Cortes

Lupa a zonas grises en desarrollo de los acuerdos con las Farc

Además de garantías para civiles en la JEP, alertan propuestas que afectarían la seguridad jurídica.

Firma del acuerdo definitivo de paz

El 26 de noviembre se firmó el acuerdo definitivo de paz, en el teatro Colón de Bogotá.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

01 de octubre 2017 , 10:53 p.m.

Mientras la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta un accidentado camino en el Congreso, por reparos de varios sectores que consideran necesarias mayores garantías, especialmente para los civiles que lleguen a ser procesados, otros desarrollos de los acuerdos de La Habana también siguen generando debate.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha promovido más de 40 proyectos de ley y decretos desde la entrada en vigor del acuerdo de La Habana. Varios más están aún en construcción, si bien se conocen algunas de las líneas entre las que se ha movido la discusión entre los representantes del Estado y la guerrilla.

Este lunes, las comisiones primeras de Cámara y Senado volverán a debatir la reglamentación de la JEP. Aunque se esperaba que los cambios introducidos a la ponencia tras la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez permitan avanzar en el trámite, la oposición cerrada anunciada por Cambio Radical enreda esa posibilidad.

Estos son otros temas álgidos en la implementación de los acuerdos.

Capacidad del Estado para tomar decisiones versus participación ciudadana

La crítica situación que viven los megaproyectos de extracción de recursos naturales del país por las consultas populares –se han realizado 11– que les están diciendo no a la minería y a la industria petrolera, podría, de acuerdo con sectores industriales del país, empeorar como consecuencia del proyecto de ley de participación.

El proyecto de ley que busca garantizar los mecanismos de participación popular ha sido visto como una posible amenaza a la capacidad del Gobierno de tomar decisiones económicas, ambientales y sociales, que pone en riesgo la sostenibilidad económica del país.

Antonio Aljure, exdecano de la Universidad del Rosario, también cree que la participación comunitaria se ha ido desbordando, al punto de crear “conflictos de competencia y una detención de actividades comerciales que venían desarrollando los empresarios”. Aljure considera que el exceso de participación sí es un riesgo: “Aunque teóricamente se conserva la autoridad del Estado, en la práctica comienza a minarse tal autoridad”, dice.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, señala frente al tema que en el país hay “inseguridad jurídica derivada de la supremacía que se le ha reconocido al interés local sobre el interés nacional”. No obstante, cree que la ley de participación es una oportunidad para coordinar la concurrencia de los intereses. Y sentencia que “es perfectamente posible tener más participación con seguridad jurídica”.

‘Participación activa’ de civiles en el conflicto

El acuerdo con las Farc estableció que los civiles responderían ante la JEP solo cuando tuvieran “participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción”. Lo que señalan los analistas es que hay claridad en lo que se refiere a una ‘participación determinante’ en el conflicto, en el entendido de que la expresión hace referencia a los civiles que por decisión propia y en procura de sus propios intereses pudieron participar en graves crímenes.

Pero, en cambio, señalan que no se ha hecho claridad sobre la ‘participación activa’. Sobre este punto, voceros de gremios y dirigentes políticos manifiestan que la falta de precisión se presta para ambigüedades, incluso para una “cacería de brujas”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señala al respecto que se debe hacer claridad total y que expresamente se proteja a quienes fueron víctimas de extorsiones, secuestros o atentados y de esa manera fueron coaccionados a entregar dinero o a apoyar de alguna manera a actores armados.

Aunque se esperaba que la reglamentación de la JEP hiciera esa claridad, finalmente esta no fue incluida en la ponencia.

En todo caso, dice Camilo Sánchez, director de investigación de la ONG Dejusticia, es importante que los terceros, a diferencia de lo que pasó en Justicia y Paz, no terminarán, según lo establecido en las normas, recibiendo penas mayores que las de los actores directos del conflicto.

Extradición de ‘terceros’

En la reglamentación de la JEP se incluyó un artículo que amplía el blindaje contra la extradición que ya tenían los guerrilleros y sus familiares a “otras personas que estén ofreciendo verdad ante el sistema” de justicia transicional.

Esa disposición no estaba en el acuerdo original y daría pie a nuevos episodios de extraditables tratando de eludir sus líos usando para ello el sistema de justicia especial para la paz. La Fiscalía ya anunció oposición al respecto.

Polémica propuesta sobre medios

La ley de participación ciudadana es otra que ha levantado ampolla. La candidata presidencial Marta Lucía Ramírez prendió las alarmas al señalar que se radicaría en el Congreso no el documento de 34 artículos que se conoció públicamente, sino uno de más de 100 artículos que incluían aspectos tan graves como la censura y la expropiación de medios de comunicación. Sin embargo, el Gobierno aclaró que se han venido discutiendo algunos aspectos del proyecto con movimientos sociales, pero que en ningún borrador se ha incluido nada que pueda ser entendido como censura.

¿Y los derechos de los que no apoyan la protesta?

La protesta social “goza de protección constitucional, no puede ser objeto de sanción penal y cuenta con el pleno respeto de la autoridad pública, siempre y cuando esta sea pacífica”. Este es uno de los incisos de la ley de participación que preocupa a algunos sectores que plantean que esa redacción desprotege derechos fundamentales de los demás ciudadanos al libre tránsito o, incluso, al trabajo.

La inquietud tiene que ver con un fenómeno recurrente en el que la protesta social termina en desmanes en contra del mobiliario público o los locales de comercio. También, con la obstrucción de los sistemas de transporte público, en desmedro de la situación de miles de personas.

La analista María Victoria Llorente señala, en todo caso, que es importante comprender que en muchos casos “la protesta social tiene que ver con deficiencias en la provisión de servicios por parte del Estado”, por lo que considera que una mejor manera de atender esas situaciones, más que la penalización, es superar las deficiencias, sin que esto implique afectar los derechos de quienes no participan en la protesta.

¿Hasta dónde se tocará la propiedad privada?

Extinción de dominio y expropiación de tierras son dos de los conceptos que más resquemores causan de la ley de tierras, que todavía no ha sido radicada para estudio del legislativo. Empresarios del sector agrícola señalan que si bien comparten plenamente la idea de que no debe haber tierras ociosas, piden mayores garantías para evitar que se afecte la propiedad obtenida de forma legal.

Así le han dicho al Gobierno que tenga precauciones a la hora de constituir el fondo de tierras con 3 millones de hectáreas a través de mecanismos de barrido predial que implicarían la toma de decisiones masivas y descentralizadas.

Han pedido, por ejemplo, que se defina claramente qué se entenderá por ‘inexplotación’ de la tierra y piden reconocimiento a otros usos del suelo distinto al agropecuario, so riesgo de limitar el desarrollo rural.

El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, dice que no hay una versión final del proyecto y que en los diálogos sostenidos con el Gobierno se dejó claro “que la seguridad jurídica de la propiedad privada pasaba por la claridad en esos temas, incluido el de los ocupantes históricos”.

JUSTICIA

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