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Subsidios 'se comen' uno de cada tres pesos del presupuesto nacional

Solo en el 2015, el Estado giró, con cargo al presupuesto, unos $ 11 billones en subsidios.

Solo en el 2015, el Estado giró, con cargo al presupuesto, unos $ 11 billones en subsidios.

Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Debate sobre efecto de ayudas estatales en la desigualdad. Según críticos, estimulan informalidad.

Los subsidios en Colombia, ya sea en plata; descuentos o cubrimiento total para acceso a servicios, o apoyos estatales para proyectos productivos están en la palestra pública, ‘ad portas’ de un revolcón sugerido en un proyecto de ley que cursa en el Congreso y va ganando terreno (pendiente de segundo debate en plenaria de Senado).
La intención de la iniciativa no parece chocar a nadie, ni siquiera a la oposición del Gobierno. De hecho, Iván Duque, del Centro Democrático, es uno de los ponentes y grandes defensores de la iniciativa. “En medio de la polarización también se puede llegar a consensos sobre proyectos que son buenos para el país. El Estatuto de Subsidios es necesario”.
El proyecto, que motivó todo tipo de diagnósticos elaborados por Planeación Nacional, busca corregir el poco impacto que está teniendo una megainversión, por 72 billones de pesos en 2015, sin que se logre una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad.
Y es que los subsidios en un Estado están llamados a ser el puente para una distribución más equitativa de los ingresos. Sin embargo, en Colombia, la destinación anual del equivalente al 33,3 por ciento del presupuesto general que se ejecutó en 2015 (1 de cada $ 3) solo redujo levemente la desigualdad, que, según el coeficiente de Gini, pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016 (entre más cercano a cero hay menos desigualdad).
Además en el especial de subsidios vea:

Las distorsiones

El enfoque de los subsidios en el país tiende la mano a los colombianos necesitados, pero también ha contribuido a crear cazadores de apoyos públicos, a motivar a otros ciudadanos a estancarse en la pobreza para no perder la ayuda y a motivarlos a permanecer en la informalidad laboral para no salirse de la escasez que les permite obtener la subvención, según varios estudios.
Esto, sin contar con el halo de corrupción que ha habido alrededor de los apoyos estatales, pues Planeación halló indocumentados y hasta muertos que eran beneficiarios de subsidios. Tampoco se olvidan casos de políticos regionales que, valiéndose del desconocimiento de los ciudadanos, los ofrecían a cambio de votos.
Entre los cuestionamientos a la política de subsidios se señala que los recursos dispuestos para ese fin se han incrementado, de 49,6 billones de pesos en el 2010 a 71,8 billones en el 2015, y, aunque no hay que desconocer que la tasa de pobreza ha sido impactada, la reducción de esta no corresponde al alto monto invertido en subsidios, y tampoco es sostenible.
Existen 62 programas de subsidios sociales, según Planeación Nacional, que forman parte de la política de ayudas públicas y que son un salvavidas para muchos colombianos.
“Los recursos que se destinan a los subsidios sociales más representativos son: educación (33 % en promedio), pensiones (28 %), salud (18 %) y servicios públicos (7 %)”, según estudios de Planeación Nacional.
Pero, el mayor ejemplo de inequidad y desvío de estos recursos de la población objetivo es que, por ejemplo, en los subsidios a las pensiones, “el 20 por ciento de la población de mayor ingreso recibe el 50,8 por ciento del total de subsidios, mientras que el 20 por ciento más bajo recibe tan solo el 4,3 por ciento.
Y la situación se repite en los subsidios a la vivienda y los servicios públicos, en donde el 40 por ciento de las personas de mayor ingreso obtienen el 36,6 por ciento del total de ayudas.

Garantizar nutrición

Sin el apoyo, 2,7 millones de ‘familias en acción’ seguramente se sentirían en el aire. Para la ayuda, el Estado dispone de 1,6 billones de pesos anuales. El objetivo de este subsidio monetario es darles la mano a las familias con menores de edad para que garanticen la alimentación de los niños y su permanencia en el sistema escolar.
De acuerdo con cifras del Departamento de Prosperidad Social, reciben entre 144.250 y 168.250 pesos bimensuales, de acuerdo con la categoría de grupo al que se pertenezca, y la contraprestación del hogar es llevar a los hijos a control de crecimiento y contribuir a que permanezcan escolarizados.
Según Duque, una de las búsquedas del proyecto de ley es que “no se sigan entregando más subsidios de manera arbitraria, sino que estén plenamente sustentados y debidamente financiados, y que tengan un tránsito de aprobación transparente”.
Otra corrección que debe hacer el país es revisar la duración de los incentivos y los sectores a los que van dirigidos.
Por ejemplo, entre los subsidios productivos viene siendo criticado el hecho de que solo hay trece sectores priorizados para recibir apoyos, y por lo general son los mismos de siempre.
Es así como, en estímulos para incrementar la productividad, entre 2010 y 2013 se implementó un programa que costó 7,3 billones de pesos, de los cuales 3,3 billones los recibieron los caficultores.
Pese a esas altas inversiones, el campo colombiano, según el censo agropecuario, sigue con rezagos en la producción. En los últimos años, la pobreza en el país pasó de 37,2 por ciento de la población al inicio de la década (16,5 millones personas) a 28 por ciento (13,3 millones personas) en 2016. Gran parte está concentrada en el campo.
Pero, aunque los indicadores de pobreza bajan, la larga permanencia de los subsidios, sin que exista una política de acompañamiento para que el beneficiario salga de su condición de vulnerabilidad, conlleva a mantener la alta tasa de informalidad que hay en el país, según un estudio del Observatorio del Mercado Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.
“La afiliación al régimen subsidiado se asocia con un incremento de unos 20 puntos porcentuales en la probabilidad de ser informal, de los jefes de hogar y de sus cónyuges. En el caso de Familias en Acción, el efecto varía de entre 7 puntos porcentuales a 12 puntos porcentuales”, concluye la investigación.
Alejandro Gaviria, el actual ministro de Salud, en un comentario emitido en el 2007 puso de presente una posible relación entre el programa Familias en Acción y el incremento de embarazos para tener más niños y, por esa vía, obtener más plata del Gobierno.
Y no se puede olvidar que la permanencia en el listado del Sisbén, para efectos de un seguro de salud, es uno de los motivos por los cuales muchas empleadas domésticas negocian con sus contratantes para no ser afiliadas al régimen contributivo, en el que debe estar un empleado formal.

¿Hay una mejor forma?

El senador Duque destacó que los recursos destinados a subsidios, y que ascienden en el 2017 a 77 billones de pesos, son el equivalente a 5 metros para Bogotá al año.
Y reitera que “el problema es que se concentran en las personas de más alto ingreso cuando de pensiones se trata, y en los dos quintiles de mayor ingreso si se habla de subsidios a servicios públicos. Es decir, son inefectivos”.
Subrayó que una de las búsquedas debe ser que los subsidios se traduzcan en un puente para llevar a las personas al ingreso autónomo. “El gasto no ha ido acompañado de una formalización permanente, y ahí tenemos que corregir”.
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