Conflicto y Narcotráfico

Penas en colonias agrícolas, la ‘zanahoria’ para el ‘clan Úsuga’

Al sancionar ley de sometimiento, presidente Santos dijo que arranca proceso de entrega del 'clan'.

Dairo Antonio Úsuga Otoniel

Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, jefe del ‘clan Úsuga’.

Foto:

Archivo particular

09 de julio 2018 , 08:28 p.m.

Escondido en las selvas del nudo de Paramillo, enfermo de hipertensión y de sus males renales, y cada vez menos protegido por sus guardaespaldas y anillos de seguridad, alias Otoniel, la cabeza del llamado ‘clan Úsuga’, está haciendo sus cuentas finales.

Por un lado, de seguir en la clandestinidad y en el crimen, es cada vez más probable que termine como ‘Gavilán’ o ‘Inglaterra’, sus lugartenientes muertos en medio de la persecución de la operación Agamenón II; o como ‘Giovani’, su hermano y quien fue antes de él el jefe máximo de la banda y murió a manos de un comando de la policía en el 2012.

Vamos a iniciar este proceso de forma coordinada

“La orden que tenemos no ha cambiado: capturarlo o neutralizarlo”, le dijo este lunes a EL TIEMPO el general de la policía Jorge Luis Vargas, la cabeza de Agamenón.

Por el otro, ‘Otoniel’ tiene el chance de aprovechar la ley de sometimiento colectivo para las bandas criminales, que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos y aunque en teoría no ofrece mayores gabelas a esas organizaciones, sí les abre algunas puertas.

“El señor vicepresidente, Óscar Naranjo, y algunos funcionarios de la Fiscalía han sostenido conversaciones con abogados que representan a este grupo de crimen organizado para hablar de su sometimiento a la justicia, y lo que nos dijeron es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso”, dijo el Presidente. Y recalcó: “Vamos a iniciar este proceso de forma coordinada, Gobierno y Fiscalía, para someter a los miembros de esta organización a la justicia”.

Altas fuentes que conocen del proceso de acercamientos con ‘Otoniel’ le dijeron a EL TIEMPO que aunque la norma aprobada por el Congreso no fue la que esperaba la cúpula de esa banda, que es la más poderosa del país, la intención de iniciar un sometimiento se mantiene y fue reiterada en las últimas semanas.

De hecho, antes del 7 de agosto, cuando cambiará el Gobierno, podría darse la primera entrega colectiva de los hombres del clan. Incluso se ha avanzado, según las fuentes, a predefinir una posible ‘zona de reunión’ en la región norte del país, donde se concentrarían los delincuentes en proceso de entrega.

Además de tener a miles de policías y soldados respirándole en la nuca, y con una recompensa de 18.000 millones de pesos sobre su cabeza (los US$ 5 millones que ofrece EE. UU. y 3.000 millones de pesos que dan por él las autoridades colombianas), el jefe del clan y sus abogados tienen la presión adicional de varios elementos que trae la nueva ley. Si siguen en el crimen, sus cuentas pendientes con la justicia seguirán en franco aumento.

Esta norma, si bien facilita y agiliza los procesos de entrega y juzgamiento, endurece las sanciones para varios de los delitos que son el ADN de las bandas, como el concierto para delinquir. Asociado a la minería ilegal o la corrupción de agentes del Estado podría llegar a los 18 años de prisión.

Además, la nueva ley cierra el cerco para quienes ayudan a estos criminales a eludir la justicia y esconder sus fortunas. Así, penaliza el asesoramiento jurídico, contable, técnico o científico, sea este remunerado o no, a las bandas. Abogados, contadores, arquitectos e ingenieros químicos, por ejemplo, se exponen a penas de entre 6 y 10 años de prisión por trabajar aunque sea una sola vez para estos criminales.

La ley también cierra brechas jurídicas que facilitaban la libertad de los miembros de las bandas capturados y establece obligaciones para quienes han sido condenados por estos delitos, como la de mantener una sola cuenta bancaria que tendrá supervisión de la Uiaf por diez años para evitar el lavado de activos y que escondan bienes producto de sus actividades ilegales.

Someterse a la justicia no dará beneficios jurídicos superiores al actual 50 por ciento para los miembros de las bandas, y tampoco afectará la posibilidad de que sean extraditados, pues esa salvaguarda quedó expresamente consignada en la norma.
Así las cuentas, entonces, ¿cuál será el incentivo para entregarse a las autoridades? Más que en las gabelas penales, la zanahoria está en las posibilidades de cumplimiento de pena.

Así, el Estado se compromete a desarrollar planes de formación técnica en las cárceles para la base de las bandas, de tal manera que tengan la posibilidad de un trabajo formal una vez termine su pena. Jefes como ‘Otoniel’ tendrían el chance de pagar sus condenas (con la rebaja de hasta el 50 por ciento) en colonias agrícolas en las que las condiciones de “reclusión especial” serían en todo caso menos duras que las que normalmente existen en las cárceles del país. De hecho, dicen altas fuentes del Estado, esa posibilidad terminará siendo la mayor zanahoria para los capos.

Esos beneficios aplican para todas las bandas criminales (‘Pelusos’ y ‘Puntilleros’, por ejemplo) y, en general, para organizaciones criminales de al menos 15 integrantes, pero no necesariamente para las disidencias de las Farc, que también están plenamente dedicadas al narcotráfico.

Para que eso pase se necesita un aval previo del Consejo de Política Criminal, y hay consenso en que las disidencias no deben recibir nuevas oportunidades porque acaban de traicionar las que se les dieron en medio del proceso de paz.

Lo que nos dijeron es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso

Las claves de la ley de sometimiento de bandas

¿Qué requisitos deben cumplir las bandas?

En todo caso, el Gobierno mantiene el derecho de acceder o no a la intención de entrega de estas organizaciones. Deben entregar toda la información sobre sus miembros, poner en manos de las autoridades su armamento y los bienes ilegales adquiridos y, también, liberar a los menores de edad que eventualmente estén en sus filas. Otro requisito es que tienen que cumplir cabalmente con las penas impuestas en el proceso, so pena de perder los beneficios obtenidos en el proceso de sometimiento.

¿Se trata de una negociación política?

No. Claramente se trata de un proceso jurídico que no va más allá del mero sometimiento a las autoridades. En ese orden de ideas no aplican beneficios como los indultos ni amnistías porque se trata de delincuentes comunes, esencialmente dedicados al narcotráfico. Aunque la banda de ‘los Úsuga’ ha pretendido venderse bajo la imagen de las ‘Autodefensas Gaitanistas’, el Estado no les reconoce estatus político alguno. Por eso no se habla de justicia transicional sino apenas de una rebaja de penas por sometimiento.

¿Qué pasa con las fortunas de los capos?

La ley establece la obligación de que quienes busquen el sometimiento colectivo entreguen todas sus fortunas ilegales y denuncien a sus cómplices en el Estado y la Fuerza Pública. Se mantiene un beneficio que ya existe y es que cualquier persona afectada por un proceso de extinción de dominio tiene derecho a conservar hasta un 5 por ciento de los bienes (con un tope máximo de 2.500 salarios mínimos) ocupados por la justicia si decide entregarlos al Estado. La norma prevé sanciones para quienes oculten bienes y establece controles sobre los movimientos financieros de los que se acojan.

¿Qué tiene que ver la ley con el acuerdo de paz?

La norma de sometimiento de bandas criminales es un desarrollo del proceso de paz con las Farc, en el sentido de que busca proteger el cumplimiento del acuerdo al poner fuera del mapa de la guerra a actores ilegales –como las bandas surgidas hace una década tras la desmovilización de las autodefensas–, que son una amenaza. Eso, de hecho, ya está pasando con los asesinatos de varios líderes sociales y defensores de derechos humanos en zonas de antigua influencia de las Farc que están siendo copadas por esas bandas.

JUSTICIA
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