Conflicto y Narcotráfico

Fumigación con drones, la nueva arma contra los narcocultivos

Policía Antinarcóticos ya definió un modelo que podría triplicar la efectividad de los equipos.

Erradicación  manual  de  cultivos  de  coca

Policía Antinarcóticos y Ejército son los encargados de la erradicación forzada.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

18 de abril 2018 , 10:15 a.m.

Con las siembras de coca disparadas en todo el país –extraoficialmente, entre 220.000 y 230.000 hectáreas, según la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca; y entre 170.000 y 180.000 hectáreas según las cuentas de autoridades colombianas–, el Gobierno tiene un as bajo la manga para revertir la tendencia: utilizar drones para fumigar con glifosato los narcocultivos.

A pesar de los buenos resultados de la erradicación forzada llevada a cabo el año pasado por policías y soldados –53.000 hectáreas, frente a una meta de 50.000–, los líos para el despegue del programa de sustitución voluntaria de cultivos, la resiembra (que pudo llegar al 20 %) y las nuevas hectáreas de coca están forzando un replanteamiento de la estrategia antinarcóticos.

El Gobierno sigue firme en su decisión de no volver a la aspersión de glifosato desde avionetas, pues considera que a mediano plazo los programas de erradicación voluntaria apoyados por la Fuerza Pública van a garantizar resultados. Además, señalan altas fuentes, volver a implementar las flotillas de avionetas de fumigación que recorrieron el país por casi tres décadas implicaría, además del costo político, enormes inversiones en tiempo y dinero.

Pero se están buscando opciones para hacer más efectivo el trabajo de los erradicadores en tierra y por eso los expertos empezaron a mirar hacia los drones, una tecnología que ya se usa en la agricultura y que, en el campo de la seguridad, tampoco es extraña para el país.

EL TIEMPO conoció que desde finales del año pasado la Policía Antinarcóticos viene haciendo pruebas piloto para establecer las características de los equipos que serían utilizados en la lucha contra la coca y que presentan varias ventajas frente a las estrategias tradicionales.

Por un lado, los sobrevuelos serían a menor altura que los de los aviones antinarcóticos, con lo que tiene un control exacto sobre el área que será fumigada.

Como se recordará, uno de los argumentos contra las aspersiones fue que por factores como el viento y la lluvia los cultivos de pancoger terminaban siendo afectados por el glifosato. Actualmente, los erradicadores usan glifosato con aplicadores manuales, y la última decisión de la Corte Constitucional sobre el tema –después de que en el 2013 ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas– aclara que incluso esa herramienta puede utilizarse siempre y cuando se garantice que no habrá efectos colaterales.

Los drones volarían a una altura de entre 50 centímetros y un metro por encima de los cultivos de coca mientras que un avión lo hace a no menos de 10 metros de altura.
La efectividad también juega en favor de la tecnología. Así, mientras un equipo de erradicadores manuales puede destruir en un día entre 3 y 5 hectáreas de sembradíos, con un dron se pueden fumigar entre 10 y 15 hectáreas.

Adicionalmente, con los aparatos se minimizarían los riesgos de minas antipersona –que son usados por los narcos y grupos armados para tratar de frenar a los equipos de erradicadores– y también los famosos ‘bloqueos sociales’, con los que comunidades cocaleras impiden la acción de policías y soldados.

Antinarcóticos entregó un informe técnico que estableció 39 características que deberían tener los drones, como la autonomía mínima de vuelo (al menos 10 minutos) con una carga de mínimo 10 litros del herbicida.

Los aparatos deben soportar temperaturas entre los -5° C y los 40° C. Además, contar con doble sistema de GPS para garantizar la precisión de la aspersión; un sensor anticolisión y un sistema de grabación automático que registre segundo a segundo el recorrido de cada dron, que será manejado a corta distancia.

Además el controlador de vuelo deberá contar con un sistema de grabación automático que registre segundo a segundo el recorrido de cada aspersión. También se debe garantizar el cumplimiento de todos lo estándares ambientales y de salud pública.

Este diario supo que se abrió un primer proceso licitatorio para escoger un modelo de dron de fumigación y que, en caso de que se superen todas las exigencias, su fabricante se quedaría con un negocio de $ 21.000 millones para este mismo año.

El pasado 13 de abril se realizaron las últimas pruebas técnicas en Bogotá y ya se escogió un oferente, de entre cinco empresas. Antinarcóticos está evaluando los reparos de algunos de los licitantes antes de dar el siguiente paso en el proceso, que será darle vía al diseño final del aparato y probarlo sobre cultivos de coca experimentales.

Mientras se implementa el programa, para este año se mantiene la meta de erradicación forzada en 70.000 hectáreas: 47.000 por la Fuerza Pública y 23.000 con equipos de apoyo a las comunidades que pidan asistencia para cumplir los compromisos de sustitución. Hasta ayer la Fuerza Pública había arrancado 5.553 hectáreas.

De manera paralela, en mayo deberían completarse las 50.000 hectáreas del plan de sustitución de cultivos. El corte en marzo pasado era de 24.780 hectáreas efectivamente sustituidas y verificadas por Naciones Unidas. Unas 123.000 familias cocaleras ya firmaron los compromisos de sustitución.

En Tumaco, el municipio del país con más cultivos (23.148 hectáreas a corte del 2016) hoy no se está erradicando. La apuesta es la sustitución, programa que se ha visto afectado en todo caso por la acción de las disidencias de las Farc, especialmente la de alias Guacho.

Violencia sigue asustando en zonas con más coca

Entre las regiones del país donde persisten el conflicto armado y los altos índices de violencia homicida a pesar del proceso de paz con las Farc hay un factor común: la existencia de grandes cultivos de coca, laboratorios y rutas del narcotráfico.

En dos zonas la situación es crítica. Desde hace un mes el Eln y la banda de ‘los Pelusos’ libran una guerra territorial que afecta 11 municipios que componen la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander.

Esa región tiene al menos 24.000 hectáreas de coca y allá no hay ni erradicación forzada ni sustitución desde hace al menos tres años. Además, la cercanía de la frontera con Venezuela, país que tiene enormes líos para controlar los vuelos de los narcos, dispara los intereses estratégicos de los bandos en disputa. En el Catatumbo los grupos ilegales decretaron un paro armado que tiene paralizados el comercio y el transporte en la zona.

En Nariño, al otro lado del territorio, la cara más visible del narcotráfico se llama ‘Guacho’, pero no es la única. En ese departamento, donde sí se han usado todas las estrategias contra los narcocultivos, siguen persistiendo los sembradíos, que a corte del 2016 llegaban a las 40.000 hectáreas. Otras bandas como la ‘Gente del Orden’ y las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, además del Eln y ‘los Úsuga’, buscan quedarse con la mejor tajada del negocio.

En Putumayo, Guaviare y Meta hay más de 37.000 hectáreas con matas de coca. Allí ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias de los que fueran los frentes primero y séptimo de las Farc, sigue delinquiendo.

Otros dos puntos con problemas son Cauca, con 12.595 hectáreas de sembradíos ilícitos, sumados a los de marihuana que se disputan disidencias, Eln y representantes del denominado ‘clan Úsuga’. En la zona limítrofe con el Valle se han reportado además avanzadas de ‘los Pelusos’ que han sido repelidas por los ‘elenos’ a sangre y fuego.

JUSTICIA
@JusticiaET
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