Cortes

‘Resolución sobre galeón San José amenazó patrimonio cultural'

Consejo de Estado propone anular documento de la Dimar que da derechos a empresa de EE. UU.

Galeón San José que se hundió con un valioso tesoro.

El Galeón San José, embarcación española hundida en 1708 frente a las islas de Rosario, frente a Catagena.

Foto:

Cortesía Armada /Archivo EL TIEMPO

04 de mayo 2017 , 09:15 p.m.

Por cuenta de la ineficiencia de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), encargada de vigilar y controlar las exploraciones submarinas, y la indolencia del Estado, varias de las embarcaciones hundidas en aguas nacionales “han sido saqueadas impunemente, con lo cual se ha perdido gran parte del patrimonio cultural sumergido de nuestra nación”.

Ese es uno de los cuestionamientos que hace el consejero de Estado William Hernández en la ponencia que declara la nulidad de una resolución de la Dimar de junio de 1982 que reconoció a Glocca Morra Company como denunciante del hallazgo del famoso galeón San José y que abrió la puerta para que esa firma se quedara con una parte del descubrimiento.

La puja por los valiosos bienes que se hundieron con el galeón en junio de 1708, ya cumple más de tres décadas y ha tenido capítulos judiciales en Estados Unidos, Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el documento de 125 páginas revelado por EL TIEMPO, Hernández no solo considera que la resolución de la Dimar fue irregular, sino que plantea un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, que reconoció en un fallo de julio del 2007 que se repartiera en partes iguales el hallazgo entre la nación y la Glocca Morra Company, que había cedido sus derechos a la Sea Search Armada.

El consejero señala que al quedar sin efecto la resolución, “desaparece el sustento jurídico que dio lugar al reconocimiento a favor de la Sea Search Armada del derecho de dominio sobre el 50 % de los bienes”, que hizo la Corte Suprema.

En la ponencia que resuelve una acción popular presentada por el abogado Antonio José Rengifo, el consejero estima que “el patrimonio cultural sumergido forma parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la nación”.

Y añade que las normas que protegen ese patrimonio se deben garantizar así en el descubrimiento existan monedas, lingotes de oro o plata o piedras preciosas en bruto.

“Al expedir el citado acto administrativo (Dimar), incurrió en abuso o desviación de poder, al quebrantar los supremos principios y reglas de protección de todo aquello que sea representativo de la cultura y, por tanto, de la identidad nacional”, se lee en la ponencia.

“La Sala Plena amparará los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural de la nación, en especial al patrimonio cultural sumergido, los cuales se encuentran gravemente amenazados o en peligro”, finaliza la ponencia.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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