Cortes

Piden que asesores de gobierno Santos  no sean ternados a la Corte

Exministros y exmagistrados dicen que candidatos cercanos a Gobierno restarían autonomía a la Corte.

Corte Constitucional

El abogado Antonio Lizarazo fue escogido como magistrado de la Corte Constitucional.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

01 de mayo 2017 , 08:23 p.m.

En una carta firmada por 15 personas, entre ellos, el exministro de Justicia Jaime Castro, el político Carlos Lleras de la Fuente, el exconstituyente y exministro Hernando Yepes Arcila  y  el exmagistrado de la  Corte Suprema de Justicia Jesús Vallejo Mejía, se le pide al Gobierno y a la Corte Suprema que no postulen como candidatos a la Corte Constitucional a personas que sean o hayan sido funcionarios, asesores o contratistas del gobierno Santos.

Desde hace tres meses hay dos cargos en el tribunal en interinidad pero la Corte Suprema encargada de elegir las dos ternas de donde saldrán los nuevos magistrados aún no ha tomado una decisión sobre los seis nombres que le enviará al Senado.

En la misiva se hace énfasis en que es necesario mantener la independencia de poderes y por tanto la imparcialidad de la Corte Constitucional como "máximo órgano de control del ordenamiento superior, encargado, además, de mantener la producción normativa en su marco constitucional de la manera más estricta".

Dice que no podría entonces esperarse que el alto tribunal cumpla con esas funciones si sus miembros provienen del círculo más cercano del poder que está llamado a vigilar. 

"¿Qué seguridad puede tener el país en las decisiones que tome una Corte integrada, así sea parcialmente, por magistrados que deben evaluar la juridicidad de normas cuya emisión recomendaron y cuya elaboración misma es fruto de su aporte profesional?". se lee en el documento.

Además menciona que ya hay ejemplos de lo inconveniente que es designar magistrados para los cargos de la Corte con la intención de premiar lealtades, por lo que debería enfrentarse el problema desde el origen; es decir, evitando esas postulaciones.

La carta concluye señalando que por "ética pública" los magistrados no deben pronunciarse sobre textos normativos en cuya concepción participaron y que las normas de recusación e impedimentos no son suficientes para impedirlo cuando esos funcionarios ya son elegidos como magistrados. 

JUSTICIA

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