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Inassa, primera empresa sancionada por soborno transnacional

La filial de la española Canal de Isabel II deberá pagar $ 5.078 millones. Dijo que apelará.

Ordenan liquidación de siete firmas de libranzas

La Superintendencia de Sociedades realizó la investigación en conjunto con la Procuraduría General de la Nación.

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Archivo / EL TIEMPO

09 de julio 2018 , 10:42 p.m.

Tras la decisión de la Superintendencia de Sociedades, que reveló este martes un caso de corrupción que involucra a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) y a funcionarios de Ecuador para obtener beneficios en ese país en el 2016, la compañía, que operaba en Colombia a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Barranquilla dijo que apelará.

"La decisión se dio luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades declarara que Inassa había incurrido en la conducta de Soborno Transnacional contemplada en la Ley 1778", señaló la entidad.​

Por este motivo, la Supersociedades multó a la firma con $5.078 millones, que deberá pagar dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Sin embargo, frente a esta decisión procede el recurso de reposición, que deberá presentarse en los próximos 10 días.

La decisión se tomó luego de que la delegatura de asuntos económicos y contables de la entidad declarara que Inassa había incurrido en la conducta de soborno transnacional contemplada en la Ley 1778, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.

Inssa dijo que apelará la multa, por lo que "interpondrá el recurso de reposición (...) pues el comportamiento fuera de la ley se adelantó por individuos desleales y no por la empresa misma, tal y como se le manifestó a la Superintendencia de Sociedades".

Las normas dan aval a la Supersociedades para sancionar este delito

Según explicó el organismo, sus facultades sancionatorias en materia de soborno transnacional se ejercen cuando cualquier persona jurídica, por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, entregue, ofrezca o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que  realice, omita o retarde un acto relacionado con funciones.

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