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Los alcances de declarar el estado de emergencia en La Guajira

El Presidente podría dictar decretos con fuerza de ley destinados únicamente a terminar la crisis.

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En los últimos meses, diferentes sectores han cerrado filas en torno a las difíciles condiciones alimentarias, económicas y políticas de La Guajira.

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Cristian Ávila / EL TIEMPO

13 de febrero 2017 , 03:06 p.m.

El Consejo de Ministros se reúne desde mediodía de este lunes en el Palacio de Nariño, para analizar una posible declaratoria de estado de emergencia económica y social, ante la crisis que atraviesa el departamento de La Guajira.

Como es sabido, esta entidad territorial se halla en difíciles condiciones alimentarias, económicas y políticas, que principalmente afectan a la comunidad indígena wayú.

El estado de emergencia económica está contemplado en el artículo 215 de la Constitución Nacional y se decreta cuando haya hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico”.

En medio de este estado de excepción, el Presidente podría “dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”.

Entre las medidas que menciona la Carta Política y que se podrían tomar en La Guajira, en caso de que el Gobierno se decida a declarar la emergencia económica y social, están, “en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.

Igualmente, se podrían establecer otras medidas de orden económico que ayuden a superar la crisis que se ha producido.

La historia

La emergencia económica fue oficializada mediante el decreto 80 del 13 de enero de 1997 y la más reciente fue la del 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el gabinete ministerial firmaron un decreto, para aliviar la situación de las personas y las empresas afectadas por el cierre unilateral de la frontera venezolana.

Igualmente, fue utilizada por el expresidente Ernesto Samper, en 1997, tras la crisis cambiaria que amenazaba un efecto revaluacionista.

(Además: Medidas cautelares en favor de niños wayú)

En 1998, el presidente Andrés Pastrana declaró la emergencia, tras la situación hipotecaria presentada por el Upac, que llevó a problemas en el sistema financiero.

En dicha ocasión se creó el impuesto a las transacciones bancarias, que aún permanece.

Duro de ‘matar’

Una vez superada la crisis financiera, en 1999, bajo la emergencia económica causada por el terremoto en el Eje Cafetero, el tributo se prolongó por otro año y se modificó su destino.

Según Asobancaria, en el 2000 fue convertido en permanente y su tarifa inicial como contribución fue del 2×1.000 para los retiros realizados de las cuentas corrientes y de ahorro, los depósitos en el Banco de la República y los cheques de gerencia. Sin embargo, luego se fijó en 3×1.000 para el 2000 y en el 2003 en 4×1000, de manera transitoria hasta el 2007. Posteriormente, en el 2006, la tarifa del ‘famoso’ 4×1.000 fue fijada como permanente.

Luego empezó un marchitamiento progresivo en el 2010: bajó a 2x1.000 entre el 2014 y el 2015 y a 1x1.000 entre el 2016 y el 2017.

Sin embargo, tras crisis en el agro, el Gobierno replanteó nuevamente la decisión y el tributo quedó así: en el 2014 se mantuvo en 4x1.000, y su desmonte se inició a partir del 2015 y se fijó en 2x1.000; para el 2016 y el 2017 se reglamentó en 1x1.000.

La decisión fue nuevamente reversada por la reforma tributaria del 2014, que mantuvo el 4×1000 hasta 2018 y pospuso su desmonte gradual solo hasta el 2019, y no hasta 2018 como se previó inicialmente.

En el 2008, el presidente Álvaro Uribe también decretó el estado de emergencia económica, con una vigencia de 30 días.

Esto ante la situación generada por la actividad de los captadores o recaudadores de dineros del público en operaciones no autorizadas, conocidas como pirámides. Al amparo de la norma, se creó el pago de recompensa a quienes permitieran hallar dinero o bienes de las captadoras ilegales. Además, quedó establecido que los bienes intervenidos fueran inembargables.

Este decreto, también definió la elaboración del inventario de los bienes de las empresas captadoras, para que fueran vendidos y se usaran en la devolución de efectivo a los afectados.

En el 2011, se expidieron varios decretos para hacer frente a la ola invernal y mediante la declaración de la emergencia se creó el Fondo Adaptación, que se nutrió de los ingresos que produjo la venta del 10 por ciento de Ecopetrol y luego de impuestos.

Además, se ajustó el impuesto al patrimonio, que comenzarán a pagar personas con un capital líquido superior a 1.000 millones de pesos. Igualmente, se fijaron tarifas progresivas para los patrimonios superiores.

Antes del 91

Antes de la Constitución de 1991, el Gobierno usó la emergencia económica varias veces.

Por ejemplo, por primera vez se habló de esta en 1974, cuando el presidente Alfonso López Michelsen creó un sistema tributario que obligó a los bancos a pagar más impuestos.

El expresidente Belisario Betancurt, que gobernó entre 1982 y 1986, también usó la emergencia, tras encontrar las finanzas del Estado en deterioro. La avalancha de Armero también obligó al mandatario a tomar medidas económicas de excepción.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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