Empresas

Fenosa y Argos, dos compañías sancionadas que se enfrentan al Estado

GNF (Electricaribe) llevará a tribunal internacional supuesta táctica de presión de la Contraloría.

Reunión entre Gas Natural Fenosa y Gobierno

En Gas Natural creen que es parte de “una táctica de presión y hostigamiento contraria al respeto y garantías que debe ofrecer el Estado colombiano a todo inversionista”.

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Luis Lizarazo / EL TIEMPO

20 de diciembre 2017 , 08:38 p.m.

Las compañías Cementos Argos y Gas Natural Fenosa, en problemas con el Estado colombiano, decidieron pasar a la ofensiva en sus respectivos líos.
Mientras la primera impugnó el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con el que la sanciona por cartelización de precios, la española Fenosa indicó que llevará ante un tribunal internacional las pruebas de la táctica de presión y hostigamiento que le adelanta la Contraloría General de la República (CGR).

Los accionistas mayoritarios de Electricaribe, firma intervenida a mediados de noviembre del 2016 y cuya liquidación se encuentra en 'stand by', rechazaron las acusaciones de la CGR, en el sentido de que la distribuidora habría utilizado los recursos (unos 217.000 millones de pesos) que por seis años le giró el Fondo de Energía Social (Foes) del Ministerio de Minas y Energía para subsidiar a la población más pobre de 183 municipios de la región Atlántica del país, para enjugar las pérdidas de la compañía.

Algo que Gas Natural Fenosa rechaza de forma tajante al señalar que la totalidad de esos dineros se aplicaron de forma rigurosa, conforme lo manda la ley, antes e incluso después de la intervención de Electricaribe, de lo cual hay constancia en los informes enviados a las autoridades competentes, insisten los españoles.

No es la primera vez que la CGR advierte de ese supuesto desvío de recursos. Ya lo había hecho a mediados de julio del 2017 en iguales términos. Por este hecho, en Gas Natural creen que es parte de “una táctica de presión y hostigamiento contraria al respeto y garantías que debe ofrecer el Estado colombiano a todo inversionista”, por lo cual están dispuestos a ponerla en conocimiento del tribunal internacional iniciado por la compañía contra el Estado colombiano “por la ilegítima expropiación de su inversión en Electricaribe”.

Ejerceremos todas las acciones legales para demostrar nuestro buen actuar

Impugnación de Argos

Por su parte, las directivas de la cementera Argos, conocido el fallo de la SIC con el que le aplicó una sanción de 73.771 millones de pesos por su supuesta cartelización de precios, junto con otras dos compañías (Holcim y Cemex), impugnaron dicha medida, y anunciaron estar dispuestas a llegar hasta las últimas instancias para demostrar que nunca hicieron parte de esas maniobras.

“En nuestro recurso queda ampliamente demostrado que no se presentó ninguna relación de colaboración con competidores y que, por el contrario, la compañía compitió de forma independiente y autónoma a través de una propuesta de valor diferenciada y valorada por nuestros clientes. En el curso de la investigación que se adelanta desde 2013, Argos aportó todas las pruebas que demuestran que no incurrió en paralelismo consciente de precios”, precisaron las directivas de la cementera.

En el recurso de reposición presentado el martes de esta semana le insisten a la autoridad de vigilancia y control escuchar sus argumentos para demostrar que nunca formaron parte de ninguna maniobra tendiente a manipular los precios del cemento que se comercializa en el país.

“Tal como hemos informado, considerando nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia y el papel del sector privado como motor de bienestar, ejerceremos todas las acciones legales para demostrar nuestro buen actuar y el de quienes han liderado la organización, confiando en la objetividad, la responsabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones del país”, señalan.

En entrevista concedida a EL TIEMPO y publicada en su edición del domingo, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, dijo que al anunciar que irían hasta las últimas instancias judiciales no eran desafiantes, por el contrario, “somos respetuosos de la ley y las instituciones, pero, al tiempo, estamos indignados por la injusticia de esta decisión. En el proceso demostramos con hechos y datos nuestro comportamiento, aclaramos cada señalamiento, explicamos por qué no hubo paralelismo, porque Argos tiene una estrategia diferenciada y procompetitiva. Pero la Superintendencia no consideró ningún argumento y procedió a sancionar”, precisó.

ECONOMÍA

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