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Normas inútiles que hacen que la economía del país sea tan compleja

El país ocupa 8 puesto en índice de complejidad financiera. Fenalco dice que no aguantan más normas.

reglamentacion

En el país es engorroso cumplir con las normas que se exigen. Hayy muchas de ellas que ya son obsoletas.

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Archivo / EL TIEMPO

11 de mayo 2018 , 07:11 a.m.

Recientemente, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, se despachó en Twitter diciéndole al Congreso de la República que, si quiere apoyar al sector privado en esta legislatura, “tiene la posibilidad de eliminar más de 11.000 regulaciones que son inútiles y que le restan competitividad al país. Esa debería ser la prioridad”.

Esta semana, el enredo que le ocasionan las normas a los que deben cumplirlas fue objeto de análisis en varios escenarios. El Congreso tiene en la agenda el trámite del proyecto de ley sobre depuración normativa, liderado por el Ministerio de Justicia, según el cual, hay exactamente 11.317 reglamentaciones inservibles que involucran a 24 sectores de la administración pública y el 67 por ciento de ellas se caracterizan por “agotamiento del objeto para el que fueron creadas”.

Planeación Nacional también se ocupó del tema, en busca de lo que esa entidad llama ‘una regulación inteligente’, y el director del DNP, Luis Fernando Mejía, recordó que “se están emitiendo 15 normas por día, tres decretos diarios”.

En el mismo sentido, el senador Eduardo Enriquez Maya, ponente del proyecto de ley que tendrá su primer debate la próxima semana, trajo a colación el hecho de que, mientras en un país como Alemania se emiten 6 leyes al año en Colombia se expiden normas a granel.

Todo esto se refleja en el Índice de Complejidad Financiera 2018, lanzado esta semana por TMF Group, según el cual, “Colombia aparece dentro de los diez países más complejos en el mundo en cumplimiento financiero y trámites burocráticos” (8° puesto a nivel mundial entre 94 países y 4° en el continente).

“Las regulaciones fiscales se distancian de las contables. Esta situación genera diferencias entre los estados financieros a efectos contables y los balances que se utilizan para liquidar impuestos”, dijo Daniela Díaz, directora de TMF.

Las regulaciones fiscales se distancian de las contables

Seguridad jurídica, en juego

La seguridad jurídica es lo que más reclaman los inversionistas que pretenden instalarse en un país para crear empresa y generar empleo. Y aunque Colombia está trayendo capital extranjero, la necesidad de andar hacia un mayor desarrollo obliga a buscar una normatividad más sensata.

Esto llevó al presidente del gremio de comerciantes a expresar que “el sector productivo no aguanta una norma más”, tanto por costos económicos como por tiempos y demoras para cumplirlas, lo que les resta competitividad frente a otros países. Al decir de Botero, el país debe migrar a la fórmula del 2x1. Es decir, “cada vez que se expida una reglamentación se eliminen 2”.

Al respecto, Enriquez Maya advirtió que lo que está sucediendo en la actualidad en el país es peor aún. “Se hace una norma y el último artículo señala que se deroguen las anteriores, con lo cual, no se sabe con exactitud qué regla cae en esa mortandad y cuál queda viva. El Congreso tiene la tarea de ser más responsable con la expedición de las leyes”.

Más aún si, según expresa el director de Planeación, “el mal uso de las normas puede generar costos innecesarios. Según la Ocde, la reducción de 25 por ciento en costos económicos de la regulación puede redundar en incremento de 1,4 puntos porcentuales en el PIB”.

Que no se pierda el impulso

El camino apenas se empezó a recorrer, porque, por ahora, hay decretos, resoluciones o leyes obsoletas, otras empolvadas en los anaqueles sin que nadie las use, y otras vigentes, pero peligrosas.

La mayor parte, el 44 por ciento, son del resorte de la cartera de Hacienda. Por ejemplo, un ciudadano llamado Cecilio Torres, en el siglo XIX, fue merecedor de una ley exclusiva para garantizar, con cargo a las cuentas de la Nación, la educación de sus hijos.

Dentro de los sectores con más reglamentaciones por depurar, después de Hacienda sigue el Ministerio del Interior, con el 10 por ciento de las regulaciones; en Transporte reposa el 8 por ciento; Justicia, 7 por ciento; Defensa y Trabajo, 4 por ciento; Educación con el 3 por ciento, y Planeación y Agricultura con 2.

Algunas normas exóticas

Aparte del costo a las empresas y el freno a su competitividad, para el Estado representan un alto costo. Por ello, Planeación nacional, en la misma línea de la depuración, empezó a evaluar cuál es el beneficio de la regulación frente a su costo.
Por lo pronto, lo que hay son normas candidatas a desaparecer. Es el caso de la más mencionada hasta ahora, que “prohíbe la importación de chinos para cualesquiera trabajo en el territorio colombiano”.

En algún anaquel reposa la ley de reglamentación y recaudación del impuesto para Lazaretos.

Y en términos de pensiones, en medio de la ‘bomba pensional’ por la falta de recursos públicos para cubrir la demanda de jubilados, una ley de 1912 dispone que “las viudas de los que hayan desempeñado la Presidencia de la República, y en su defecto las hijas solteras, o viudas de aquéllos, disfrutarán de una pensión de cien pesos oro por mes, siempre que no tengan una renta anual que alcance a esa suma”.

Otras normas, aún por viejas, hasta podrían ser útiles en un momento en el que el país intenta cambiar el modelo extractivista: La Ley 119 de 1919, establece que el Estado debe enviar anualmente a tres estudiantes al extranjero para prepararse en temas de silvicultura.

Desde 1948, un decreto autorizó a los municipios elevar hasta en 50 por ciento el avalúo de las propiedades raíces cuyo valor no haya sido revisado en los últimos cinco años. En la práctica, hay casos catastrales que no se revisan desde hace décadas.

Y que harían las redes sociales si se aplicara un decreto de 1955 que prohíbe publicar noticias, comentarios, caricaturas o fotos que, directa o indirectamente, impliquen falta de respeto para el Presidente de la República o el de una Nación amiga.

ECONOMÍA

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