectó la Contraloría, se evidenció que el avance de los proyectos es tan lento que no alcanza a tener un impacto en la construcción de juzgados, el mejoramiento de la tecnología y la velocidad de los procesos judiciales. De hecho, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el órgano acusador tiene 15.000 audiencias listas para realizar ante la justicia ordinaria.

(Lea también: Detalles sobre la prórroga de los juzgados de descongestión)

Esto, pese a que de los 2,3 billones invertidos en los últimos cinco años, al menos 1,6 se usaron en contratar personal para los despachos judiciales, y 185.873 millones en gastos generales para adquirir equipos, o adecuar sedes y pagar arrendamientos. Solo 205.207 millones se usaron para inversión en el sector en materia de descongestión.

(Lea también: Fiscalía tiene en fila más de 15.000 audiencias)

Tomando solo las gestiones del año pasado, la Contraloría evidenció que la Sala Administrativa suscribió 15 acuerdos por 472.834 millones de pesos de los cuales el 95 por ciento se usaron para financiar 6.890 cargos de descongestión. Esos puestos fueron eliminados en diciembre del año pasado, luego de que la Judicatura decidió transformarlos en cargos permanentes, sin que hasta ahora haya resultados concretos.

(Además: Judicatura tenía la plata para evitar crisis de jueces: Minjusticia)

Aunque la Judicatura aseguró en el informe de rendición de cuentas que le entregó al Congreso en enero que las medidas implementadas en los últimos seis años sirvieron para disminuir el inventario de procesos en un 48 por ciento (el inventario final pasó de 3,1 millones de casos represados en el 2008 a 1,6 millones en el 2015), la Contraloría choca con esas cifras.

El organismo asegura que en las metas de descongestión del 2015 “se evidenció que la mayoría de despachos no cumplieron con el 100 por ciento de objetivos, situación que muestra ineficacia e ineficiencia en el proceso de descongestión de la justicia al día”.

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Judicatura afirma que medidas de descongestión bajaron el inventario de casos en un 48 por ciento.

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Por ejemplo, de 1.598 despachos, 555 juzgados cumplieron entre el 0 y el 70 por ciento con el número de fallos pactados. Solo 6 juzgados tuvieron un cumplimiento del 90 por ciento en el número de fallos emitidos. Hubo 905 despachos que no reportaron información.

En los reportes de las regiones, en Caldas se encontró que de 7 despachos de descongestión en promedio, solo cumplieron con el 81 por ciento de fallos. A esos juzgados entraron 2.740 expedientes entre tutelas y sentencias en el 2015, pero no evacuaron 506.

Y en los despachos de Santander se evacuaron el año pasado 45.969 procesos, un 11,2 por ciento menos que en el 2014.

Además de la baja eficiencia de los juzgados de descongestión, la Contraloría encontró que en esa materia solo se cumplieron el 49 por ciento de metas en proyectos de tecnología, infraestructura, democratización de la justicia y calidad de la justicia.

En abril del año pasado la Judicatura aprobó 22 actividades para mejorar las herramientas tecnológicas para la descongestión en la Rama, para las cuales estableció un presupuesto de 108.385 millones de pesos. Sin embargo, de las 22 actividades apenas se cumplieron 13.

En cuanto a los planes de infraestructura, la Judicatura aprobó 20 proyectos por 126.725 millones de pesos, de los cuales solo se cumplieron 12.

Atrasos en la oralidad

Los recursos invertidos en descongestión judicial no son los únicos cuestionados. En el 2015 la Judicatura destinó 249.892 millones para invertir en la Rama Judicial en general, pero uno de los proyectos con los que no se cumplió cabalmente fue con el que debía servir para la implementación del sistema oral en los juzgados, reforma que comenzó a regir desde este año y que pretendía agilizar los casos civiles, agrarios y de familia.

En uno de esos proyectos se invirtieron el año pasado 12.500 millones de pesos para construir 81 salas de audiencia para juzgados civiles municipales y promiscuos. En estos casos los contratos de obra tuvieron que ser prorrogados hasta junio de este año por demoras en el proceso.

Otro contrato se hizo con la finalidad de ampliar y remodelar el edificio ubicado en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, que costó más de 49.000 millones de pesos. Se inició en junio del 2012 y debía estar terminado en enero de este año, pero en medio del proyecto hubo demoras para la instalación del aire acondicionado, la planta eléctrica y los ascensores.

También hay atrasos con el proyecto de mejoramiento para la administración de la carrera judicial, para el que se destinaron 4.831 millones, y el fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama, que tuvo un costo de 6.772 millones de pesos, planes que según la Contraloría no reportan avances.

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Una de las fallas, según la contraloría, es la falta de planeación en la contratación. En total, la Judicatura firmó el año pasado 1.724 contratos por 293.154 millones de pesos, pero 88 de ese total –que sumaron más de 176.995 millones de pesos– se suscribieron solo hasta el final del año.

En el último trimestre se ejecutó el grueso de los recursos por debilidades de la planeación contractual, especialmente en la aprobación de los proyectos de inversión por parte de la Sala Administrativa”, asegura el informe.

También se detectaron casos de presuntos dobles pagos de nómina e irregularidades en los recobros de incapacidades ante las EPS en las seccionales de Bucaramanga y Barranquilla, hechos que habrían generado detrimentos por 1.340 millones de pesos. Lo mismo habría ocurrido con excesos en los pagos de nómina a funcionarios de Cali, Medellín y Barranquilla por otros 1.716 millones.

No pagan las multas

Otro de los reproches de la Contraloría tiene que ver con el cobro de las multas a los condenados que, a la fecha, le deben 20,5 billones de pesos por multas e intereses a la Judicatura. Mientras el año pasado ese organismo logró recaudar dineros por 5.616 millones, se prescribieron cobros por 5.5 billones de pesos porque superaron los 5 años desde que quedó ejecutoriada la sentencia.

La carencia de proporcionalidad y racionabilidad en el monto impuesto como pena por la mayoría de los jueces sobrepasa cualquier posibilidad de pago de los condenados, convirtiendo la posibilidad de que esos dineros ingresen al peculio del Estado en meras expectativas”, dice la Contraloría.

‘Gobierno trabaja para agilizar la justicia’

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que el Gobierno trabaja en una serie de medidas para bajar la congestión judicial. Una de ellas es la ley de racionalización de penas, que ya se aprobó en el Congreso, y la ley del procedimiento abreviado. Aseguró que en materia civil, “una vez los funcionarios aprehendan el Código General del Proceso, este surtirá muy buenos efectos”.

El viceministro de Justicia, Carlos Medina, afirmó que los planes de descongestión “sí han tenido resultados” y dijo que la Rama “hizo un esfuerzo grande para pasar de un modelo provisional a uno permanente”.

La Sala Administrativa de la Judicatura dijo que estudiará el informe de la Contraloría antes de referirse sobre el tema.

Por su parte, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, afirmó que “las medidas de descongestión son inadecuadas porque resultan muy costosas y no traen el mejor rendimiento. Los jueces de descongestión, así tengan metas, no tienen ningún afán en sacar los procesos, porque si se acaban rápido se quedan sin el puesto”. Aseguró que es necesario crear jueces permanentes.

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