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Tribunal sobre Electricaribe será de última instancia

La radicación del documento es la primera parte del pleito, cuya demanda se presentaría en agosto.

Electricaribe

Según Gas Natural Fenosa (GNF), la radicación del documento, de 15 páginas, es la primera parte de un extenso pleito, cuya demanda formal podrá ser presentada aproximadamente en agosto.

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Yomaira Grandett / EL TIEMPO

22 de marzo 2017 , 09:33 p.m.

Por ser más ágil, de un alto nivel ejecutivo, pero, principalmente, por ser la última instancia cuyas decisiones están obligadas a acatar las partes, el grupo español Gas Natural Fenosa decidió iniciar el procedimiento arbitral contra Colombia, tras la decisión de liquidar Electricaribe, ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).

Según Gas Natural Fenosa (GNF), la radicación del documento, de 15 páginas, es la primera parte de un extenso pleito, cuya demanda formal podrá ser presentada aproximadamente en agosto.

(Le puede interesar: Las cinco razones de Gas Natural Fenosa para demandar a Colombia)

Previo a esto y tras notificar en dicho documento que la etapa de arreglo directo finalizó sin acuerdo, el primer paso del proceso, cuya valoración preliminar está en 1.000 millones de dólares, es el nombramiento de un árbitro por cada parte, el cual no puede tener la misma nacionalidad. Luego entre las partes se ponen de acuerdo para nombrar un tercer árbitro, pero normalmente este lo termina definiendo la Uncitral.

Después, las partes se notifican del inicio del pleito y hay un plazo de tres meses para presentar la demanda formal. GNF, que busca que le devuelvan la empresa para seguirla operando o que la indemnicen, insiste en que el Estado colombiano consintió el fraude y que sí hubo expropiación porque desde la intervención, en noviembre, se le bloqueó cualquier acceso a Electricaribe y a su información, y sus directivos fueron expulsados por el Gobierno.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, dijo que no es una expropiación ni una nacionalización porque el Estado debe garantizar un servicio esencial, y que el país se viene preparando desde hace ocho meses para esto. “Hemos adelantado un trabajo para tener una defensa contundente”, explicó al revelar que el Gobierno eligió a la firma estadounidense Sidley Austin, que ha tenido a su cargo diferentes controversias internacionales.

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