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Conflicto y Narcotráfico

Acuerdo entre Gobierno, Fiscal y Farc le mete acelerador a la JEP

El miércoles pasado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez (izq.), explicó las observaciones que tiene al proyecto que fija las reglas de la justicia para la paz.

El miércoles pasado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez (izq.), explicó las observaciones que tiene al proyecto que fija las reglas de la justicia para la paz.

Foto:Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Con los ajustes realizados al proyecto, su tránsito en el Congreso sería más seguro.

Juan Carlos Rojas
Algunos de los artículos discutidos en el Congreso en el marco de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la paz “están lejos de contribuir a una paz estable y duradera en el ámbito jurídico”.
Así lo aseguró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una de las cartas enviadas al ministro del Interior y al presidente de la Cámara desde junio pasado en las que plasmó sus observaciones sobre la inconveniencia de algunos de los puntos del articulado.
En las cartas del 6 de junio y del 8 de agosto, conocidas por EL TIEMPO, el jefe del ente acusador señala, en 31 páginas, los cambios que se tendrían que hacer a temas como la entrega de bienes, los límites de la extradición, la suspensión de las investigaciones, el reconocimiento de la verdad y las sanciones.
Esas observaciones finalmente quedaron incluidas en el articulado y fueron aclaradas en una reunión realizada esta semana en la que se sentaron el Gobierno, el fiscal Martínez y representantes de las Farc y que terminó despejando las dudas entre las partes.
Incluso se espera que esta semana, los ponentes radiquen en el Congreso la ponencia que recoge lo discutido en la reunión y que a más tardar en ocho días la estén votando las plenarias de Cámara y Senado.
El fiscal Martínez Neira manifestó que quedó claro, por ejemplo, que los disidentes, reincidentes y testaferros no serán cobijados por el régimen de la justicia para la paz ni tendrán ninguno de sus beneficios.
Martínez le pidió al país apoyar la JEP “para que todas estas propuestas salgan adelante porque están inspiradas en el orden jurídico y en los valores de la sociedad colombiana”.
Expertos consultados por este diario consideran que haber logrado un acuerdo brinda mayores garantías y celeridad a la justicia especial de paz.

No creo que la JEP salga más rápido, pero sí tendrá un trámite más seguro. Las partes van más tranquilas, y ahora depende de la rapidez en el Congreso

Antonio Aljure, exdecano de Derecho de la Universidad del Rosario, considera que lo importante es dar mayor seguridad que celeridad al sistema de justicia. “No creo que la JEP salga más rápido, pero sí tendrá un trámite más seguro. Las partes van más tranquilas, y ahora depende de la rapidez en el Congreso”, indicó.
Para Aljure, los cuestionamientos que se tenían sobre la JEP eran “inquietudes válidas que permiten que temas polémicos como los disidentes y el delito continuado queden con límites y bien trazados” y definir hasta dónde van los deberes y derechos de todas las partes. Considera que por ser un sistema nuevo, que va a irrumpir la tradición de cómo se ejerce la justicia, no estará exento de dificultades.
Aljure destaca, además, que el aval que le dio la Corte al blindaje del acuerdo de paz rechaza que en un futuro cualquier acto legislativo o intento de reforma busquen tumbar lo acordado. “Después pueden surgir controversias, pero lo importante es que vayan quedando resueltas luego del acuerdo entre el Gobierno y el Congreso”, dijo.
Fichero
Fichero
Para César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, la JEP es una pieza fundamental del posconflicto y el acuerdo logrado esta semana es un avance positivo para su implementación. “En el mundo no hay nada que se asemeje a la escala del sistema de justicia transicional que se está intentando hacer en el país. No es fácil crear un aparato institucional tan grande que garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, indicó.
Rodríguez agrega que es positivo para el país que se den soluciones conjuntas sobre la justicia transicional. “Se hace un compromiso para garantizar el derecho a la paz, la tarea ahora es que la JEP comience a funcionar para que no se frustren las expectativas de la gente. El acuerdo permite que avance con más tranquilidad y agilidad la tarea más difícil, que es montar la JEP”, dice.

 No es fácil crear un aparato institucional tan grande que garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición

Juan Fernando Córdoba, decano de Derecho de la Universidad de La Sabana, considera que mientras mayor claridad y más límites estén definidos del nuevo sistema de justicia, habrá mayor garantía para todos. “Cuando se está creando una estructura como la JEP, estos encuentros razonables entre los actores sirven para determinar cuál es el alcance real de esa jurisdicción y dar mayores garantías al país sobre el sistema de justicia”.
“Ahora se cuenta con la claridad hacia el futuro al estar respaldados por la Corte. Es distinto actuar como juez cuando se tiene la incertidumbre de si va a seguir funcionando esa justicia o si dentro de un año, cuando cambie el gobierno, no va a continuar”, agregó.
Esta posición fue respaldada por Genaro Alfonso Sánchez, decano de Derecho de la Universidad Nacional, quien señaló que era importante que se resolvieran las observaciones sobre el proyecto: “El acuerdo al que se llegó resuelve todas las inquietudes y abre el campo para que el Congreso apruebe esta reglamentación”.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Forero, aseguró que ya ha quedado claro que la JEP “no tiene reversa; mientras mayores controles de las partes, el país puede tener más seguridad de que lo que se va a aprobar está blindado. Todos los esfuerzos que impliquen una convergencia son importantes para el avance del proceso”.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Juan Carlos Rojas
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