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Con Telefónica la Nación comienza nueva tanda de privatizaciones

Sin Coltel, son algo más de $ 600.000 millones que representan pírricos rendimientos para el país.

Billetes de 100.000

El patrimonio total en las empresas escasamente supera el medio billón de pesos ($ 603.126 millones).

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Leonardo Muñoz / EFE

16 de abril 2018 , 02:53 p.m.

Pese a la lluvia de críticas que surgen cuando el Estado anuncia la privatización de propiedades, entre el 2018 y 2019, el Ministerio de Hacienda, a través de Cisa, la ‘inmobiliaria’ pública, aspira a comercializar las partes minoritarias que tiene en sociedades.

El argumento para estas ventas, que además, está respaldada por ley, es que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte.

Según las estadísticas de dicha dependencia, en el 2016 el Estado tenía acciones en 109 empresas y, cotejando las ventas hechas en 2017, hoy solo quedan 106, pues el año pasado fueron vendidas las acciones en Epsa, 0,35 % de participación estatal, Yara (1,75 %) y Sercofun (4 %).

En total, según análisis realizado por EL TIEMPO, las participaciones mayores del 10 %, que puede vender a través del derecho privado, se concentran en 27 de ellas y, si se quita a Coltel (Colombia Telecomunicaciones), la más valiosa, avaluada en 2,08 billones de pesos, el patrimonio total escasamente supera el medio billón de pesos ($ 603.126 millones).

La indicación, de acuerdo con lo expresado por el presidente de Cisa, Hernán Pardo Botero, es que se vendan las participaciones.

Precisamente, Cisa es el colector de activos del Estado, y su misión es administrar y comercializar los bienes públicos.

Esta entidad sería la encargada de vender al mejor postor las chichiguas, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018, y reglamentado el año pasado a través de un decreto (el 1778).Allí se indica que cuando las participaciones del Estado en sociedades no superen el 10 %, por eficiencia, se deberá salir de ellas.

Recavando los datos de la dirección de participaciones estatales de Minhacienda, se descubre que, del universo total (106), 40 encajan en esta norma y el valor reportado de la participación suma 157.423 millones.

“El socio minoritario está desprotegido. Por ello, la ley permite vender a través del derecho privado al socio mayoritario”, indicó Pardo.

Para el timonel de Cisa “es una gran problemática que tienen las entidades públicas cuando son dueñas de participaciones en sociedades privadas que no les representa nada porque es tan poco. En algunos casos no tienen ni asiento en las juntas directivas o consejos directivos, pero están ahí, generando costos”.

Además del porcentaje accionario mínimo, existen casos en los que el Estado está donde no debería. “¿Qué hace el Ministerio de Transporte con una participación de 2,1 % en la terminal de transporte de San Gil. Esto le acarrea desgaste, hay que hacerle seguimiento, ir a asambleas, pero ¿cuál es el retorno económico de esas inversiones?”, expresó Pardo. Es más, con algunas de esas propiedades, “Mintransporte entra en conflicto de intereses”.

Esto le acarrea desgaste, hay que hacerle seguimiento, ir a asambleas, pero ¿cuál es el retorno económico de esas inversiones?

En otros negocios, como en centrales de abastos, tampoco hay cabida para que esté allí el Estado. En los registros disponibles se observa una participación del Ministerio de Agricultura, de 48,25 % en Granabastos (Soledad-Atlántico); del 38,4 % en Centroabastos (Bogotá), y de 20,47 % en Corabastos de Bogotá. Entre las tres suman 55.326 millones.

“El propósito es ser mucho más eficiente. La tarea de registrar los bienes es liderada por el Ministerio de Hacienda, y Cisa se prepara para valorar las participaciones y venderlas”, agrega Pardo.

De esa manera, “el Estado dejaría a un lado la dispersión en una cantidad de actividades que no le reportan ningún retorno económico y se podrá concentrar así en lo misional”, expresa.

En este segundo trimestre, Cisa empezará por casa. “Sacaremos a la venta las participaciones que tiene Central de Inversiones, ahí sí no está el Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que en el reciente caso de Epsa estaban los dos como propietarios de acciones minoritarias, Cisa con 0,92 % y Minhacienda con 0,35 %”. Esas dos chichiguas representaron un ingreso de 83.000 millones de pesos.

El Estado dejaría a un lado la dispersión en una cantidad de actividades que no le reportan ningún retorno económico y se podrá concentrar así en lo misional

Algunas curiosidades

Dos de las participaciones más irrisorias que tiene el Estado cuestan solo 5 millones de pesos cada una. Se trata de un 0,03 % que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene en Telecafé. De igual manera, el Ministerio de Hacienda, entidad que maneja las grandes cifras del país, aún conserva acciones por 5 millones de pesos en Transelca (de transmisión eléctrica). La entidad pública que participa en más sociedades es el Ministerio de Transporte, con 33 de ellas, es decir, el 31,1 % del total. Pero de gota en gota suma 213.312 millones.El Ministerio de Hacienda mantiene 88.221 millones en Electricaribe (6,56 %).Muchos expertos se pregunta qué hace la Nación con 57 millones de pesos en la Hidroeléctrica Ituango (0,08 %).

Ventas inmediatas

Entre las propiedades minoritarias que se venderán prontamente están las de Cisa, en los puertos de Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, donde “ya tenemos la valoración y estamos haciendo la estructuración para iniciar la comercialización de las mismas”, expresó Pardo.

De igual manera, el colector de activos del Estado iniciará la venta de las participaciones de Mintransporte en los mismos puertos, además del de Barranquilla.

Asimismo está en camino la tarea de hacer la valoración y comercialización de las zonas francas, donde el Ministerio de Comercio tiene pequeñas participaciones.

“Ya hay un convenio suscrito. Es una negociación grande que puede superar el billón de pesos. Son las zonas francas de Cartagena, Barranquilla, Palma Seca y Buenaventura”, agregó el presidente de Cisa.

En la medida en que las entidades públicas vayan saliendo de esas participaciones estatales pequeñas vamos a generar ahorro, recursos, más eficiencia

¿Por qué el Estado tiene esas inversiones?

Según Pardo, por lo general, estas pequeñas propiedades del Estado no han sido adquiridas por voluntad, sino que han llegado producto de daciones de pago por obligaciones contraídas por firmas que tenían esas acciones.

“En la medida en que las entidades públicas vayan saliendo de esas participaciones estatales pequeñas vamos a generar ahorro, recursos, más eficiencia”, concluyó Pardo.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción EL TIEMPO
En Twitter: @marthamoralesm

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