Cortes

Polémico magistrado vuelve a su cargo por dilación en Judicatura

Christian Pinzón estuvo 6 meses suspendido por supuestos favorecimientos a red que ayudó a capos.

Christian Eduardo Pinzón

La Judicatura investigará irregularidades en procesos cerrados por el magistrado Christian Eduardo Pinzón.

Foto:

Miguel Herrera / El Llano 7 Días

09 de abril 2018 , 05:32 p.m.

Cuando en la Sala Disciplinaria estaba casi listo un proyecto que definía la situación del cuestionado magistrado del Meta Christian Eduardo Pinzón –salpicado por el escándalo de la red judicial que se lucraba de beneficios carcelarios a delincuentes–, sorpresivamente se intentó devolver el caso a la etapa de pruebas.

Esa decisión, tomada por el magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Pedro Sanabria, aunque fue negada después por la Sala Plena, fue clave para que Pinzón pudiera regresar este miércoles a su despacho en Villavicencio, a pesar de las dudas que siguen existiendo sobre sus actuaciones.

Pinzón, que es integrante del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, está investigado porque habría cerrado irregularmente 15 investigaciones disciplinarias contra los jueces de ejecución de penas Raúl Hernán Ardila y Ronald Floriano Escobar, quienes enfrentan procesos penales por corrupción judicial.

Es el caso de la red que dio beneficios de casa por cárcel y hasta permisos de trabajo a reconocidos capos y cabezas de organizaciones sicariales, por el que la Fiscalía llevó a cabo hace un año 24 capturas de magistrados seccionales, jueces, un director de cárcel, guardianes, abogados y hasta peritos de Medicina Legal.

En septiembre del año pasado, la Judicatura suspendió por tres meses a Pinzón y luego extendió ese periodo por otros tres meses; sin embargo, la decisión de fondo sigue embolatada y por cuenta de ello retomará sus funciones.

El caso estuvo inicialmente en manos del magistrado Camilo Montoya, quien impuso la suspensión. Pero cuando ya tenía proyectado un documento para cerrar la etapa de investigación y proyectar una decisión de fondo, Pinzón contrató como defensor a Héctor Carvajal. Ese abogado había representado a Montoya hace años en un proceso, por lo que tuvo que declararse impedido.

La misma estrategia, según fuentes de la Judicatura, habría sido utilizada para dejar por fuera de la votación a la magistrada María Lourdes Hernández, quien tuvo que declararse impedida porque Pinzón le dio luego el poder de su proceso a Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien había sido profesor de la magistrada.

Así fue como el proceso terminó en manos del magistrado Pedro Sanabria quien ordenó revocar el cierre de la etapa de investigación y practicar todas las pruebas pedidas por Pinzón. Y aunque la sala, con la participación de un conjuez, decidió que no podía reabrirse ese proceso, el caso terminó dilatándose y hoy no hay decisión de fondo.

Este miércoles, EL TIEMPO intentó comunicarse con Sanabria (que es uno de los dos magistrados que siguen en esa Sala a pesar de que hace rato cumplieron sus 8 años de periodo) para indagarle sobre versiones según las cuales él es cercano al magistrado seccional, al punto de haber visitado su casa en Villavicencio. Al respecto, el magistrado Pinzón le dijo a este diario que su relación con Sanabria es estrictamente laboral y que lo conoce porque es su superior en la Rama Judicial. 

Aunque en la Judicatura se dice que Pinzón llegó a la magistratura seccional con el respaldo de Sanabria y del exmagistrado Angelino Lizcano, Pinzón indicó que entró a la carrera judicial en 1999 mucho antes de que Lizcano y Sanabria llegaran al Consejo Superior de la Judicatura. Sanabria no respondió a las llamadas y mensajes vía WhatsApp enviados por este diario.

En el expediente contra Pinzón aparecen versiones según las cuales el magistrado cobraba dinero a jueces y abogados por archivar investigaciones disciplinarias.

Entre los casos está el cierre de procesos contra el juez de ejecución de penas Ronald Floriano Escobar, quien no solo tiene la investigación disciplinaria sino que enfrenta un proceso en la justicia penal por el delito de prevaricato por acción, por haberle otorgado casa por cárcel en el 2014 a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín.

El jefe de la ‘Oficina’, condenado a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, se fugó aprovechando el beneficio, aunque luego fue recapturado.

El segundo capítulo de Pinzón tiene que ver con el cierre de procesos en favor del también juez de ejecución de penas Raúl Hernán Ardila, investigado por dejar en libertad y absolver a Carlos Hernando Barrera Alfonso, alias el Ingeniero, uno de los líderes de la banda criminal ‘libertadores del Vichada’. Ardila fue detenido en julio del año pasado pero quedó libre días por decisión de un juez de garantías.

El polémico magistrado Pinzón tiene nuevos procesos en la Seccional de la Judicatura en el Meta. De acuerdo con una resolución firmada por el magistrado Romelio Daza, en el marco de una vigilancia judicial a un proceso que Pinzón adelantaba contra la juez Martha Patricia Espinal, se encontró que pese a que se le ordenó emitir el pliego de cargos contra la funcionaria desde octubre del 2016, ese paso no se ha cumplido.

“Considera este Consejo Seccional que con esto se afecta la oportuna y eficaz administración de justicia, toda vez que al no proferir el pliego de cargos ordenado por el superior conlleva a la transgresión del debido proceso y al desconocimiento de los términos legales establecidos, así como a los deberes del servidor judicial al no dar cumplimiento inmediato a la orden del superior”, dice la resolución.

Este caso se suma a los cuestionamientos por la continuidad de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que a pesar de haber desaparecido por la reforma del equilibrio de poderes aprobada en el 2015 sigue en funciones. En teoría ya debía existir el nuevo órgano disciplinario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero varias decisiones de las altas cortes lo siguen teniendo en el aire.

JUSTICIA

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