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Asomóvil pide más inversión en sector de telecomunicaciones

La presidenta, Nancy Patricia Gutiérrez, señala inversión privada en el sector en los últimos años.

Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil

Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil.

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

24 de septiembre 2017 , 11:00 p.m.

La Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) pidió al Gobierno tomar medidas de choque para reactivar la industria de telecomunicaciones, pues van siete trimestres consecutivos con crecimientos negativos (el segundo trimestre del 2017 fue de -0.5 por ciento mientras que el primer trimestre fue de -1.2 por ciento).

La entidad asegura que hay que invertir en infraestructura social que ayude a impulsar el sector. Según Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) tiene cerca de un billón de pesos congelados por el Ministerio de Hacienda y hay otro billón de la monetización de lo que se pagó por el laudo arbitral de Claro y Telefónica (por reversión de activos). “Son dos billones a disposición del Ministerio y la industria solicita que se haga inversión en el subsector de infraestructura social”.

Añadió que “puede ser, por ejemplo, a través de subsidios para que los usuarios usen internet porque una de las causas por las que no se utiliza es por falta de capacidad de pago de la gente”. En las zonas rurales solo el 26 por ciento de los hogares tiene acceso y de estos solo el 58 por ciento tiene conexión fija, según la Gran Encuesta TIC en Hogares realizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Además, Gutiérrez señaló que es necesario que haya una institucionalidad que permita hacer más eficiente el gasto del sector. Por otro lado, recordó que en seis años el sector de las telecomunicaciones ha generado el 25 por ciento de la inversión total del país, con más de 10.000 millones de dólares.

“La mayor inversión privada del país ha sido el sector de telecomunicaciones. Las empresas no están pidiendo que les den plata, sino que inviertan la que la industria ha pagado”, agregó.

Vale recordar que el pasado 30 de agosto, el Ministerio de Hacienda informó que los 4,7 billones de pesos que Claro y Telefónica pagaron al Estado por concepto de reversión de activos se usarán para reducir las necesidades de financiamiento externo de la Nación el próximo año. El dinero, que una parte suma 980 millones de dólares, será enviado a un fondo en el exterior destinado a reforzar el prefinanciamiento de la Nación y se usará para cubrir el Presupuesto General del 2018. En Colombia se depositarán 1,39 millones de dólares.

Claro y Telefónica cumplieron con el plazo estipulado por un tribunal de arbitramento para pagar el fallo, equivalente a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver al Estado las compañías por los contratos suscritos y, en su momento prorrogados, para la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Se espera venta de antenas telefónicas de Tigo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo que recibió una operación de concentración empresarial que consiste en la venta de 1.207 torres de telefonía metálicas de Tigo-UNE a la subsidiaria local de American Tower, un operador de infraestructura de comunicaciones inalámbricas y radiodifusión (ATC), con sede en Estados Unidos. El acuerdo, que se dio a conocer por las dos empresas en julio pasado, contempla una transacción de 147 millones de dólares (448.000 millones de pesos), dinero que se pagará en efectivo.

“Con fundamento en la información aportada por los intervinientes, el mercado relevante definido para la operación proyectada corresponde al servicio de provisión de infraestructura para comunicaciones en el territorio nacional”, afirmó la SIC en un comunicado.

La entidad informó que Tigo-UNE y American Tower tienen un plazo de diez días para suministrar la información necesaria que permita realizar un análisis de la operación proyectada. Además, la SIC dijo que se otorgará un plazo de 15 días para que terceros acrediten un interés por el acuerdo en cuestión.

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