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Consultas previas volvieron inviable proyecto 4G de $ 1,6 billones

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, resume esta primera fase de reajuste en las vías 4G como un proceso en el que se reemplazaron socios débiles

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, resume esta primera fase de reajuste en las vías 4G como un proceso en el que se reemplazaron socios débiles

Foto:Jaime Moreno / EL TIEMPO

Más de 350 kilómetros de una vía 4G, en los departamentos de Cesar y La Guajira, quedaron en vilo.

Andrea Morante
En un reporte a la Superintendencia Financiera, Construcciones El Cóndor, único socio del proyecto de la iniciativa privada César-La Guajira, adjudicado el 30 de junio del 2015, informó que llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para liquidar el contrato de concesión, debido a que perdió buena parte del recaudo de peajes, lo que hizo inviable continuar la construcción y el mantenimiento.
La presidenta de la compañía, Luz María Correa, reveló que en el proceso no hubo ningún pleito o discusión alguna con la ANI.
“Uno de nuestros peajes estaba habilitado, pero quedó frenado por cuenta de un proceso de consultas previas, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, y que las comunidades frenaron”, indicó la directiva.
Construcciones El Cóndor explicó que la causa fue “la materialización del riesgo de menor recaudo de peaje por la imposibilidad de operar la estación de peaje de Río Seco”.
Por ello, es insuficiente la compensación de riesgo, toda vez que la empresa deja de recibir los recursos para la construcción y mantenimiento de dicha vía, cuyo valor total del contrato asciende a 1,65 billones de pesos del 2015, y cuyas obras esperaban terminarse el 23 de julio del 2019.
“Si bien no tenemos ninguna pelea con el Gobierno Nacional, ni departamental, ni con nadie, sí es desafortunada e inesperada la conclusión de esta concesión. No esperábamos esto y nos parece lamentable. Incluso, aun cuando ya había tenido un primer recorte en el contrato en La Guajira, debido a que allí tampoco se permitió –en su momento– la instalación de uno de estos puestos”, añadió la directiva.
Actualmente, según Correa, la ANI está evaluando y sigue buscando cuál será la fórmula de liquidación de las inversiones. “Estamos en ese proceso de encontrar el desenlace del contrato”, agregó.
Paralelamente, el Gobierno evalúa las posibles salidas al asunto, y tanto la ANI como los mandatarios guajiros ven la posibilidad de que se vuelva a estructurar otra APP, pero que sería de iniciativa pública.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Andrea Morante
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