Empresas

La pequeña fábrica que hizo temblar la lucha climática

Un error convirtió a una factoría de Francia en la empresa que más CO2 emite de la UE.

11 de abril 2017 , 03:30 a.m.

Las alarmas saltaron el pasado lunes a las 12, cuando Bruselas difundió el registro de los gases de efecto invernadero expulsados en 2016 por las más de 12.000 instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisiones de Europa (ETS).

La previsión era que las emisiones caerían entre 2 y 4 por ciento. Pero el reporte mostraba que habían aumentado, tras cinco años consecutivos de descensos.

Al repasar el registro, la culpable era una minúscula fábrica de fertilizantes del sur de Francia. Una factoría del grupo noruego Yara, en Ambès, Francia, con 90 empleados.
Según el registro, emitió casi 53 millones de toneladas de CO2 equivalente. Las 15 centrales españolas de carbón expulsaron, juntas, 52 millones de toneladas en 2015. Según el reporte, fue la instalación de toda la UE con más emisiones en 2016, por encima de la megacentral de carbón polaca de Elektrownia Belchatów, con 35 millones de toneladas.

Evidentemente, había un error. “En el registro de emisión de Yara Ambès hubo una confusión entre toneladas y kilogramos”, explica la compañía a través de un correo electrónico. En realidad, lo emitido fueron 54.597 toneladas. De haber sido cierta la primera cifra, la fábrica tendría que haber pagado 260 millones de euros. La ruina. Y la realidad es que la fábrica no tendrá que pagar nada porque ha emitido menos CO2 del asignado.

“No recuerdo un error así de grande”, dice Marc Falguera, responsable de Vertis, compañía especializada en mercados de carbono.

Un aumento de las emisiones suponía que habría menos derechos disponibles en el mercado.

Sobreoferta

El régimen de comercio de emisiones de Europa es el más grande y antiguo del mundo. Nació en 2005 con el objetivo de que, al ponerle un precio al CO2 que se expulsa, las empresas se descarbonizarían. El problema es que ese mercado está sobreofertado: hay circulando muchos más derechos de emisiones de los que se demandan y, por tanto, el precio de la tonelada está por los suelos, entre cuatro y cinco euros, cuando debería rondar los 25 euros para ser desincentivador.

MANUEL PLANELLES
Ediciones EL PAÍS, SL 2017

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