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Lo que se necesita para que las mayorías puedan tener una pensión

Es urgente una transformación de este sistema altamente costoso y con muy baja cobertura.

Pensionados

Pensionarse debe ser sinónimo de bienestar, no de temor, como sucede actualmente en Colombia.

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Archivo EL TIEMPO

12 de febrero 2018 , 09:55 a.m.

La cifra de 38 billones de pesos en el 2017 para cubrir la pensión de 1,9 millones de colombianos, la mayoría de ellos con solo un salario mínimo, describe con claridad el exabrupto que hay en el sistema pensional del país, al que, hasta ahora, nadie se ha atrevido a meterle el diente.

Algunos analistas estiman que el costo político ha primado por encima del bienestar de los ciudadanos y de las finanzas públicas.

Ningún gobierno se decide a jugársela con una reforma pensional que recomponga el rumbo de las pensiones; y los legisladores tienen la disyuntiva de que ellos son parte del problema, pues sus pensiones altas son ampliamente subsidiadas con dineros públicos porque el esquema actual no permite que coticen lo suficiente antes de empezar a recibir los beneficios.

En consecuencia, el 74,2 por ciento del gasto público en subsidio a las pensiones se va para los estratos socioeconómicos 4 y 5, según cálculos de Planeación Nacional.
“Hay rubros de gasto público con impacto altamente regresivo sobre la distribución del ingreso, como es el caso del gasto en pensiones”, indicó la Comisión de expertos del Gasto Público.

Lo que viene es peor

A la desigualdad que generan las pensiones, porque este aseguramiento es un privilegio de pocos, se suma el riesgo social y fiscal por lo que viene.

Los jóvenes están accediendo al mercado laboral a los 25 años, en promedio, y no quieren ahorrar para su vejez, por consiguiente, se agotan las arcas para pagar la jubilación de los que vayan adquiriendo el derecho; la esperanza de vida aumentó desde que se hizo el último cálculo de la cotización necesaria y la edad para pensionarse. Por lo tanto, la plata que se ahorra no alcanza para los años que disfrutará el beneficiario.

“En la actualidad, de los 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones están aportando al sistema de seguridad pensional”, indicó el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. La presión fiscal del pasivo pensional (lo que se requiere para pagar las mesadas de los que hoy aportan) es, según Anif, uno de los huecos financieros más peligrosos. Así, si en la actualidad dicho pasivo es de 114 puntos del producto interno bruto (PIB), en el 2050, según este centro de pensamiento económico, será de 205,5 por ciento.

Si continuamos accediendo al mercado laboral a los 25 años y queremos jubilarnos a los 65 años, ¿va a aguantar algún país la presión de mantener 80 años a sus ciudadanos pensionistas? ¿Y si la esperanza de vida aumenta más?, advierte Anif.

De los 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones están aportando al sistema de seguridad pensional

Llegó la hora

“Nada más potente que una idea a la que le llega su momento”, dijo el presidente de Naturgás, Antonio Celia, durante su intervención en un foro sobre competitividad, al referirse a la hora de recomponer el gasto social para ir rumbo a unas finanzas eficientes y tomar el camino de la equidad.

Las pensiones estrambóticas y subsidios injustificados no ayudan a cerrar las brechas. En este caso son el clientelismo y los intereses mezquinos de unos pocos los que atentan contra un gasto social efectivo y progresista”.

Las finanzas públicas y la población que sufre las hondas desigualdades no aguantan más. Entre regímenes especiales que sobreviven y fraudes ocultos para extender el beneficio más allá de lo básico, son otros lastres que reclaman la reforma pensional.

De los 38 billones de pesos que se gastan al año en pensiones, cerca de 10 billones corresponden al sistema de reparto y el resto son: los sueldos de retiro del Ejército, que nunca ha contribuido”, indica Cecilia López, exfuncionaria pública.

Por todos esos baches en el esquema pensional, la Ocde ha alertado de que, de no corregirse la situación a tiempo, las nuevas generaciones afrontarán mayor desigualdad en la vejez en medio de un mundo pujante, sin fronteras.

La sugerencia de la Ocde es ‘tomar el toro por los cachos’, lo que implica no solo una reforma pensional, sino atacar flancos que amenazan el bienestar de la gente en la vejez. “Las medidas deben incluir proporcionar atención infantil y educación temprana de buena calidad, ayudar a los jóvenes desfavorecidos a incorporarse a la vida laboral y aumentar el gasto en salud para focalizarlo en grupos de bajo riesgo”.

No en vano, en Colombia se ha hablado ya de que “la mejor reforma pensional es la laboral”, lo que corrobora la Ocde al decir, por ejemplo que “la mala salud de una persona reduce 33 por ciento su ingreso a lo largo de la vida laboral si tiene un nivel educativo bajo. Cuando la educación es mayor, la reducción del ingreso es de solo 17 por ciento”. Conclusión: reforma pensional incluye atender las variables, que mejoran la calidad de vida de las personas.

Apartar la política para hacer lo justo

¿Sabía usted que más de una cuarta parte de los impuestos aportados por los colombianos al Gobierno Nacional se destina a pagar faltantes para el pago de las pensiones, porque lo que aportan, principalmente los beneficiarios de las pensiones altas, no alcanza para cubrir sus mesadas?

La reforma pensional es inminente y, sobre todo, “más que una reforma debe ser un verdadero sistema de protección a la vejez, sostenible y equitativo”. Esa es la visión de una reforma, según Antonio Celia, para lo cual se requiere algo que no es tan fácil de lograr: anteponer el bienestar general por encima del individual, que se impone a la hora de hacer las leyes.

Una vez dado ese paso, las medidas por adoptar sonarán dolorosas, porque no hay un solo analista que señale un camino distinto al de incrementar la edad de pensionarse y equiparar la situación entre hombres y mujeres, lo que llevaría a alinear la desigualdad de género que hoy existe, teniendo en cuenta que, la mujer, que, en promedio, tiene un sueldo más bajo que el hombre, pese a ofrecer una fuerza laboral igual, cotiza menos y, por consiguiente, extiende hasta su vejez el menor ingreso. Este es el reto más duro, puesto que requiere una decisión política muy poco popular.

Las tres tareas que ya no dan más plazo

1. Para ampliar la cobertura. Aunque impacta las tres tareas urgentes, hay que destacar que la formalización del mercado laboral y la generación de más trabajo formal constituyen mecanismos eficaces para incrementar las cotizaciones y la cobertura del Sistema General de Pensiones.

Así lo recomienda la Comisión del Gasto Público, que advierte que el aumento de la edad de jubilación debe hacerse de forma sistemática, cada cinco años, teniendo en cuenta los parámetros demográficos de Colombia, en donde cada vez mejora la expectativa de vida.

2. Reducir la desigualdad. Una de las paradojas en Colombia, según estableció la Comisión del Gasto Público, es que un 46 por ciento de la población, que no está en situación de pobreza pero tampoco alcanza a financiar una pensión mínima con sus cotizaciones, aporta al sistema para pagar las pensiones de las personas con ingresos más elevados.

De igual manera, al existir un régimen público y otro privado, los que cotizan en los fondos, aun con el mismo nivel laboral, terminan teniendo una tasa de reemplazo inferior a las del otro régimen que no tiene subsidios.

En este sentido, se barajan múltiples opciones que conllevarían reducir la desigualdad. Entre las que menciona la Comisión del Gasto público se destaca “la ampliación del programa Colombia Mayor, para la población vulnerable que no cumple con las condiciones de acceso al sistema pensional”.

Así mismo, los expertos proponen “revisión integral del esquema Beps (benefícios económicos periódicos), con el propósito de incrementar su eficacia”.

3. Sostenibilidad del sistema. Todo lo que se proponga en materia pensional para beneficio de los colombianos puede sonar bien, pero de nada sirve si no tiene una financiación sostenible que es la parte difícil.

Para esta, la comisión de expertos plantea, entre otras fórmulas, “utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se usan hoy”.

Esto, según la comisión, “reduciría los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o, incluso, con decrecimiento a lo largo de la vida laboral”.

Los expertos también hablaron de “aumentar los porcentajes de cotización a 18 por ciento” (actualmente es de 16 por ciento), al igual que “reducir el tope existente para pensiones del régimen de prima media, que se ubica en 25 salarios mínimos”.

Cirugía a largo plazo de Colpensiones

Así como hay una gran tarea urgente, la de reformar para conseguir recursos que fondeen el hueco en el pasivo pensional, también hay tareas que requieren más tiempo.

Una de ellas, que, por demás, está entre las más polémicas, es la que señala la necesidad de reformar o, incluso, eliminar el régimen de prima media. Anif y Asofondos, por ejemplo, son promotores de marchitar dicho régimen, como única salida tendiente a eliminar los subsidios. En tal caso, se necesitaría un nuevo régimen de transición para la población que ya tiene derecho adquirido, cuya expectativa de vida se amplía cada vez más.

Y la Comisión del Gasto Público estima que también sería pertinente meter en cintura a los regímenes especiales que aún quedan. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, uno de los más complejos de reformar, los especialistas advierten que “la asignación de retiro se obtiene sin consideración de la edad con tiempo de servicio, de 20 años en caso de retiro forzoso y de 25 años por retiro voluntario”. Es decir, “las cotizaciones equivalen a solo el 5 por ciento a cargo de los miembros de las Fuerzas Armadas, por cuanto el Gobierno no hace aportes diferentes a cubrir el faltante para el pago de las asignaciones de retiro, que se calculan con una tasa de reemplazo que oscila entre 50 y 95 por ciento sobre sueldo básico, más “haberes”. “Hay un margen importante para racionalizar estos beneficios especiales y para que las cotizaciones reflejen de manera más transparente los gastos futuros”, indicó la comisión.

La próxima entrega: ‘Reducir la informalidad’ y ‘Rejuvenecer el campo’

EL TIEMPO*
*Este informe especial ha sido preparado por Mauricio Galindo, Martha Morales, Ómar Ahumada, Juan Carlos Domínguez, Carlos Arturo García, Simón Granja, Sebastián Londoño y Rolando Lozano.

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