Justicia

En firme condena por nexos entre las Auc y palmicultores

La Corte Suprema confirmó pena de 10 años de cárcel contra socio principal de urapalma.

En firme condena por nexos entre las Auc  y palmicultores

Las consejos comunitarios crearon zonas humanitarias para resistir al despojo.

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Jaiver Agudelo / EL TIEMPO

27 de mayo 2018 , 07:10 p.m.

Cuando actores indirectos del conflicto armado ya empezaron a pedir cupo para ser procesados por la nueva justicia transicional, la Corte Suprema de Justicia confirmó una de las primeras condenas contra palmicultores que sentaron sus empresas bajo la sombra del paramilitarismo y que también podría terminar tocando la puerta de la Jurisdicción Especial de Paz.

En un fallo, de 48 páginas, la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 10 años de prisión y una multa de 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes contra el palmicultor Antonio Nel Zúñiga por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En la sentencia, el alto tribunal recordó cómo los cultivos de palma jugaron un papel fundamental en la consolidación de las Autodefensas en la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Con ponencia del magistrado José Luis Barceló, la Corte inadmitió la demanda de casación interpuesta por la defensa de Zúñiga, socio principal de la empresa Urapalma. Y señaló que los argumentos de Zúñiga para extender esa solicitud y tumbar la condena desconocieron el análisis de macrocriminalidad que adelantó el Tribunal Superior de Medellín cuando falló en su contra.

Así destacó que ya está probado que esa y otras empresas palmicultoras implementaron un proyecto agroindustrial agresivo de cultivo de palma de aceite africana y de ganadería extensiva en esa región del país, en particular en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, donde no solo dejaron miles de desplazados sino también graves afectaciones en el medioambiente.

En su análisis, la Corte se refiere a las estrategias que usó la ‘casa Castaño’ para apropiarse de territorios, especialmente de comunidades afrodescendientes con títulos colectivos que tenían un alto potencial agrícola, y que además estaban ubicados en una zona estratégica por su cercanía con el tapón del Darien en la frontera con Panamá.

“Independientemente de si lograr la expulsión de las Farc o el Eln de sus territorios era o no su objetivo inicial, es claro que tal coyuntura fue aprovechada para poner en marcha el proyecto económico (cultivo de palma africana) que durante varios años reportó grandes beneficios para los paramilitares que participaron en el mismo, al igual que para los empresarios que adhirieron al proyecto económico”, citó la Corte sobre el fallo del Tribunal de Medellín.

En el documento se nombran otras empresas palmicultoras que fueron creadas a la sombra de los paramilitares. Además de Urapalma, aparecen Palmura S.A., Palmas del Curvaradó, Palmadó, Palma S.A., Inversiones Fregny Ochoa y Palma de Bajir.
La Corte hizo énfasis en la gravedad del daño ecológico como consecuencia de la deforestación y el secado de ríos para la siembra de palma y ganadería, pues según expertos el ecosistema resultó tan afectado que incluso en algunas zonas se perdió cualquier posibilidad de desarrollar la agricultura.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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