Conflicto y Narcotráfico

'Eln, el grupo que más sacó ventaja de zonas dejadas por Farc': OEA

Se destaca logros del proceso con la guerrilla, pero advierte de riesgos en seguridad en regiones.

OEA

La misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó sobre la inseguridad persistente en el ámbito rural.

Foto:

Juan Manuel Herrera / EFE

09 de noviembre 2017 , 11:56 a.m.

Es evidente que el Eln ha logrado establecerse, sin mayor visibilización, como actor hegemónico en antiguas zonas compartidas con las Farc (...): en los municipios de Barrancas (La Guajira); Samaniego, Barbacoas y Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño); Amalfi y Remedios (Antioquia); y Santa Rosa del Sur (Bolívar). En otras regiones la llegada de esa guerrilla ha generado cambios abruptos en las comunidades: es el caso particular de varios municipios de Vichada, y de Riosucio, en el Chocó”. 

“Las comunidades argumentan que se dio un escenario de facilitación por parte de las Farc para la llegada de otras estructuras a sus antiguas zonas de influencia. En este escenario, los cambios en el control se están dando en calma y con procesos que parecen articulados entre Farc y Eln, como se percibe en el Catatumbo y el bajo Cauca”. Las comunidades, en todo caso, perciben a los ‘elenos’ como más “hostiles” y “menos propensos al diálogo”, especialmente con grupos indígenas y afro que se empiezan a ver sometidos a nuevas violencias.

Esa “expansión del Eln” es, según el más reciente informe de la Misión de la OEA para el Proceso de Paz de Colombia –que fue entregado el miércoles en Washington–, una de las realidades más evidentes de la concentración de las Farc para sus procesos de desarme, desmovilización y reintegración.

En una de las radiografías más completas de lo que sucede en las regiones, la Mapp-OEA destaca el histórico “tránsito de las Farc a la vida civil y al escenario político”, así como la importancia del proceso de negociación en curso con el Eln, que ha dado pie a un cese de fuego bilateral. Pero también advierte de potenciales amenazas para el posconflicto.

La Misión (que cumplió un papel fundamental en el proceso de paz con los paramilitares y que trabaja directamente en el terreno en las zonas más golpeadas por el conflicto) asegura que en varias zonas del país hay “vacíos de poder que están siendo llenados por otros actores, produciendo disputas y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos”.

Con 959 viajes a terreno entre agosto del 2016 y enero del 2017 como sustento de sus afirmaciones, la Mapp-OEA habla de un ‘reacomodo’ de actores ilegales que ha impedido que los pobladores de esas regiones sientan la mejoría en seguridad que sí se ha dado en otras zonas de antiguo control guerrillero: “Existen reductos de las Farc que no han depuesto las armas, mientras algunas disidencias se han integrado a grupos de delincuencia común. En las comunidades sigue existiendo la percepción de que el vínculo con las economías ilegales, como el narcotráfico, es la motivación principal para no sumarse al proceso de desmovilización”, dice el documento.

El diagnóstico coincide en la gravedad de la situación que se da con las disidencias en zonas como Tumaco y Guaviare, que concentran la atención del Estado desde hace meses. Pero agrega otras regiones complejas a ese listado.

Así, señala que la disidencia del frente 7 está “consolidándose en el sur del Meta, especialmente en el municipio de La Macarena”, que era uno de los enclaves históricos de las Farc y donde la presencia de cultivos ilícitos ha venido aumentado en los últimos años. También dice que en el sur de Córdoba y el bajo Cauca antioqueño persiste la impresión de que la Fuerza Pública no ha logrado copar los espacios dejados por las Farc.

“Cobros extorsivos y amenazas a quienes se niegan a pagar dichos cobros, reclutamiento forzado, uso de minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados y control a la circulación vía terrestre y fluvial” son situaciones que, dice la Misión, siguen viviendo las comunidades afectadas. En algunas zonas los delincuentes comunes están usando el nombre de las disidencias, además, para potenciar su poder de extorsión.

En varias zonas, denuncia la Mapp-OEA, las mujeres siguen siendo víctimas de ataques sexuales perpetradas por los actores ilegales que se mantienen en escena. Además, persisten las prácticas de reclutamiento de menores. Eso lo está haciendo, por ejemplo, la disidencia de ‘Gentil Duarte’ con niños indígenas del Guaviare.

“Los grupos armados ilegales raptan niñas de entre los 10 y los 13 años de edad, con el fin de cumplir el rol de compañeras sentimentales de los hombres del grupo. Luego las niñas son explotadas sexualmente. Por su parte, los niños y jóvenes son utilizados como informantes o cobradores de extorsiones”, dice el informe, que advierte que si el Estado no aumenta su presencia institucional “este fenómeno podría intensificarse en regiones como Norte de Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar y Chocó”.

El reporte muestra que no solo el Eln ha capitalizado el desmonte de las Farc. Así, sus trabajos evidencian dos tendencias en la estrategia del ‘clan Úsuga’: se expande hacia zonas de Farc en Chocó y ha combatido por ellas con el Eln, pero también ha logrado acuerdos criminales con esta guerrilla para mantener rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Los combates de los hombres de ‘Otoniel’ y ‘elenos’ han provocado ya emergencias humanitarias en la zona del río Baudó, en el Chocó, y en La Mojana, entre Sucre y Bolívar. Entre tanto, se han documentado ‘pactos de no agresión’ entre los dos grupos en el bajo Cauca y en el sur de Bolívar, donde es intensiva la explotación ilegal de oro.

La avanzada de ‘los Úsuga’ es también fuerte en el Catatumbo, donde esa banda tiene alianzas con ‘los Pelusos’. Esa expansión, como lo informó este diario, la encabeza ‘Inglaterra’, el tercer hombre al mando del clan criminal.

En Tibú, que es uno de los municipios con más coca en el país, la salida de las Farc ha consolidado el poder del Eln y los ‘Pelusos’. El informe de la OEA señala que, en todo caso, allí existía desde hace más de un año un “alto nivel de articulación” entre los ilegales que les permitió, incluso, acordar el cobro de extorsiones diferenciadas.

La Mapp, que hace una década dio el primer campanazo sobre el surgimiento de las bandas criminales tras la desmovilización paramilitar, advierte que la salida de la cárcel de algunos mandos de las Auc está también generando ruidos en la convivencia de las regiones.

Puntualmente, dice que algunos ex-Auc que cumplieron penas de Justicia y Paz se movieron hacia zonas de influencia del ‘clan Úsuga’ a pesar de que no tenían arraigo alguno allí, lo que podría suponer la intención de buscar contactos con esa y otras bandas.

Hay también denuncias de reclamantes de tierras que dicen que han sido amenazados por antiguos ‘paras’. Intensificar el seguimiento a los procesos de reincorporación de estas personas y sobre todo ampliar la posibilidad de que tengan trabajos en la economía formal son los llamados de la Misión.Vea el informe completo.

Alerta por ataques contra líderes sociales

Uno de los temas más sensibles que, dice la Misión de la OEA, están afectando a las comunidades es el ataque contra líderes en varias regiones.

Según su interpretación, no existe un patrón sistemático de ataques contra estas personas. Pero agrega que sí hay coincidencias en varios de los casos.

Así, el documento entregado este miércoles en Washington por Roberto Menéndez, jefe de la Misión, señala que muchos de los dirigentes asesinados denunciaron en su momento la llegada de nuevos actores armados a sus regiones. Otros antecedentes comunes son sus denuncias por mal manejo de recursos públicos en sus zonas y el desarrollo de trabajo político “en función de la pedagogía para la paz”. Algunas víctimas, dice la Mapp-OEA, han tenido trabajo comunitario “para la creación de nuevos espacios y/o movimientos representativos”. Por último, y este es un elemento clave, sus liderazgos “ponen en evidencia y riesgo el flujo de la economía ilegal de la zona”, pues muchos de ellos se la habían jugado por apoyar los programas de sustitución de cultivos a través del desarrollo alternativo.

Un llamado para que Congreso ‘blinde’ pronto el acuerdo

El tránsito de las Farc a la vida civil y la negociación del Gobierno con Eln fueron dos de los aspectos más sobresalientes que incluyó la Misión de la OEA en su último informe sobre los avances y riesgos de la paz en Colombia y que fue presentado en Washington.

En su intervención, Roberto Menéndez, jefe de la Misión en Colombia, señaló que el país está haciendo grandes esfuerzos en materia de seguridad, que se evidencian en la creación e implementación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la Unidad Élite de la Policía Nacional, de la Fiscalía Especial y de estrategias de las Fuerzas Militares y de Policía para combatir a los grupos armados organizados.

En el documento, que cuenta con información de monitoreo realizado entre agosto del 2016 y enero de este año, el organismo internacional resalta el protagonismo que han ganado las víctimas con el acuerdo de paz y la importancia que tendrán dentro del sistema de justicia transicional, que todavía no ha entrado en vigencia.

También hace énfasis en la importancia de que el Estado ocupe todos y cada uno de los territorios donde hay presencia de grupos armados, algo que, por ejemplo, ha dado buenos resultados según la OEA en Ituango, Antioquia y Tierralta, Córdoba, municipios históricamente afectados por la guerrilla y hoy con gran presencia de la Fuerza Pública.

El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz, dijo también que Colombia está rompiendo barreras, porque “más allá de los esfuerzos que se han hecho en el continente, estamos escribiendo un capítulo inédito y es la construcción de una Jurisdicción Especial para la Paz. Hace unos años era impensable considerar que la guerrilla iba llegar un día ante la justicia”.

En todo caso, la OEA hace un llamado para que en favor de aumentar la confianza en el acuerdo y mantener las batallas ganadas en los territorios, se blinde el acuerdo de la forma más expedita, porque “es necesario continuar blindando el proceso de paz atendiendo a la necesidad de efectuar concesiones en los marcos de la justicia ordinaria y en la operación de mecanismos parlamentarios regulares”.

Indica que es necesario evitar la dilación excesiva de la implementación de los componentes del acuerdo, para no dar lugar a nuevos brotes de violencia y a que la incertidumbre gane espacio entre las comunidades afectadas.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
Justicia@eltiempo.com

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA