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Poco ojo de firmas a la ‘puerta giratoria’

Oficina de Transparencia de Presidencia agrega que también escasean normas para el ‘lobby’.

Billetes

El 27 por ciento de los evaluados no cuenta con lineamientos claros sobre contribuciones a campañas políticas.

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Archivo / EL TIEMPO

20 de febrero 2018 , 08:50 p.m.

Ocho de cada 10 grandes empresas del país (el 80,8 por ciento) no han regulado en sus códigos de buen gobierno o ética la llamada ‘puerta giratoria’, práctica que consiste en la contratación de personas que han participado como funcionarios públicos y que luego, cuando son enganchados por estas, toman decisiones con base en información privilegiada del Estado.

Así lo indica la última evaluación del programa Empresas Activas Anticorrupción (EAA), que además indica que siete de cada 10 firmas tampoco poseen una regulación clara sobre el lobby o cabildeo, otra función que resulta crítica y a través de la cual, con frecuencia, se incurre en conductas fraudulentas.

A juicio de Gabriel Cifuentes, secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, esos dos fueron los factores que más llamaron la atención en el último reporte de EAA, correspondiente al 2017 y cuyos resultados serán presentados estemiércoles en Bogotá. La evaluación es voluntaria y comprende 108 preguntas en 10 áreas.

El puntaje máximo son 150 puntos, de manera que solo se consideran aprobadas las que pasan de los 100 puntos, cuyos nombres serán revelados en el acto, mientras que las que se ‘rajaron’ no serán mencionadas y simplemente tendrán la posibilidad de presentarse de nuevo, bajo la asesoría de personal especializado de la Oficina de Transparencia con el propósito de reforzar los aspectos en que están flojas.

En las tres ediciones de este examen han sido aceptadas 47 compañías.

En la del 2015 fueron 13 y solo pasó 1; en el 2016, 8 y ganaron 5 y en el 2017 hubo 33 participantes y pasaron casi la mitad.

El aumento del número de compañías interesadas en someterse al escrutinio, entre locales y multinacionales, significa, de acuerdo con Cifuentes, que “el sector privado ha entendido su papel en la lucha contra la corrupción y avanza en la implementación de programas con altos estándares que previenen los riesgos”.

No es un blindaje

"Algo muy interesante es que muchas de estas empresas habían participado en la segunda edición y no habían pasado, es decir que se promovieron modificaciones y ajustes necesarios dentro de sus políticas de cumplimiento para luego volverse a someter a la medición”, comentó Cifuentes.

“No estamos diciendo que si usted pasa esta evaluación, se blinde frente a hechos de corrupción. Eso no puede garantizar, ni con esta medición ni con ningún otro instrumento, que no haya actos desviados en el interior de las empresas”, afirmó Cifuentes.

Además, en la edición del 2017, el 27 por ciento de los evaluados no cuenta con lineamientos claros sobre contribuciones a campañas políticas. “No podemos decir que no haya una financiación, pero sí que debe haber claridad en los protocolos”, dice Cifuentes, quien hace hincapié en que si bien hay un 73 por ciento que sí posee estos lineamientos, debería ser un requisito para la totalidad.

ECONOMÍA

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