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Nerviosismo por dos proyectos que golpean al fisco y a empresarios

El Gobierno asegura no poder cubrir el aporte que dejarían de dar jubilados a la salud.

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2,3 billones de pesos. Según el Gobierno, este es el valor estimado del impacto en el presupuesto del sector salud que traería bajar los aportes de los pensionados del 12 por ciento al 4 por ciento.

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Archivo EL TIEMPO

25 de mayo 2017 , 10:46 p.m.

En medio de un ambiente tenso y una situación económica muy diferente a la de hace cuatro años, cuando el crecimiento y los ingresos petroleros daban para hacer promesas para los trabajadores, el Gobierno y los empresarios buscan, cada uno por su lado, la manera de atajar 2 proyectos de ley que afectarán sus finanzas.

Se trata de la reducción de los aportes a salud de los pensionados que reciben hasta cuatro salarios mínimos mensuales, y la ampliación, en una hora, del recargo nocturno, comenzando a las 9 de la noche.

Dos proyectos cuyo factor común es no haber cumplido las expectativas inicialmente planteadas.

En cuanto al proyecto que reduce del 12 al 4 por ciento los aportes a salud de más de un millón de pensionados, la polémica es más fuerte, tanto por el impacto fiscal y las finanzas del sistema como por las circunstancias en que se dio la discusión.

El senador Alexánder López, del Polo Democrático, uno de los autores de la iniciativa que fue votada de forma unánime en la plenaria del Senado el miércoles, sostiene que el Gobierno no participa, generalmente deja que los proyectos avancen y aparece el último día a corregir lo que no hizo en todo el desarrollo de las discusiones.

“Lo cierto es que la no asistencia obedece al compromiso, de apoyar el proyecto, hecho por el presidente Santos en el 2014”, señala el parlamentario.

Y agrega que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, terminando la reforma tributaria el 27 de diciembre de 2016, también pidió eliminar esta proposición del articulado, pues dijo apoyar el proyecto que hacía trámite en la Comisión Séptima del Senado.

No obstante, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, que estima un impacto fiscal de 2,3 billones de pesos, refuta el argumento y explica que en todos los debates, el Ejecutivo envió por escrito concepto negativo, “y ellos lo saben”.

Al preguntársele por qué cambió la posición del Gobierno frente a esta promesa, el funcionario recalca que en ese momento, el precio del crudo estaba a 100 dólares por barril, y hoy se cotiza a la mitad. Además, sostiene que el menor crecimiento económico es otro factor en contra.

A su turno, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), uno de los actores del sector salud, dice que reducir los aportes de los pensionados le representaría al sector la pérdida de más de un billón de pesos por año, situación que deterioraría los indicadores de calidad y el acceso a los servicios, ya de por sí críticos.
“Esta promesa no ha debido hacerse nunca porque la situación tampoco era que fuera extraordinaria hace cuatro años”, sostiene por su parte Jaime Arias, presidente de Acemi.

El directivo advierte que el país debe escoger entre el beneficio de más de un millón de pensionados o el de 48 millones de colombianos que están recibiendo los servicios de un sector muy golpeado.

No pasaría

Entre tanto, el senador Ángel Custodio Cabrera aclara que aunque hace dos años el proyecto de ley se presentó ante el Gobierno y fue avalado por el presidente Santos, este fue radicado y solo llegó para el segundo debate, “principalmente porque el Polo Democrático dijo que con ellos no habían concertado”.

Agrega que posteriormente lo volvieron a presentar otros autores y se fue aprobando en los debates, sin que tuviera aval del Gobierno. “Por eso, en la plenaria de Senado, el Gobierno, a través del viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, dejó constancia de que era inconstitucional, con base en la Ley 817, según la cual todo lo que tenga que ver con recursos parafiscales debe tener aval del Gobierno”, agrega Cabrera.

Por eso, el parlamentario dice que es probable que el Gobierno lo devuelva y el Congreso lo tendría que pasar a la Corte Constitucional, donde seguro lo declararán improcedente.

Pero, Alexánder López, del Polo, señala que el momento económico no tiene nada que ver con el tema y plantea que para financiar la iniciativa, el Ejecutivo podría eliminar entre 10 y 15 por ciento la burocracia que tiene con la tercerización y contratistas para llenar la cuota que se tiene con los políticos del país.

También señala que podría eliminarse un 10 por ciento de la corrupción. “Incluso podría salir de los intereses que paga el sector financiero por pensiones. El sector financiero no paga ni el 4 por ciento anual de todo lo que tiene el sistema pensional, y luego recolocan esta plata al 14 o al 17 por ciento”, dijo López.

Al respecto, Jaime Arias, presidente de Acemi, cree que cuando el país vuelva a tener suficientes ingresos y el sector salud recupere su sostenibilidad y equilibrio, se puede comenzar a pensar en esta y en muchas otras medidas.

Además, hace alusión a otro proyecto a punto de reventar en el Congreso y que versa sobre el pago de tratamientos de fertilidad, el cual requerirá unas 20.000 mujeres en el corto plazo, a un costo unitario es de $ 20 millones, es decir, 400.000 millones de pesos.

Iniciativa recortada divide al Gobierno

Hace cuatro años, la idea original con el aumento de las horas extras era volver al sistema en el que el recargo nocturno iniciaba a las 6 de la tarde.

Pero la propuesta quedó recortada en dos horas y, para el último debate en la plenaria del Senado, entrará con un nuevo ajuste, que les daría a los trabajadores, en la práctica, solo una hora de recargo, comenzando desde las 9 de la noche.

Aun así, la iniciativa tiene dividido al Gobierno.

La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, sostiene que es importante avanzar en que los trabajadores tengan esa hora extra, y que si bien estos quieren más, también hay que mirar el momento del país, la economía y la situación de los empresarios.

Pero la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, cree que subir el recargo nocturno afectaría la competitividad de las empresas, la productividad, el turismo y tendría impacto negativo en la formalidad y en la inversión extranjera.

Apreciación que comparte la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), que sostiene que con un PIB del 2 por ciento el año pasado y un inicio de año mediocre, agregarle costos a la estructura productiva de los empresarios colombianos redundaría en mayor desempleo e incrementaría las posibilidades de que la economía caiga en recesión, e iría en contra de otras iniciativas que buscan la reducción de la informalidad.

Aunque es factible que algunos empresarios opten por los despidos, Stefano Farné, investigador del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, cree que otros podrían adoptar la decisión de cerrar sus negocios a las 9 de la noche, lo cual terminará afectando finalmente al consumidor y no tanto el costo de las empresas.

“En general no deben ser muchos los que ganan, solo los que hacen turnos. Pero, a nivel agregado, esto no es una gran ganancia, así como no representa un gran aumento en los costos ni una gran pérdida de empleo”, subrayó.

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