Conflicto y Narcotráfico

¿Qué sucede en Colombia con la salud mental de veteranos de guerra?

Es un asunto que afecta a muchas personas y aquí no llevamos estadísticas ni lo estudiamos.

Salud mental de los veteranos de guerra

En el 2015, la entonces coordinadora de psiquiatría del Ejército calculó que el 22 % de quienes componían esa fuerza padecían de estrés postraumático.

Foto:

Rodrigo Buendia / AFP

17 de febrero 2018 , 10:59 p.m.

Es difícil reflexionar sobre la salud mental de los colombianos cuando el énfasis de las políticas está puesto en su bienestar físico. Más complicado todavía cuando ese énfasis está organizado por un sistema de seguridad social ineficiente y endeudado que delega el cuidado de la vida al sector privado (corrupto en muchos casos).

Pero no por eso se debe dejar de hablar sobre aquello de lo que no se habla y causa cierto malestar. Por ejemplo, de la salud mental de los colombianos, de la salud mental de los afectados por el conflicto armado y, en especial, la de quienes sufren por su condición de excombatientes.

De acuerdo con las cifras del Hospital Militar, antes de la desmovilización de la guerrilla de las Farc se registraban hasta mil militares heridos en combate cada año. Es decir, entre dos y tres por día. Los datos más recientes, del año pasado, señalan una reducción del 97 por ciento en el número de afectados. Por supuesto, estas estadísticas se refieren tan solo a las afectaciones físicas. Poco se sabe acerca del estado psicológico de quienes han vivido expuestos a condiciones de confrontación armada.

Pero hay ciertos indicios. Por ejemplo, en el 2015, la teniente coronel Rosmery Garzón, entonces coordinadora de psiquiatría del Ejército, calculó que el 22 por ciento de quienes componían esa fuerza padecían de estrés postraumático. Así mismo, señaló que existían otros grupos de combatientes, no bien definidos, con cuadros clínicos asociados con la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar de personalidad. Por la falta de tratamiento, la mayoría de estos casos tienen una alta probabilidad de convertirse en crónicos.

Importa señalar que los causantes de esta sintomatología son tanto la crudeza de las experiencias asociadas con el conflicto armado como la vulnerabilidad social, afectiva, familiar y económica de la cual provienen la inmensa mayoría de combatientes rasos que engrosan las Fuerzas Armadas regulares e irregulares.

Por justicia y por negocio

Sin embargo, Colombia se rehúsa a reconocer la importancia del bienestar mental, y no solo de quienes han peleado la guerra, sino de la población en general.

Sórdida realidad cuando se compara con la de países como Inglaterra, que desde el 2008 avanza hacia un sistema gratuito para atender la salud mental de sus habitantes, con la sorprendente y grata presentación de cifras como la de un millón de personas evaluadas por año de funcionamiento.

Y no es porque esto sea un lujo de una sociedad avanzada, sino porque los responsables de las políticas se percataron de que este tipo de intervención es más económico para el sistema; por ejemplo, mediante los cambios en materia de capacidades laborales y productividad de las personas mentalmente sanas. De hecho, en Colombia, el Hospital Militar ha asegurado que el trabajo en el bienestar mental contribuye a la recuperación física de heridos en combate.

En Inglaterra se está encontrando evidencia creciente sobre el hecho de que las atenciones en salud mental contribuyen a reducir los niveles de agresividad, afectividad negativa y uso de la violencia.

Pero Colombia está tan lejos de esa realidad que hasta el acompañamiento a excombatientes traumatizados por la violencia es una utopía. ¿Cuántos años más tendrán que pasar para que se formalicen políticas públicas y programas dedicados a trabajar con esa población? ¿Cuáles crisis y problemas asociados con el estado mental de esas personas tendrán que vivir los colombianos para que las autoridades del ramo lleven a cabo acciones en este campo?

En Estados Unidos, un país con larga tradición guerrerista, es un hecho demostrado que una parte significativa de los soldados que combatieron en Irak y Afganistán (ver artículo en la página siguiente) padecieron o padecen algún síntoma asociado con el trastorno por estrés postraumático (TEP).

Este trastorno está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) y en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que son referencias y fuentes de consulta para el estudio y el diagnóstico de enfermedades mentales en el mundo.

Estas fuentes nos explican que el TEP es una respuesta en forma de malestar a un acontecimiento estresante, amenazante o catastrófico relacionado con la exposición a la muerte, lesiones graves, daño físico o violencia sexual; peligros a los que suelen estar expuestos quienes participan en confrontaciones bélicas. Algunos de los síntomas que se le asocian son: insomnio, reacciones con sobresalto exagerado, sueños y recuerdos angustiosos, comportamiento irritable o imprudente, autoaislamiento, autodestrucción, pesadillas, recurrencia de escenas retrospectivas y estado emocional negativo.

Toda esta sintomatología ha sido llevada al cine en películas como ‘Nacido el 4 de julio’ y, más recientemente, ‘Francotirador’.

En Estados Unidos, el número de suicidios de veteranos de guerra no es nada despreciable. En ese país, 41.000 personas se quitan la vida cada año, y la tasa de suicidios aumentó 25 por ciento entre 1999 y el 2014.

Ha sido tal la magnitud de este problema que en el 2015, el presidente Obama firmó la Ley Clay Hunt, cuyo objetivo es mejorar los procesos de evaluación y prevención del suicidio en veteranos de guerra, mediante acciones para mejorar su salud mental. Este, sin duda, es un avance importante para Estados Unidos y una lección para otros países en conflicto sobre la necesidad de abordar el problema de las consecuencias psicológicas de la guerra de una manera seria, como una preocupación básica de salud pública. Y no es para menos, cuando se sabe que la sintomatología del TEP tiene como veredicto final el suicidio.

Sin cifras y sin acciones

Ahora bien, en Colombia solo tenemos datos dispersos, no contamos con institutos dedicados a tratar este problema, ni mucho menos leyes o políticas para llevar a cabo acciones contundentes (aunque tal vez sí tengamos películas y telenovelas que hacen visibles los daños mentales resultantes de nuestra violencia).

Una cifra vieja (2008 y 2009) señala que, en promedio, un miembro activo de las Fuerzas Armadas se suicidaba semanalmente. Pero no existen registros exactos ni estimaciones oficiales sobre la prevalencia del suicidio o la incidencia de afectaciones mentales entre combatientes de las Fuerzas Armadas regulares, y apenas hay algunas estimaciones de los desmovilizados de los grupos insurgentes.

La dirección de la Agencia Colombiana para la Reintegración ha dicho que el 90 por ciento de los cerca de 49.000 desmovilizados que ha recibido padecen de afectaciones mentales, y que en cerca del 30 por ciento de ellos se presentan los síntomas del TEP.

Pero debemos insistir en la pregunta de por qué este grave problema no se estudia, o por lo menos de por qué los centros de sanidad y direcciones de psiquiatría de las Fuerzas Armadas no realizan estimaciones, y menos aún intentan ahondar en su análisis. Sin embargo, desde otras organizaciones se ha intuido algo sobre la afectación mental de la población a causa del conflicto armado. Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó en el 2013 que entre las 4.400 personas que atendió entonces en zonas de conflicto en el sur de Colombia, el 67 por ciento presentaba tendencia a sufrir síntomas de depresión y ansiedad o cuadros postraumáticos relacionados con vivencias propias de la confrontación armada. Lastimosamente, no se aborda el caso concreto de los alzados en armas.

Lo mismo ocurre con la Encuesta Nacional de Salud Mental, que explora las consecuencias psicológicas del conflicto en Colombia, sin que sus resultados se presten para realizar muchas extrapolaciones acerca del grupo de interés. Y, claro, tampoco existe un aparato institucional dedicado a medir, investigar, intervenir y tratar a la población afectada en su salud mental por la guerra.

Apenas en los últimos años han empezado a definirse líneas desde instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad de Víctimas, con su estrategia Entrelazando, en la cual se ha incorporado el trabajo con los victimarios. De otro lado, en los acuerdos de La Habana se habla de fortalecer el servicio de salud mental y de establecer facilidades para acceder a este.

El TEP comenzó a ser estudiado intensamente en Estados Unidos en la década de 1980, como respuesta a su incidencia entre los veteranos de la guerra de Vietnam. Desde entonces, ese país ha avanzado en medidas para el control y el tratamiento de la salud mental de los excombatientes.

A partir de ese archivo de experiencias, Colombia debe abordar en serio este problema real pero ignorado, porque el éxito de un proceso de paz debe medirse tanto en el número de combatientes que entregan sus armas como en su no reincidencia en actividades delictivas. Aquí se encuentra gran parte del secreto para abrir la puerta a una reconciliación en la que los excombatientes de todos los lados tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades para enfrentarse a las dificultades de la vida, trabajar productivamente y, por supuesto, contribuir pacíficamente a la comunidad.

JUAN RICARDO DÍAZ AYURE*
Razón Pública
En Twitter: @DiazAyureJuan

* Politólogo con énfasis en resolución de conflictos, magíster en geografía y estudiante de psicología. Consultor y catedrático universitario.
** Razón Pública es un centro de pensamiento que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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