A dos meses de que se cumplan veinte años de la masacre de Mapiripán, en la que se estima perdieron la vida más de 50 personas, otro número indeterminado desapareció y cientos fueron desplazados, las víctimas siguen buscando respuestas sobre lo sucedido en 1997 en esa zona del sur del Meta, y exigen reconsiderar la libertad condicional al general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión y quien obtuvo el beneficio luego de acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Marina Sanmiguel, que perdió a su esposo, y Viviana Barrera, que sufrió la desaparición de su padre, en hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando paramilitares del Urabá ocuparon la zona, dicen que no tienen nada personal contra el general.
De hecho, señalan que solo supieron de él muchos años después y que si él era quien tenía jurisdicción sobre esa zona, debe responder por no haber hecho nada para evitar la masacre. En este punto, el excomandante de la Séptima Brigada del Ejército ha insistido en que no tenía jurisdicción ni mando sobre las unidades militares de la zona.
“Necesitamos que este señor reconozca que hizo un daño, que él permitió que ese daño se hiciera y que nosotros sí somos verdaderas víctimas”, insisten la dos mujeres, quienes además dicen que pese a que hay falsas víctimas, no significa que en realidad no haya habido víctimas de la masacre. “La Unidad de Víctimas ha señalado que son cerca de 5.000, porque mucha gente se desplazó”, afirman Sanmiguel y Barrera.
Las dos mujeres dicen que están pendientes de que se vincule al general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XVII, y a otros miembros de la Fuerza Pública a la investigación por esos hechos. Y que Hernán Orozco Castro, condenado a 40 años de cárcel y quien vive en Estados Unidos, regrese al país y pague su condena.
Semana oscura
En compañía de dos conocidos, Marina Sanmiguel recogió y enterró con sus propias manos a su esposo, José Ronald Valencia, porque no había nadie que se atreviera a desafiar la orden de los ‘paras’ de no mover los cadáveres.
A José Ronald lo mataron en la madrugada del lunes 21 de julio, cuando todo el pueblo creía que ya los paramilitares se habían ido. Su cuerpo lo dejaron en la entrada del pueblo. También asesinaron a Sinaí Blanco, cuyo cuerpo apareció en la mitad de Mapiripán, y a Antonio Barrera, en el muelle del río.
Tres días antes habían visto un cadáver en el matadero, pero cuando fueron a sacarlo, los ‘paras’ lo impidieron. Marina dice que cree que lo tiraron al río.
Durante la masacre, ella empacó ropa en una bolsa y salió con sus cinco hijos hacia el aeropuerto para pedirle a la Cruz Roja, el primer organismo que llegó, que la sacaran de Mapiripán. En total salieron 60 familias con rumbo a Villavicencio.
El mismo día que Marina salió, llegó Viviana a Mapiripán, buscando a su papá, Antonio María Barrera, a quien le decían 'Catumare'. Ella escuchó por radio que lo habían matado, y aunque buscó el cuerpo nunca lo encontró. “Los ‘paras’ llevaban una lista y él era el primero”, dice Viviana, quien recuerda que en una oportunidad un militar le pidió los documentos de identificación a su papá en San José del Guaviare y le dijo: ‘¿Si sabe que usted está en una lista negra de Villavicencio?’.
Este viernes, las víctimas se reunirán con la Gobernadora del Meta para pedir que se construya una casa de la memoria en el pueblo, en honor a las víctimas.
JUSTICIA