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El camino que llevó a devolver obra de carretera de $ 1,65 billones

Gremios dicen que politiquería y normas poco claras sobre consultas impidieron construcción de vía.

Vía 4G, en los departamentos de Cesar y La Guajira

Cuando el proyecto ya avanzaba, algunas comunidades reclamaron, mediante acción de tutela, nuevas consultas previas en las áreas de influencia del proyecto.

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

11 de septiembre 2017 , 08:54 p.m.

¿Cómo es que un negocio de 1,65 billones de pesos es propuesto por un contratista, recibe la bendición del Gobierno y, acto seguido, lo devuelve?

Eso fue lo que pasó con la vía entre los departamentos de Cesar y La Guajira –350 kilómetros de una concesión de cuarta generación (4G)– que propuso hacer Construcciones El Cóndor, y luego, dos años después, está en proceso de reversarle al Gobierno, sin que este, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hiciera reparo alguno.

Así, se convirtió en la primera 4G que queda en el aire tras su adjudicación.
Luego de que El Cóndor planteó la iniciativa, el 19 de mayo del 2015, la ANI adjudicó el contrato, con la finalidad de la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento y reversión del sistema vial para la conexión de los departamentos del Cesar y La Guajira.

Para junio de ese año, ya habían constituido, ante la Cámara de Comercio de Valledupar, la sociedad Concesión Cesar-Guajira, con El Cóndor como único accionista. Esta se creó con el único objeto social de suscribir y ejecutar el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público-privada (APP).

Cuando el proyecto ya avanzaba, de acuerdo con lo acordado entre la empresa y el Estado, algunas comunidades reclamaron, mediante acción de tutela, nuevas consultas previas en las áreas de influencia del proyecto, relacionadas con el peaje de Río Seco.

La empresa asegura que el freno en el peaje, por parte del alto tribunal, les hizo imposible obtener los recursos para la construcción de la vía

Sin embargo, la estocada final al proyecto fue cuando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia suspendió las resoluciones del Ministerio de Transporte 1919 del 2015 y 2016 del 2016 y los demás actos administrativos para la implementación del peaje hasta que el Ministerio del Interior adelantara la consulta previa con la comunidad que interpuso la tutela.

“Es –dice la presidenta de El Cóndor, Luz María Correa Vargas– la primera vez que a nuestra empresa que se le presenta una situación de estas. Inclusive, las gobernaciones de Cesar y La Guajira hicieron los trámites de socialización del proyecto, pero las minorías lograron su objetivo en la Corte”.

Además, señala que es una empresa con 38 años de experiencia en proyectos de infraestructura y que en el 2016 se ubicó en el puesto 6 del escalafón de mayores ingresos dentro de sector de obras civiles nacionales.

De acuerdo con la directiva, las consultas se llevaron a cabo, pero la duración fue mayor a lo esperado, con lo cual se incumplió la cláusula del contrato que dice que si se extendían más de 90 días, ello se constituía como motivo suficiente para liquidarlo.

Aunque no se atrevió a mencionar si hubo saboteo político que los llevara a acogerse a la cláusula de rescisión, la presidenta de El Cóndor afirma que la exgobernadora Oneida Pinto se opuso al proyecto.Sin embargo, no descarta que haya habido intereses particulares sobre las comunidades que ganaron la tutela en la Corte.

Misión imposible

La empresa asegura que el freno en el peaje, por parte del alto tribunal, les hizo imposible obtener los recursos para la construcción de la vía, ya que se trata de una iniciativa privada, es decir, las ganancias son a través del recaudo por el paso.

Y en consecuencia, el 18 de agosto, El Cóndor y la ANI acordaron la liquidación mutua del contrato de concesión.

La empresa ya le notificó a la Superintendencia Financiera la acción, con lo cual comenzó el proceso de reversión de la vía al Estado, para que este la opere provisionalmente, mientras se logra estructurar una nueva APP, que esta vez sería de iniciativa pública y con aportes de las gobernaciones de La Guajira y Cesar.

La presidenta de El Cóndor añade que los proyectos sociales y de empleo en la región se afectan sustancialmente porque inclusive la minoría que demandó ya tenía tarifas preferenciales. La directiva pide además que en la reglamentación de las consultas haya claridad sobre la afectación específica y se fijen plazos a las oposiciones legales, sin que se afecten o paralicen los proyectos.

7 intentos para ley de consultas

El gremio de la infraestructura sostiene que los intereses de políticos están frenando obras en el país.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, afirmó a EL TIEMPO que la terminación del contrato Cesar-La Guajira es un campanazo que pone de presente, una vez más, la urgencia de la ley de consultas previas. “Allí, las comunidades étnicas plantearon obstáculos al proyecto y oposición a los peajes”, aseveró.

Según el directivo, les ha sorprendido la parsimonia y las vacilaciones del Ministerio del Interior en torno a la urgencia del proyecto de ley estatutaria sobre la materia.

“Basta con decirle que en los últimos 3 años ha sometido a la discusión pública 7 versiones distintas de ley estatutaria. Y nos reafirmamos en la convicción de que la ley de consultas previas para reglar la materia conviene al país, pero también a las comunidades de verdad”, afirmó.

Según Caicedo, los intereses legítimos de las comunidades han sido manipulados por la politiquería y abogados inescrupulosos. “Incluso por mafias de la corrupción que chantajean al Estado, presionando la suspensión de las obras”, aseveró.

El directivo añadió que el Mininterior está redactando una carta que no incluye todos los aspectos que el sector empresarial estima como fundamentales y graves en este caso.

Al margen de esta opinión de la CCI, el 18 de agosto pasado la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) le entregó al presidente Juan Manuel Santos un libro, en el que pide celeridad en lo referente a consultas previas con las comunidades étnicas además de reglas claras y políticas sectoriales. El gremio considera que es una de las formas de inseguridad jurídica.

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