Conflicto y Narcotráfico

Sigue enredo con libertad de agentes del Estado en la JEP

No es claro quién acredita para estos el cumplimiento de requisitos, como sí sucede con militares.

Presidente Juan Manuel Santos y Magistrados de la JEP

Las magistrados de la JEP serán los encargados de juzgar los crímenes más atroces del conflicto, que incluyen a agentes del Estado.

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Presidencia

05 de febrero 2018 , 10:25 p.m.

Pese a que 27 agentes del Estado ya han firmado actas de compromiso para someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, ninguno ha recuperado todavía la libertad como consecuencia del acuerdo de La Habana.

De las 7.238 personas que han firmado actas de compromiso para ir al nuevo sistema de justicia transicional, el 0,3 por ciento corresponde a exfuncionarios públicos que han sido procesados penalmente y afirman que sus delitos se enmarcan dentro del conflicto armado. Sin embargo, las libertades de ellos están mucho más enredadas que las de militares y guerrilleros, ya que más del 70 y 90 por ciento, respectivamente, de quienes firmaron el acta ya están libres.

Las providencias de los jueces de ejecución de penas que han negado esas solicitudes sustentan principalmente una falta de claridad sobre quién debe acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio por parte de agentes del Estado, algo que en el caso de militares está a cargo del Mindefensa, y el de guerrilleros, de la oficina del Alto Comisionado de Paz.

En esa situación se encuentran, entre otros, el exgobernador del Meta Edilberto Castro Rincón, condenado a 40 años de cárcel por homicidio, y Rubén Darío Ruiz Berrío, expersonero de El Castillo, Meta, quien cumple en la cárcel La Picota una sentencia de 21 años de cárcel por secuestro simple, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal. Ambos han pedido la libertad condicionada en dos oportunidades, pero se las han negado.

En el caso de Ruiz, la juez 20 de ejecución de penas de Bogotá negó la libertad transitoria, argumentando que aunque la Secretaría de la Justicia de Paz remitió el acta de compromiso, esa corporación no entregó ningún certificado de verificación de requisitos.

Al respecto, el juez 24 de ejecución de penas de Bogotá, Jorge Blanco, señaló que tanto la Ley 1820 del 2016 como el decreto del 2017 se quedaron cortos en definir cómo se acreditaría si los delitos por los que son procesados los agentes del Estado son parte o no del conflicto armado. No obstante, una fuente de la JEP señaló que si bien la Secretaría Ejecutiva no tiene la facultad para emitir el certificado que los jueces piden, si el acta se firma es porque cumple con los requisitos.

JUSTICIA

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