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Telefónica ingresó al grupo de los que demandan al Estado

Va tras los $ 1,08 billones que pagó del laudo por la reversión de activos.

Empresa Telefónica

La multinacional española tomó la misma decisión que su competidor Claro.

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Juan Medina / Reuters

24 de febrero 2018 , 10:00 p.m.

Por estos días, las relaciones del país con los inversionistas españoles que tienen actividad en territorio colombiano no pasan por su mejor momento, a juzgar por las decisiones tomadas esta semana y en los últimos meses de emprender millonarias demandas contra el Estado colombiano, por las medidas adoptadas por diferentes entidades.

El caso más reciente es el de la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica, que informó esta semana que interpuso el jueves una demanda contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial.

La decisión, que era esperada hace varios meses, se dio por el millonario laudo arbitral que obligó a Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que opera bajo la marca Movistar, a pagar 1,6 billones de pesos por concepto de reversión de activos.

De esta suma, Telefónica debió asumir 1,08 billones de pesos, toda vez que controla el 67,5 por ciento de Coltel, mientras que el 32,5 por ciento es del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Dicho valor, más las arandelas de intereses y gastos del proceso, es lo que entró a reclamar la firma española ante el Ciadi, a través de la firma de abogados White & Case.

El proceso llega un año después de que la también española Gas Natural Fenosa anunciara la decisión de acudir a un proceso arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de iniciar la liquidación de la distribuidora de energía Electricaribe.

La demanda es por 1.000 millones de dólares, unos 2,8 billones de pesos aproximadamente, y según se pudo establecer, la compañía ibérica ya radicó el documento previo de sustentación ante la Uncitral y los tres árbitros del proceso ya fueron elegidos.

Crece la cuantía

A finales del año pasado, el también operador de telefonía móvil Claro, controlado por la firma América Móvil, prensó una demanda ante el Ciadi, buscando el retorno de los 3,1 billones de pesos que debió pagar por el laudo arbitral de la reversión de activos, acción que estuvo precedida por la intención de someter una reclamación a arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (TLC México-Colombia).

Dicho arbitraje versaba sobre la pretendida reversión de ciertos activos para la prestación del servicio móvil que opera Comcel, razón social de Claro, la cual no pudo avanzar porque no se tenía claro el monto del laudo.

Estas demandas, que son las más recientes, se suman a los procesos sometidos ante el Ciadi por Glencore, que controla la minera Prodeco y la tercera parte de Cerrejón, ambas productoras de carbón térmico; y la de la minera Eco Oro. La primera demandó al país por una multa de 60.000 millones de pesos que la Contraloría le impuso a Prodeco por una modificación en el cálculo de las regalías y que no estaba justificada. La demanda podría sumar 400 millones de dólares, mientras que Eco Oro reclama 300 millones de dólares por perjuicios derivados de la prohibición de la minería en zonas de páramo donde tenía títulos de exploración.

Y aunque no se conocen mayores avances del proceso, el mayor monto de las aspiraciones lo tienen las firmas Tobie Mining y Cosigo Resources (la primera es accionista de la segunda), que en el 2016 notificaron la demanda y la solicitud de constitución de tribunal arbitral conforme al reglamento de arbitraje de la Uncitral, de las Naciones Unidas. Aspiran a que se les reconozcan 16.000 millones de dólares por la declaratoria del parque natural Yaigojé Apaporis, en el Vaupés, dos días después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) adjudicara el título minero a Cosigo.

Se trata de la concesión Taraira Sur, ubicada en el departamento de Vichada, donde se encuentra un yacimiento de oro que tendría unos dos millones de onzas. Adicionalmente, desde diciembre del 2016 la farmacéutica suiza Novartis anunció el inicio de una demanda ante el Consejo de Estado contra la declaratoria de interés público del medicamento imatinib, para la leucemia, por parte del Ministerio de Salud.

Tres casos colombianos llegaron al Ciadi los últimos dos años

Los últimos dos años han sido particularmente movidos para el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Según las estadísticas de esta entidad, mientras en el 2015 no hubo ningún registro de solicitudes de arbitraje y las dos que llegaron de América del Sur provinieron de Argentina y Perú, en el 2016 Colombia sí aportó a la cuota con un caso de los cinco que llegaron, de los cuales los otros fueron de Argentina (2), Uruguay y Venezuela.

Y en el 2017 fueron dos los nuevos casos registrados ante el organismo que involucran a Colombia, en un año más activo en esta materia para la región, toda vez que de América del Sur se registraron 10 solicitudes de arbitraje, siendo Venezuela y Perú los países de mayor número, con tres registros cada uno. En los años precedentes, es decir en el 2014 y en el 2013, el país no apareció en estos registros de solicitudes arbitrales.

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