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Más de 38.000 campesinos retornaron a sus tierras a cultivar

La Unidad de Restitución de Tierras ya ha devuelto 300.000 hectáreas a los campesinos del país.

Restitución de tierras en Morroa

El predio de Orlando Ruiz se ubica en el corregimiento de Pertenencia en el municipio de Morroa.

Foto:

Cortesía Unidad de Restitución de Tierras

03 de julio 2018 , 01:00 a.m.

En la década de los 90, Silver Polo vivía en la finca de su familia, ubicada en la vereda La Secreta, en Ciénaga, Magdalena. En una cosecha, este campesino recogía desde 200 hasta 300 sacos de café. En esta tierra, donde además nació Silver, también cultivaba plátano, aguacate, yuca, mango y otros productos. Según cuenta, “eran tierras muy buenas, tierras bendecidas”. Una noche, en 1998, el Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegó a este sector. Asesinaron a 12 personas y desplazaron familias enteras, entre ellas la de Silver. Hoy, 20 años después, este es uno de los 100.492 predios recuperados por la Ley 1448 de Restitución de Tierras en Colombia, creada en 2011.

Actualmente, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha devuelto a los campesinos unas 300.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 38.307 personas.

La puesta en marcha de la ley tuvo varios retos: crear una jurisprudencia especial de restitución, garantizar la seguridad de los denunciantes, actualizar la información del catastro rural y respaldar la productividad del suelo a quienes retornaban a sus tierras.

“En el país no había jurisprudencia de cómo hacer la restitución”, cuenta Ricardo Sabogal, director de la URT. Antes de la ley, estos procesos eran resueltos por la justicia ordinaria, lo que podía demorar hasta 20 años. Hoy, de acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, “con la política de restitución de tierras se redujo el proceso de 15 años a un periodo entre 8 y 12 meses.
Ya no son los jefes paramilitares o guerrilleros los que definen la propiedad en Colombia, hoy son jueces de la república, y todas las semanas estamos yendo a las regiones a entregarles las tierras a sus legítimos dueños”, aseguró el ministro.

Sumado a esto, la información catastral en zonas como Meta, Caquetá, Guaviare y Urabá estaba desactualizada o no existía. En sectores del Magdalena, Córdoba y Cesar, los registros habían sido alterados, por lo que la unidad creó la primera base de datos de tierras despojadas del país, con apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y la Superintendencia de Notariado y Registro.

En otro de los retos, el Gobierno Nacional adelantó una estrategia de seguridad para reclamantes y familias restituidas. Así, la Policía dispuso de un equipo dedicado acompañar los procesos restitutivos.

Igualmente, la estrategia ha contado con el apoyo del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Y, ante las amenazas a un líder, la Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado a proteger reclamantes de tierra.

“Toda esa estrategia ha provocado que, a la fecha, ninguna familia que haya retornado a un predio restituido haya vuelto a salir de su tierra por temas de violencia”, resalta Sabogal.

De otro lado, los proyectos productivos han garantizado que las familias que vuelvan a sus tierras puedan cultivar nuevamente en ellas. Incluso hay campesinos en sectores de Nariño y Magdalena que ya están exportando sus productos.

Este programa consiste en caracterizar la familia y la vocación de la tierra; a partir de allí se entrega un capital semilla, que puede ir hasta los 30 millones de pesos, y se contrata una empresa de asistencia técnica que acompañe a la familia.

En el caso de Silver, su parcela de nueve hectáreas ha servido para cultivar café orgánico que se comercializa a través de la cooperativa Agrosec. “En 2013, cuando volvimos, tuvimos que empezar de cero. De lo que dejamos ya no había nada, solo rastrojos. Con el apoyo del gobierno pudimos renovar los cafetales”, cuenta Silver.

‘Retornar y no saber qué encontrar’: Orlando Ruiz

“El 20 de agosto de 1991 asesinaron a mi padre; 22 años después me estaban devolviendo, en esa misma fecha, el predio por el que él tanto se esmeró”, recuerda Orlando Ruiz, un campesino oriundo del municipio de Morroa, en Sucre.

El papá de Orlando, al igual que 27 familias más, vivían en Pertenencia, Morroa. Allí, cada grupo familiar tenía entre dos y tres hectáreas, las cuales organizaban en zonas para cultivo y ganadería. Parte de los recursos que obtenían entraban a la tesorería de una pequeña asociación y así ayudaban a mantener la finca.

A pesar de que habían asesinado a su padre, Orlado se mantuvo en su tierra hasta que en agosto del 2002, alias Vladimir, comandante del frente 37 de la Farc, lo citó para notificarle que debía colaborar con el grupo armado: “Siete de mis familiares fueron asesinados, así que empezaron a utilizarme para llevar encomiendas”, agregó.

Tres semanas pasaron en las que tuvo que someterse al grupo armado. El 31 de diciembre de ese año supo que no soportaría más la situación. “Vendí un cerdo para conseguir plata para el alquiler de un carro y empaqué lo que cupo en el vehículo. A las 11 de la mañana me fui”, comentó. Migró al casco urbano de los Palmitos junto a Miriam Mercado, su esposa, y sus ocho hijos.

En el 2012 se enteró del programa de Restitución de Tierras, pero al principio dudó: “Retornar y no saber qué encontrar”. Sin embargo, la escasez en Los Palmitos y enterrar su pasado le dieron fuerzas y se arriesgó. “Empecé a llevar los papeles y luego iniciaron las declaraciones ante un juez. A mediados de junio del 2013, el fallo salió a mi favor”, recordó.

Hoy, Orlando vive en una casa de bahareque que el mismo construyó, otra vez en su lote, el que una vez fue de su padre; es el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Cambimba y lidera proyectos productivos con miembros de la comunidad. “Soy el representante legal dentro de la organización; me encargo de que las ideas salgan bien, como la construcción de los cuatro jagüeyes –pozos para recolección de agua– que se utilizarán para el riego del cultivo”, enfatizó.

De otro lado, las mujeres de la asociación tienen una hectárea de cultivo de maracuyá. Llegaron 870 plantas de cacao y 200 árboles maderables. Esta tierra recobró su fertilidad; se cultiva yuca, ñame, maíz, berenjena dulce, pepino y habichuela.

De la mano con la renovación del campo llegaron las capacitaciones que dan expertos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). “Nos han enseñado a sembrar para los tiempos que no hay cosecha y así tener una mejor producción”, comentó.

Recuperar la paz es la recompensa más grande para Orlando. Retomar los pasos de su padre es ahora su objetivo. “Sentí nostalgia al llegar de nuevo a la finca, de pensar en mi padre, en su vocación por ayudar a las personas, caminar de nuevo por la vereda donde jugué con mis hermanos; sigue siendo una sensación abrumadora”, afirmó.

LAURA CAROLINA PAVA GARCÍA Y MARÍA FERNANDA ORJUELA ALBARRACÍN
Redacción EL TIEMPO
En Twitter: @mafelona y @LauraCaroPG

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